«Nací por gestación subrogada y pagaron por mí un cheque muy alto»

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Tuvo una infancia y una adolescencia atravesadas por las mentiras familiares y percibiendo que le faltaba algo. Sufría un profundo abandono y sentimiento de desarraigo. Se reconoce víctima de una práctica infame y poco ética, promulga. Maurel se ha convertido en los últimos meses en portavoz de la llamada Declaración de Casablanca, que desde su constitución el 3 de marzo de 2023 pide la abolición mundial de esta práctica completamente legal en numerosos países con las potencias de Estados Unidos y Canadá a la cabeza.

Olivia se define hija de un vientre de alquiler y es una de las pocas personas en el mundo que es capaz de hablar sobre lo que se siente desde las vísceras. «Conozco a mucha gente como yo, que nació por maternidad subrogada, y que siguen teniendo miedo a hablar por el conflicto de lealtad que eso generaría con sus padres comisionantes. Tienes la sensación de que les vas a traicionar, tienes miedo de perder a los padres que te encargaron por segunda vez. Lo sentido y lo sé bien porque cuando hablé, se rompió la relación con mis padres. Se sintieron muy dolidos. Los he perdido, pero ahora tengo incluso más apoyo que antes».

Sus progenitores franceses no le comentaron hasta los 17 años de dónde venía. En realidad, fue su padre biológico el que, acorralado por la prueba de ADN que ella había conseguido, lo confesó. Ella sabía que algo no iba bien. Tenía problemas psicológicos, sentía el vacío (carecía de fotos en álbumes donde su madre estuviese embarazada; o por la diferencia física con ella), y lo «llenaba con alcohol y marihuana» y tuvo depresión y una tentativa de suicidio.

La joven tiene 32 años, está casada y tiene una familia numerosa de tres hijos. Esta «red de apoyo sólido» le dio la oportunidad hace un par de años de sentirse cómoda para comenzar a contar cuál era su experiencia. Su padre biológico –en la llamada maternidad subrogada tradicional el esperma del hombre fecunda el óvulo de la mujer portadora– acabó por contarle que su madre comisionante –la terminología es variada– tenía 49 años y no podía tener hijos. Para Olivia, en un ejercicio de egoísmo, pagaron «una cantidad muy alta» por cambiarle «por un cheque».

¿Cuál fue esa cantidad?

La sé aproximada, no sé exactamente cuánto, nunca me lo han dicho.

Es el único fleco en su conversación.

Desde que supo de dónde venían sus problemas se envalentonó y comenzó a abanderar una corriente cívica para que la subrogación tenga en cuenta el prisma del niño que está dentro de ese «útero rentado». «Es una forma de esclavitud moderna y hay que abolirla», dice. En un momento algo más reposado de la charla, considera que «siempre hay otras opciones» para parejas homosexuales que recurren a la maternidad por sustitución o quienes lo hacen tras un profundo calvario de infertilidad.

«Tengo endometriosis. Mi ginecólogo me dijo que no podría tener hijos. Sé bien cómo se siente alguien cuando escucha eso, pero no por ello la subrogación es una opción»

Lo ejemplifica con su caso: «Yo tengo endometriosis, muy extendida. Mi ginecólogo me dijo que no podría tener hijos. Y sé bien el dolor que se siente cuando escuchas algo como eso. Entonces me senté con mi marido a reflexionar sobre nuestras opciones. Nos planteamos la adopción y vi que no era nuestro camino. Pensé en dar mi amor a niños en asociaciones y volcarlo de otra manera, pero nunca me planteo algo como lo que hicieron conmigo como una opción, porque destrozas la vida del bebé». Entonces tenía 28 años y luego pudo alumbrar a tres niños.

«Sé quién soy pero no de dónde vengo. No podemos saber quiénes somos sin saber de dónde venimos y de quién venimos», alega. Y prosigue: «Hay muchas cosas que hacen que sea yo misma, pero no encuentro el porqué. O cómo he llegado hasta aquí. Por ejemplo, me encanta la jardinería y no sé de dónde viene esta pasión, me gustaría saber si me parezco a mis bisabuelos».

En su viaje retrospectivo hacia el momento de su concepción, llegó a contactar con su madre portadora (son palabras de Maurel) por Facebook. Habían pasado más de 30 años y ella le dijo que la recordaba en cada fecha de su cumpleaños. Surgió otro choque de versiones: mi padre me confesó que había pagado a mi madre que era extremadamente pobre, y estaba pasando un momento de gran vulnerabilidad. Son los casos más frecuentes, según denuncia el movimiento de la Declaración de Casablanca, cuando sostienen que es un «mercadeo de vientres de mujeres pobres comprados por parte de la demanda de mujeres ricas». Por esto sucede que el fenómeno se está extendiendo en países depauperados como México y Colombia, advierte el chileno Bernard García Larrain, coordinador del movimiento, que atiende a este diario desde Líbano.

Llegó entonces para Olivia la segunda versión: «Mi madre me dijo, en cambio, que dos años antes de que yo naciese, había perdido a su quinto hijo en un terrible accidente doméstico, y sintió que Dios le pedía que regalase otro niño al mundo. Cuando se encontró con la posibilidad que le ofreció mi padre biológico, accedió a tenerme».

Sea como fuera, Olivia tiene muchas preguntas y le faltan, aún, muchas respuestas. Su equipo de psiquiatras le ha asegurado que los problemas por los que ha atravesado en su vida están todos relacionados con su concepción. Por eso no entiende por qué no exista todavía un tratado internacional que prohíba la práctica en todos los países. «Un ejemplo de país que lo ha hecho bien es Italia –resalta, palabras que también ha repetido el coordinador–. Han criminalizado no solo ser vientre de alquiler, sino mercantilizar y explotar a esas madres. La oferta y la demanda». Europa, al recogerlo en la reforma de la directiva sobre trata de seres humanos,ha sido «demasiado tibia», considera también García Larrain.

España amagó con perseguir la práctica, pero las luchas intestinas entre los partidos del entonces Gobierno (PSOE y Podemos) eliminaron toda referencia en la reforma de la ley del Aborto. La portavoz y el coordinador de la Declaración de Casablanca profieren que este fenómeno no tiene ideología, es «interpartidista» y tampoco tiene que ver con la religión, aunque el Papa ha pedido acabar con ello. «Se cree que los detractores son todos feministas y conservadores, pero lo que defendemos no es más que la dignidad tanto de las mujeres como de los niños», dice García, quien resuelve: «No tiene en cuenta el interés superior del niño. Es un mercado que propone pagar por reproducirse, vendiendo tu cuerpo. Debe prohibirse porque el fin no justifica los medios».