El 'otro Doñana' que fue desecado y ahora lucha por volver

Vejer de la

Frontera

Los Barrios

Barbate

Proyección de la

antigua laguna

de la Janda

Zahara de

los Atunes

Algeciras

Bolonia

Tarifa

Fuente: Map Tiler y elaboración propia / ABC

Vejer de la

Frontera

Barbate

Proyección de la

antigua laguna

de la Janda

Zahara de

los Atunes

Bolonia

Fuente: Map Tiler y elaboración propia / ABC

La Janda no era una laguna menor. Del tamaño de casi 11.000 campos de fútbol, fue uno de los humedales más importantes de España. El agua anegaba los terrenos entre los municipios de Vejer de la Frontera, Benalup-Casas Viejas y Tarifa. En realidad «era un complejo de humedales», explica el catedrático de Ecología, José Manuel Recio Espejo. Se componía de cinco lagunas: Janda, Jandilla, Espartinas, Rehuelga y Tapatanilla. Cuando las lluvias eran abundantes, todas se unían y parecían la misma. Cuando el nivel del agua bajaba, se fragmentaban, cada una con sus características, sus particularidades.

Era un espacio privilegiado, parada obligada de aves durante la migración, cuya importancia estaba al nivel de Doñana, según grupos ecologistas. Aquí nidificaron las últimas grullas en España, hoy ya solo vistas aquí en invierno. «Hay inventariadas cerca de 300 especies de aves», cuenta el biólogo y presidente de Amigos de la Janda, José Manuel López Vázquez. Pero las especies más emblemáticas, como la avutarda, han desaparecido, dice. El sisón está a punto de hacerlo, y el avetoro o la garza imperial apenas se ven.

El paisaje está completamente transformado. El agua hoy fluye por los canales de riego y son los arrozales los que sirven de refugio acuático para las aves.

«Las lagunas que quedan en España son las que no se pudieron desecar, esas en las que el acuífero aportaba mucha agua [como en Doñana]», explica Recio Espejo sobre la mala fama que tenían estos ecosistemas. La Janda era todo agua superficial, pero aun así fueron necesarios múltiples intentos para extinguirla. Comenzaron en 1825, con una concesión de explotación de los terrenos públicos a quien lograra desecar los terrenos para su cultivo, al que siguieron otros durante décadas. Finalmente, en los años 60 del pasado siglo, bajo el régimen de Franco, se logró su desecación casi definitiva.

A partir de ese momento, las llanuras solo se anegaban en momentos de abundantes lluvias. Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción, llegó a conocer cómo los campos se convertían en laguna en inviernos de abundantes lluvias. «Duraba poco, pero se veía. Ibas por la carretera hacia Algeciras y veías la masa de agua enorme», recuerda. Ya no ocurre. El último desagüe construido acabó con el problema. Es una tubería en la que «cabe un camión dentro», ilustra.

En su larga historia administrativa es donde reside, en opinión del presidente de Amigos de la Janda, López Vázquez, el principal escollo para la recuperación del humedal. Las concesiones de tierras, deslindes, las crecidas naturales de la laguna, los cambios de opinión de los diferentes Gobiernos, niveles administrativos y legislaciones, solo han enredado un asunto que ahora enfrenta a los partidarios de restaurar el humedal y a los agricultores de la zona. Estos están agrupados en la comunidad de regantes ingeniero Eugenio Olid, que representa a 150 comuneros con hasta 13.000 hectáreas de cultivo.

La asociación que dirige López Vázquez alega que, de las más de 9.000 hectáreas que se desecaron, hay 6.165 que son terrenos públicos que hoy están siendo ilegalmente explotados por los antiguos concesionarios de las tierras. «En el año 64, el Estado decide rescatar la concesión. Le paga las obras que habían hecho estos concesionarios y recupera, teóricamente, las tierras», asegura. A nivel práctico, sin embargo, el Gobierno nunca llegó a tomar posesión de los terrenos, ni siquiera los inscribió en el Registro de la Propiedad, según su relato. Así que todo siguió igual y los concesionarios siguieron cultivando las tierras.

«Desde la asociación llevamos tiempo propugnando ante las administraciones que se inicie el procedimiento de recuperación de oficio de esos terrenos públicos, porque hay un deslinde administrativo aprobado que no ha sido anulado. Es más, fue ratificado por una sentencia del Tribunal Supremo», defiende López Vázquez.

