La exabadesa de Belorado ataca directamente a Iceta y el arzobispado le recuerda las deudas de los monasterios que se acercan a los 100.000 euros

En su escrito, que primero envió al arzobispado, y luego difundió a través del canal habitual de las monjas, una publicación en Instagram con los comentarios cerrados, añade también una crítica directa al comisario pontificio, Mario Iceta, al recordar que fue sancionado por el Banco de España, como el resto de consejeros de Cajasur, por la pésima gestión que hizo la caja cordobesa hasta que fue intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 2011. «Resulta especialmente alarmante que la persona ahora a cargo de nuestras cuentas haya sido previamente sancionada por el Banco de España debido a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros», señala la exreligiosa.

La respuesta de la comisión gestora que Iceta ha creado para la gestión de esta crisis no ha tardó en llegar. El escrito, desmonta uno a uno los argumentos de García de Viedma, e incluso aporta nuevos datos, como el de que la deuda de los monasterios, reconocida por las exreligiosas a través de las facturas que han enviado al arzobispado para que las asuma, llega hasta los 42.000 euros. En algunos casos, la antigüedad de la deuda llega hasta los dos años. De esa cantidad, están excluidos los préstamos y las nóminas de los once trabajadores, que las religiosas también dejaron de pagar en mayo, cuando todavía no estaban intervenidas sus cuentas, por lo que la deuda global a finales de julio estaría rondando los cien mil euros. Una cantidad desproporcionada de acuerdo al nivel de ingresos que mostraban las cuentas intervenidas por el arzobispado, en las que apenas había 6.000 euros.

El primero de los planteamientos que desmiente el arzobispado es la forma jurídica en la que parece ampararse la exabadesa para sus acciones. «La Sra. García de Viedma dice hablar en representación de una asociación civil que no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente», explica la nota de la comisión gestora. Y recuerda que «la transformación de una entidad religiosa en una asociación civil requiere el permiso y la forma de proceder que dispone la Santa Sede, que no se ha respetado en este asunto», por lo que interpreta que «se está intentando confundir a la opinión pública, tratando de hacer creer que la nueva asociación civil erigida por las exreligiosas es la propietaria del patrimonio de los monasterios».

Con respecto a la incriminación de usurpación, el comunicado recuerda que «al comisario pontificio, como representante legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios». Por ello, se trata de «una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial. Todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la comisión gestora están realizadas dentro de la más estricta legalidad». Y como ejemplo de esto último señalan que «todas las entidades bancarias y las administraciones públicas, una vez aportada la documentación, han reconocido la representación legal del comisario pontificio».

Se trata de un nuevo episodio en que las exreligiosas parecen haber confundido la realidad legal con el enmarañado constructo mental en el que parecen vivir desde que comenzó esta crisis. Ellas siempre han sostenido que su planteamiento cismático de ruptura con el Papa les dejaba fuera de la aplicación del derecho canónico, un argumento que se ha mostrado erróneo, y que es fácil de desmontar con una sencilla analogía: nadie, por proclamar públicamente que deja de ser español está exonerado del cumplimiento de la legalidad vigente.

En cuanto a la deuda de las monjas y la acusación de la exabadesa de que «están proliferando informaciones falsas que nos presentan como morosas ante empresas y particulares», el arzobispado recuerda que «quien afirma la existencia de morosidad ante empresas y particulares son las propias exreligiosas, como se puede comprobar en sus diversas manifestaciones». Además, recuerdan que «obran en nuestro poder facturas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de la exabadesa (aproximadamente, y con exclusión de los préstamos, solo en facturas se adeudan unos 42.000 €, algunas de las cuales tienen hasta 2 años de antigüedad), y que ella misma nos ha remitido. Todas las comunicaciones que hemos realizado están perfectamente documentadas».

