El arzobispado de Burgos acusa a la exabadesa de mentir y revela un agujero económico de cerca de 50.000 euros

Esta vez, el peculiar método para comunicarse fue a través de un colaborador del programa 'Todo es mentira', Pablo Collantes, a quien envió unos mensajes telefónicos y le conmminó a leerlos en público. Con una advertencia que no debió dejar muy tranquilo al periodista: «Si no haces buen uso de esta información, no tienes corazón y bloquearé tu móvil».

Sin embargo, las acusaciones de la exabadesa de que tanto las monjas como los trabajadores se encontraban en «una situación límite» y que a estos últimos «no les han pagado las nóminas de mayo y junio», ha sido rápidamente desmentidas por el arzobispado. A través de una nota, la comisión gestora creada por el arzobispo de Burgos para resolver la situación, ha acusado la exabadesa de Terron «un temerario desprecio a la verdad» y ha aportado datos para desmentir, una a una, sus acusaciones.

La nota comienza diciendo que «las declaraciones vertidas por Laura García de Viedma Serrano (exabadesa del Monasterio de Belorado) en el programa Todo es mentira, de Cuatro emitido en la tarde de hoy, 2 de julio de 2024, no se ajustan a la verdad». Además, ha recordado que en el ejercicio de sus funciones, la Comisión Gestora «ha requerido en cuatro ocasiones la información de la actividad económica del monasterio a la exabadesa, sin que ninguna de estas peticiones haya sido atendida: de modo presencial (el 6 de junio, mediante un requerimiento notarial) y por burofax, en otras tres ocasiones (22 de junio, 24 de junio y 26 de junio)».

En estas peticiones se solicitaba «toda la información legal, tributaria, fiscal, económica, contable, laboral, etc. necesaria para la correcta administración del monasterio», destacan. «No solo se han ignorado estas solicitudes de manera reiterada, impidiendo cualquier tipo de comunicación por parte de la exabadesa, sino que además nos consta que ha sido dada una orden expresa por su parte de no facilitar esta documentación a la Comisión Gestora», añaden. Y advierten que «ante esta manifiesta obstrucción del derecho de administrar adecuadamente los bienes, nuestros servicios jurídicos actuarán en consecuencia».

Es a partir de ahí cuando comienzan a desvelar la angustiosa situación económica que padecen los monasterios pero que, en contra de la versión de la abadesa, no está causada por la intervención económica después del cisma, sino por la desastrosa gestión que las monjas han llevado adelante en los últimos años, tal como ABC ya ha adelantado en varias ocasiones. El arzobispado revela ahora que hasta la fecha ha recibido de las exmonjas «más de veinte facturas, por un importe superior a 35.000 euros y un total de once nóminas, por importe aproximado de 9.800 euros».

Un importe que contrasta con «el exiguo saldo obrante en las cuentas a las que hemos podido tener acceso, que no superaba los 6.000 euros», por lo que «es imposible hacer frente a estas obligaciones». Por esa razón, el arzobispado explica que «no sería posible afrontar ninguno de estos pagos, sin la inyección de fondos provenientes de distintos monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu».

Además, también señala que una de sus prioridades «es que cobren los trabajadores que prestan sus servicios en los monasterios». Para ello, «se ha formalizado ya el procedimiento para pagar las nóminas de aquellos trabajadores que han seguido el protocolo establecido por la Comisión Gestora, ante las dificultades que ha generado la exabadesa: facilitarnos su DNI, su contrato laboral, las condiciones en las que venían prestando sus servicios, su número de cuenta actualizado, etc.». En todo caso, sorprende que un monasterio constituido por 16 religiosas, antes del cisma, de las cuales 5 son mayores y están en cama, tenga contratadas a 11 personas.

El arzobispado explica que «respecto a las facturas pendientes, se están atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes. Es una labor minuciosa, dado que hay que examinar detenidamente cada obligación de pago». Y revela otro dato que vuelve a mostrar la pésima gestión de las monjas de sus empresas y patrimonio: «Algunas facturas han sido emitidas por proveedores afectados por impagos generados durante meses, incluso años, por lo tanto, anteriores a la fecha de nombramiento del Comisario Pontificio». «En total se han pagado más de 3.000 euros en suministros y más de 18.000 euros en créditos bancarios», explican.

Sin embargo, a pesar de esos gastos asumidos en apenas un mes de gestión, desde el arzobispado remarcan que no tienen «constancia de los ingresos que se obtienen con las actividades que se realizan desde las instalaciones del monasterio, de cuyos gastos la exabadesa pretende que nos hagamos responsables (materia prima, embalaje, mensajería, etc.)». Y avisa del que puede ser un próximo problema al señalar que «en particular, se nos está impidiendo tener acceso a la información tributaria necesaria para poder presentar los modelos fiscales correspondientes, referidos a la actividad del último trimestre».

La nota señala que «cuando la exabadesa manifiesta que «es infame esta coacción» está actuando con temerario desprecio a la verdad, tratando de imputar unos posibles hechos delictivos a la Comisión Gestora». Y circunstancia que no van a pasar por alto puesto que «nuestros servicios jurídicos valorarán estas manifestaciones y actuarán en consecuencia», advierten.

El texto finaliza desmintiendo otra de las afirmaciones de la exabadesa, que sostenía que les habían cortado una línea de teléfono y les han «amenazado tres veces» con cortarles la luz. «Por nuestra parte no se ha ordenado el corte de ningún suministro ni se ha amenazado con hacerlo», explica el arzobispado. Y añaden una prueba de sentido común: «Tenemos que aclarar que ninguna empresa deja de proveer ningún servicio por el impago de una factura».

Por esa razón, «todo indica que el pretendido corte de suministros es debido al impago de más facturas, cuyo importe desconocemos. Hasta la fecha, la Comisión Gestora ya ha afrontado pagos referidos a servicios de luz, gas y telefonía que superan los 3.000 euros», concluyen.