Prohens deniega a cuatro familias que sus hijos estudien en castellano en un colegio de Mallorca

Los cuatro progenitores del CEIP Son Ferrer interpusieron una demanda ante el TSJB en mayo de 2023 —cuando aún gobernaba el pacto de izquierdas presidido por Armengol—, asesorados por PLIS. Educación, por favor y por Sociedad Civil Balear. Pidieron que se permitiera a sus hijos poder estudiar en castellano al menos un 25% del horario lectivo y en al menos una asignatura troncal no lingüística (esto es para evitar que el castellano se relegue a una asignatura maría). Apelaron al cumplimiento de la jurisprudencia que dice que no se puede discriminar la lengua castellana en las escuelas catalanas y ha de garantizarse un mínimo de horas de español. Antes de la vía judicial, estos padres solicitaron sin éxito al gobierno de Armengol el derecho a estudiar en español, ya que en el centro escolar está relegado exclusivamente a la asignatura de Lengua Castellana.

Casi un año después de interponer la demanda, el 10 de abril de 2024 -ya con el gobierno del PP-, la abogada de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Caib) Sandra Capllonch se ha opuesto a esta reclamación, afirmando que las familias no tienen ningún derecho a recibir enseñanza también en castellano y defendiendo el proyecto lingüístico de inmersión obligatoria que aplica el centro escolar a todos los alumnos.

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Mayte Amorós

La letrada se opone a reconocer este derecho amparado por la jurisprudencia. Pide al TSJB que declare la inadmisibilidad del recurso de estos padres, que desestime íntegramente la demanda, y que asuman ellos las costas del proceso.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Prohens consideran que no se han vulnerado sus derechos lingüísticos y que no procede pedir al centro que imparta más asignaturas en castellano. No respalda en este caso la vehicularidad del español.

Prohens, que defendió la vehicularidad del español en la educación y manifestó durante las elecciones autonómicas de 2023 que la inmersión lingüística no es el modelo que le gusta al PP sino un «bilingüismo cordial», desampara ahora a estas familias que llevan años batallando para que sus hijos puedan estudiar al menos dos materias en castellano.

La Abogacía de Baleares, dependiente de Presidencia, sostiene en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso ABC, que «no está en juego ningún derecho subjetivo», ni se ha producido ninguna lesión del derecho a la educación de ningún alumno o padre ni «tampoco ha habido lesión de los derechos lingüísticos de los alumnos derivados de los artículos 3 CE y 4 EAIB».

Interpreta que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en que se presentó y resolvió la petición, no había cobertura suficiente para un eventual mandato a la autoridad educativa de la Comunidad Autónoma que exigiera al centro educativo la modificación del proyecto lingüístico para el establecimiento de un porcentaje determinado de presencia de la lengua castellana en horario lectivo, o en la determinación de la lengua en que se han de impartir las diversas materias curriculares». En otras palabras, que no puede obligar al colegio a cambiar el horario para dar más horas en español.

«La Conselleria no puede impartir más instrucciones jerárquicas a los centros que las que prevé la ley de educación de las Islas Baleares», prosigue en su respuesta, aludiendo a la normativa aprobada en el mandato de Francina Armengol, un ley aprobada con la oposición del PP y que no reconoce el castellano como lengua vehicular en la educación. Sostiene que «no se puede ordenar un contenido lingüístico específico para un centro, un curso o un aula».

Otro de los argumentos que aporta es que la Inspección Educativa, que supervisa los proyectos lingüísticos de los centros, «no ha informado de la no adecuación del proyecto lingüístico de este instituto a la normativa vigente». Avala así el modelo de inmersión obligatoria en catalán del CEIP Son Ferrer.

PLIS y Sociedad Civil Balear, entidades que han apoyado y asesorado a estas familias, acusan al gobierno del PP balear de apartarse de las «directrices teóricas del PP nacional» y lo tildan de «hipócrita» por defender ante el TSJB la inmersión lingüística, después de triunfar en las elecciones de 2023 con la promesa de introducir el castellano como lengua vehicular.

«Lo relevante de esta oposición del gobierno Prohens es que en la respuesta a la demanda copia sumisamente y al pie de la letra los argumentos del anterior gobierno de Armengol para negar derechos a las cuatro familias y para defender los proyectos lingüísticos de inmersión contrarios al modelo legal de conjunción lingüística», recalca PLIS.

«No es de recibo que el PP balear se niegue a satisfacer el derecho de los padres a recibir enseñanza también en castellano, mientras el PP nacional habla de bilingüismo amable y el PP catalán defiende el bilingüismo escolar», critica la asociación defensora de la vehicularidad del español en la educación.

«Esperamos que en Cataluña las promesas de conjunción lingüística en las elecciones no sean el mero reclamo electoral que a Prohens le sirvió para ganar las últimas elecciones», apostilla PLIS.

Preguntada por este diario, la Consejería balear de Educación explica que su postura, mediante la Abogacía, ante la Sala de lo Contencioso viene motivada por que «los centros no pueden cambiar sus proyectos lingüísticos una vez iniciado el curso escolar».

La Conselleria recuerda que en el próximo curso escolar se garantizará el derecho de las familias de poder elegir la primera lengua de enseñanza a la hora de matricular a sus hijos y se pondrá en marcha el plan piloto de libre elección de lengua en los centros de primaria de las Islas Baleares sostenidos con fondos públicos.

«Actualmente, está abierto el plazo durante el cual los centros que lo deseen pueden presentar sus solicitudes para adherirse a ellos», insiste, y después comprobará que estos centros cumplen todos los requisitos para poder implantarlo. Por lo que respecta a los centros de secundaria, el plan piloto de libre elección de lengua se pondrá en marcha durante el curso 2025/2026.

Una de las primeras medidas cuando llegó al gobierno fue quitar el requisito del catalán a los médicos. El PSOE y Sumar lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. En la educación, Prohens ha impulsado un plan piloto de libre elección de lengua que se inaugurará el próximo curso 2024-25 y que ha puesto en pie de guerra al sector docente catalanista. Impulsados por la Obra Cultural Balear y varias plataformas por la escuela en catalán, los docentes han declarado abiertamente un boicot contra este plan piloto con el objetivo de evitar que los centros se adhieran. Alegan que es un plan impuesto, pese a que es voluntario para los centros.

Prohens ha prometido no tocar el catalán y ha mantenido las ayudas nominativas a las principales entidades de promoción de la lengua. Pero eso no ha sido suficiente para la Obra Cultural Balear, que recuperó este año su Diada por la Lengua, tras cinco años en pausa, y sacó a la calle este domingo a 7.000 personas para declarar su amor por el catalán. La principal entidad soberanista de las Islas aseguró que esta movilización es una llamada de atención al gobierno contra su «política lingüicida».

Mientras la OCB reclama más catalán en los colegios, el Gobierno de Prohens hace equilibrios impulsando una elección de lengua voluntaria sin modificar la normativa actual, y a la vez bloquea las peticiones de enseñanza de español heredadas de la anterior legislatura del gobierno de izquierdas.