Ahí, además el comunicado añade una queja: «Desconocemos la amplitud de las obligaciones financieras de los monasterios porque la Sra. García de Viedma sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión». «Solamente tenemos constancia documentada de algunas facturas impagadas y desconocemos el estado de las obligaciones laborales, fiscales y tributarias, por la contumaz actitud de la Sra. García de Viedma, después de haber pedido información mediante cinco requerimientos (el primero con fecha de 6 de junio, y el último en el día de ayer)», añade el texto.

Y añaden que, la intervención económica, «lejos de constituir una asfixia económica para los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, han sido algunos de los monasterios de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu (y de otras federaciones) los que están aportando fondos para hacer frente a las facturas y nóminas que la misma Sra. García de Viedma nos sigue enviando. De no haber sido así, hubiera sido imposible realizar los pagos con los exiguos fondos que quedaban en las cuentas bancarias».

Aunque ninguno de los comunicados lo cita expresamente, la queja de la exabadesa de que se «está proyectando ante la opinión pública» una imagen de las exreligiosas excomulgadas «como deudoras y caprichosas» parece remitir a uno de los últimos episodios del culebrón, en el que un supuesto deudor les acusaba de una factura impagada de sábanas de seda, edredones nórdicos y cubrepies de terciopelo. A ello se añadían otros supuestos lujos pendientes de pago, como iPhones y ordenadores de alta gama, jamones ibéricos. En realidad, toda esta información proviene de una única persona, que se presentó en el arzobispado con la intención de cobrar de forma inmediata la factura de la lencería de cama, que ascendía a 6.900 euros. Desde el arzobispado no se mostraron proclives al pago, porque ni se encontraba entre las que las exmonjas le habían enviado y les pareció extraño que tuviera fecha de enero y no hubiera sido reclamada antes. Enfadado ante la negativa, el supuesto deudor se fue al Diario de Burgos y sumó el resto de productos pendientes pago, que decía conocer por estar en contacto con otros representantes de empresas.

El último elemento de conflicto es la sanción administrativa que Mario Iceta recibió como miembro del consejo de administración de Cajasur, que para la exabadesa le inhabilitaría para hacerse cargo de sus cuentas. En efecto, el ahora arzobispo de Burgos fue consejero de la caja de 2005 a 2008, en aquellos momentos propiedad del cabildo de la catedral de Córdoba. Con unas altas deudas y malos coeficientes de solvencia, Cajasur, mientras estuvo dirigida por el polémico sacerdote Miguel Castillejo, se negó al proceso de fusión con Unicaja. Tras su destitución, en 2005, los nuevos consejos de administración heredaron una situación que acabó en la intervención por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la venta a Kutxabank tras ser saneada.

En 2011 el Banco de España abrió un expediente sobre Cajasur y en 2011 propuso sancionar con 2,4 millones de euros a 38 exdirectivos y exconsejeros de la caja cordobesa, la mayoría sacerdotes —entre los que se encontraba Mario Iceta—, aunque también había catorce destacados miembros del PSOE, el PP e IU en Córdoba. Finalmente Iceta recibió una de las sanciones de menor cuantía, 30.000 euros.

Desde el arzobispado se recuerda que «hacer referencia a una sanción administrativa del Comisario Pontificio de su época en la que perteneció al consejo de administración de Cajasur desde 2005 a 2008, para poner en duda su legitimidad para administrar bienes, constituye un intento de calumniarle utilizando argumentos ad personam y describe bien la cualidad moral de la Sra. García de Viedma». Y añaden que «conviene recordar que la sanción administrativa del Banco de España a los dos consejos de administración de Cajasur que tuvieron responsabilidades en dicha entidad de ahorro en torno a los años 2006 a 2010, entre cuyos miembros se encontraba el actual comisario pontificio, no se debió a irregularidades de dichos consejos de administración en la gestión de cuentas de terceros ni conllevó inhabilitación alguna ni limitación de ningún tipo para el comisario pontificio». Ante ello, señalan que Iceta «se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su honor y buen nombre ante estas declaraciones sin escrúpulos y calumniosas que ha realizado la Sra. García de Viedma».