Los propietarios, en cambio, alegan que no hay ninguna disputa. «Los terrenos son de titularidad privada, por supuesto definitiva, legitimados y consolidados por el Registro de la Propiedad y el catastro territorial establecido por el Estado. Pertenecen a más de 150 agricultores que, gracias a sus cultivos responsables, han aportado prosperidad económica y estabilidad social a la zona», cuenta Antonio León, secretario de la comunidad de regantes Eugenio Olid. La actividad aporta 1.100 puestos de trabajo directos e indirectos y la comunidad lleva invertidos más de 45 millones de euros en los últimos años en infraestructuras hidráulicas.

El asunto ha estado años a caballo entre Gobierno y Comunidad. La Abogacía del Estado de la Dirección General del Agua publicó su propio informe en 2021, en el que respaldaba la titularidad pública de las 6.164 hectáreas. Sin embargo, según cuenta Yllescas, la secretaría de Medio Ambiente les deslizó en una reunión con el grupo ecologista que Transición Ecológica no entraría en el debate de fondo sobre la titularidad de los terrenos y que solo apoyaría la restauración del humedal con acuerdos de custodia del territorio y fondos. De hecho, en su Plan Estratégico de Humedales a 2030, aprobado el año pasado, el ministerio incluyó la Janda. El objetivo era restaurar «al menos 1.000 hectáreas» antes de 2030 a partir de actuaciones concretas «realistas» y contando «con todos los actores y administraciones».

Los regantes defienden que su actividad ya aporta beneficios a la avifauna de la zona, al permitir que haya agua superficial de forma constante a lo largo de todo el año. «Es posible gracias a una gestión adecuada del agua. Antiguamente, antes de la actividad agraria, había varios meses al año en los que el terreno estaba completamente seco», cuenta León.

Hace poco más de un mes la Junta de Andalucía abrió un expediente de investigación patrimonial que servirá para ver si los terrenos son públicos o no. En estos momentos se encuentra en fase de alegaciones públicas. «Nos sorprendió. Creemos que la Junta quiere resolver con celeridad», dice la portavoz de Ecologistas en Acción. «Al final del verano tendrá que quedar resuelto el expediente en un sentido u otro: o no reconocen la existencia del dominio público o reconocen que una parte del terreno regable que es de dominio público», resume el director de Amigos de la Janda.

En caso de que se resolviera en contra de los propietarios, la pregunta es hasta qué punto se puede recuperar el valor ecológico de la zona y hasta dónde puede llegar el daño a la economía local. El catedrático Recio Espejo y su exalumno Juan Carlos Castro, los dos originarios de la zona, fueron los primeros en estudiar el declive y la posible recuperación del espacio hace más de veinte años. Ellos abogaban por una «solución intermedia» en la recuperación del antiguo humedal. «Está todo muy modificado. Hay que plantear qué humedal queremos y cómo», explica el catedrático. En su opinión, lo que no tiene sentido es «poner un tapón» al desagüe e inundar las 6.000 hectáreas de nuevo. En su lugar habría que «compaginar la economía de la zona y la recuperación parcial de la laguna».

López Vázquez también descarta recuperar íntegramente los valores ecológicos previos. «Es prácticamente imposible», reconoce. No se van a demoler los tres embalses de la zona (el mayor, el del río Barbate) para que el agua vaya al humedal, por lo que no se reproduciría la antigua llanura de inundación, ni tampoco los periodos de inundación naturales. El biólogo de carrera cree que el nuevo Plan de Ordenación del Territorio que se elaboraría repartiría el agua y podría permitir la restauración de algunas zonas, mientras que otras podrían dedicarse a «unos aprovechamientos compatibles con la conservación de sus humedales, como la agricultura y ganadería ecológica».

Los agricultores aseguran que su prioridad es «la gestión integrada y sostenible de la zona», pero también avisan: «Sólo queremos seguir viviendo de nuestro trabajo, que es producir alimentos. Vemos cómo se ataca fácilmente a los agricultores, como está ocurriendo con nuestros compañeros productores de fresa en Huelva y las nefastas implicaciones que eso puede tener, y necesitamos que alguien defienda decididamente al sector frente a la irresponsabilidad», dice León. Sobre la mesa, una vez más, el debate entre ser humano y naturaleza.