El limbo sin documentos de los menores tutelados

Xavi Gisbert es uno de los padres de acogida que ha tratado algunos de estos casos y siempre vuelve al problema de inicio: «Hay que documentar a una persona para saber quién es. Puede ser que sea un niño tutelado pero que no tenga ningún documento». Según este padre de acogida catalán, que no habla por ninguno de los que él ha tenido acogido pero sí por los que ha tratado de ayudar, hay países que ponen más problemas que otros. Rumanía, por ejemplo, es difícil. Lo confirma Estrella Cara, de la asociación de familias solidarias para el desarrollo de Almería, que, sin embargo, explica que, desde hace pocos años, gracias a los trámites de un técnico de la Junta de Andalucía en aquella provincia, la situación ha mejorado mucho: «Es verdad que hace años tuvimos a familias con el miedo de que se llevaran a los niños o de que nunca pudieran ser adoptados. Pero él consiguió arreglarlo». No parece ser el caso de otras comunidades. Lo que sí ha mejorado con una modificación de la Ley de Extranjería de 2021 es la situación de los que cumplen 18 años siendo extranjeros, después de haber sido tutelados: «Ahora ya pueden trabajar sin problema y tener la residencia», explica Estrella. Quedaría pendiente agilizar la burocracia para que llegaran a la mayoría de edad siendo españoles.

En un piso para mayores de 18 años vive Lavinia, de nacionalidad rumana e inmersa en los trámites para conseguir la española. Lleva más de diez años en España y sólo se puede identificar con un pasaporte rumano. Lo más que ha conseguido es una especie de NIE sin foto ni huella dactilar con el que a veces le ponen problemas para trabajar. Sueña con hacerse policía nacional: «Para eso, necesito la nacionalidad española. Son muchos trámites, traducir documentación, pedir antecedentes a los dos países...«. Durante los años que estuvo tutelada se habló de conseguirla pero no se dieron los pasos burocráticos para hacerlo. Lo va a hacer ella.

Xavi Gisbert, al igual que la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, lo que pide es primar el interés del menor. «Algunos de ellos llegan a los 18 años y siguen en un limbo, indocumentados. Lo que podría parecer sencillo no lo es, parece ser: que la Administración lleve a los niños en acogida a una comisaría, con el certificado de nacimiento, le tomen la foto, la huella dactilar y se le emita un DNI».

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Cualquiera puede pensar que un nacido en España es español, pero no es así si no se completan una serie de trámites dependiendo del país de los progenitores y, muchos, sobre todo cuando la retirada de la custodia es temprana, no los han hecho.

Es el caso de un niño de 16 meses, al que llamaremos Mateo, por temor de la familia de acogida a dar su verdadera residencia y nombre, que salió del hospital donde nació a un centro de una oenegé. De allí, en tres meses, a una familia de acogimiento temporal, en la que lleva más de un año, con cariño y estabilidad. Cuando en un hogar se ofrecen para esta modalidad de acogida saben que esos niños no se quedan para siempre pero lo que tiene en un sinvivir a la nueva familia de Mateo, la única que ha conocido, es que las autoridades españolas optaran por informar al consulado del país del padre biológico de su existencia. Hubiera sido más fácil, en su opinión, esperar a que tuviera dos años y nacionalizarlo español, como podría hacer al ser sencillo acreditar que lleva dos años residiendo en España de manera tan legal como para haber nacido aquí y estar bajo la tutela de la administración.

«En el fondo, lo que ocurre es que se está dificultando el acceso a la nacionalidad española a estos niños», explica Xavi. «Se están pasando la pelota de unos a otros. Llevamos con consultas a la Fiscalía de Menores desde hace cuatro años y no nos responden», añade con evidente desesperación. Cuando lo han solucionado, explica, ha sido por iniciativas privadas, no porque la administración lo haya puesto como una prioridad. Las familias de acogida no tienen la tutela, por lo que es muy difícil avanzar. «Hay acogimiento de un niño pero luego no puedes acreditar que es quién es», continúa Xavi.

En la comisión que formó para tratar de ayudar había estudiantes de Derecho, pero no se logró avanzar mucho. «La conclusión es que si no podemos acreditar que una persona es quién es luego no podemos seguir con el proceso de la nacionalización». Llegamos a ese punto inicial en el que, sobre todo, se incumple la convención de los derechos del niño, en la que se dice que todos tienen derecho a una identidad.

No hay una cifra ni aproximada. No se dan datos en el boletín estadístico que publica el Gobierno y muchas familias no quieren contar esa pesadilla de papeleo. Tienen miedo a que los vean como problemáticos en las administraciones y los que acaben por pagar el pato sean los niños. Muchos lo acaban solucionando cuando son mayores de edad, con ayuda de terceros, cuando dejan de estar tutelados por la administración que les debería haber ayudado a solucionar su situación.

Volvemos a Mateo. A lo bien que está con sus otros hermanos de acogida, mayores que él. A esa intranquilidad de que un día llegue una llamada o un correo y les diga que el país de origen del padre reclama al niño. Además, saben por lo que han visto por las redes sociales a la familia del niño, que allí no queda nadie. Que están en España.

¿Qué sentido tendría acceder a una petición de un país que el niño no ha pisado, donde no tiene familia? El temor de la de acogida es que, sobre el papel, podría ocurrir. Muchas de estas familias comparten preocupaciones de manera informal y se dan cuenta de que cada caso es un mundo. No hay protocolos de actuación que compartan los distintos servicios del menor de las comunidades.

En el caso de Mateo hay un problema añadido. Si el niño acabara siendo reconocido por el país de origen de su padre, no podría salir en adopción, porque España no puede usar esa fórmula con nacionales de determinados países. «Son ellos los que le hacen apátrida», dice el padre temporal sobre el follón organizado con la documentación de un niño al que sí inscribieron sus padres en el Registro Civil.

El de Mateo no es un único caso. Iván, nombre ficticio, es muy parecido, aunque mucho más prolongado en el tiempo. «Es un peque que venía a casa para seis meses y ya tiene 11 años», cuenta su madre de acogida, otra que prefiere mantener el anonimato porque se lo pide el niño. «Con 20 días estaba en casa, directo desde el hospital. Los padres también lo registraron», explica la madre, ya de acogida permanente. Llevan años solicitando la nacionalidad española del niño, «pero está todo parado». Cuentan que desde el Defensor del Pueblo, donde acudieron, instaron a Extranjería a dar con una solución, pero se hace esperar. El niño nunca ha podido salir de España, por ejemplo. Es uno de los inconvenientes que enumera Gisbert de esta situación indocumentada: «Hay que pensar en todo lo que implique identificarse, desde acceder a un museo a viajar en avión. Lo del cambio de comunidad no se trata solo de trámites, tuve un caso que estuvo más de un año sin pediatra. No poder acceder a la justicia gratuita, problemas para realizar prácticas de FP, al no disponer de número de la Seguridad Social…». En total, en el grupo de trabajo que hicieron, vieron unos 50 casos y avanzaron poco. Por eso, con Iván, según su madre de acogida, «no nos atrevemos a salir de España».

Él es uno de los niños que tiene problemas para competir en el fútbol. «Se le queda una cara en cada partido…», explica ella, que a veces ha estado a punto de abrir una petición en Change.org, pero respeta el deseo del menor, que no quiere que su caso sea público. El colmo es que, pese a llevar más de diez años con ellos, la familia no tiene acceso a la tramitación del expediente, porque no tiene la guardia y custodia, es de la administración. La misma que mantiene a estos menores indocumentados.