Dos centros que dependen del Principado, 5 niñas prostituidas y 12 hombres detenidos: la tutela de menores, de nuevo en el ojo del huracán

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Según la prensa regional, el Principado denunció el 19 de enero el caso de las menores tuteladas en dos centros que dependen del Ejecutivo autonómico. En concreto, las víctimas son cinco menores de entre 13 y 17 años, aunque la instrucción del caso ya se encuentra bajo secreto de sumario. Del Arco también afirmó que la administración se personará como acusación particular en la causa, al tiempo que durante una rueda de prensa tras la operación policial mostró «tolerancia cero» contra los agresores, todos ellos hombres de entre 26 y 44 años ya arrestados.

Los delitos que se les atribuyen son agresión sexual con penetración a menores, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores.

La investigación se inició con la declaración de una de las menores, que fue derivada desde los Servicios Sociales. En ese sentido, la Policía ha indicado que los servicios sociales de la Administración autonómica «están colaborando activamente en la investigación y han mostrado una gran preocupación por la relevancia de los hechos«, añadiendo que »las investigaciones continúan en curso y no se descartan nuevas detenciones«.

En rueda de prensa junto a la directora general de Infancia y Familias, Belén Barrero, la consejera remarcó ayer martes que una de las menores reveló el 19 de enero lo sucedido a una educadora y que desde la dirección se acompañó a la menor a presentar «de forma inmediata» denuncia ante la Policía. La consejera comunicó que se llevaron a cabo reconocimientos, pruebas de ADN y entrega de móviles, entre otras actuaciones, así como la puesta en conocimiento de los otros casos según se fueron detectando.

Del Arco agradeció, también, la colaboración del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones sexuales de Asturias, de reciente inauguración, y ha señalado que las menores tienen abogadas del turno de violencia.

Remarca la importancia de «visibilizar siempre este tipo de situaciones» en las que niñas, niños y adolescentes son «víctimas de agresiones sexuales».

Igualmente, ha explicado que las víctimas son menores vulnerables con historias familiares complicadas que residen en dos centros con otros menores y que sus entornos «hay que protegerlos» ya que son sus «hogares». En Asturias hay unos 330 menores tutelados en centros de acogimiento residencial.

La consejera consideró «escrupulosa» la comunicación policial difundida sobre el caso. Aseguró que hay formación constante al personal aunque cree que «siempre» se puede mejorar en la prevención y detección de casos de agresiones sexuales, poniendo el acento sobre las nuevas fórmulas para captar a menores en el ámbito digital, a la vez que ha negado que esos casos tengan que ver con fugas de los últimos meses, informa la agencia Ep.

Incidió también en que «no es una cuestión de fallos», sino que «es un asunto de violencia contra la infancia«.

Las palabras exculpatorias de la consejera del ramo sobre la función de la Administración no han gustado a muchas entidades. El sindicato UGT, por ejemplo, a través de su secretaria de Políticas Sociales en Asturias, Ana García Roza, ha corregido que «sean cosas de la vida». «Para nosotros, desde luego, no lo son». Conocedora de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, García Roza insiste en que «hay que investigar y ver qué falló. No puede ser que personas jóvenes muy vulnerables, tuteladas por las instituciones se vean envueltas en algo así».

La diputada de Vox en la Junta General Sara Álvarez Rouco calificó los hechos de «monstruosidad» y mantiene que el desconocimiento de los hechos por parte del Gobierno del Principado no exime de culpa a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, que fue directora general de la Infancia anteriormente. También el PP ha salido en tromba a considerar que Del Arco está inhabilitada para seguir en la vida pública por señalar que lo que ha pasado «son cosas de la vida» y piden explicaciones al Ejecutivo del socialista Adrián Barbón.

El PP planteará una pregunta a la consejera de Derechos Sociales sobre lo ocurrido, según aseguró el diputado regional Luis Venta tras la Junta de Portavoces. "Lo que no esperábamos es que un Gobierno frivolizase sobre algo tan grave como lo que afecta a menores cuya tutela está en manos del Principado. Creo que hemos visto lo peor de la política. Todo vale para proteger al político de turno o al Gobierno de turno, aunque esté en juego la tragedia que están viviendo y que han padecido unas menores. Creemos que es inaceptable y me atrevo a decir que despreciable que la responsable del Gobierno de Barbón se haya referido a lo ocurrido como 'cosas de la vida'. Esta consejera queda inhabilitada para seguir ejerciendo la responsabilidad que Barbón le ha encargado", indicó.