El arzobispo de Burgos emplaza a las monjas cismáticas a abandonar Belorado en los próximos días o iniciará acciones legales

Iceta ha comparecido este jueves en la Archidiócesis burgalesa acompañado por la secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra señora de Aránzazu, Carmen Ruiz; el vicario judicial, Donato Miguel Gómez, y el departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Saiz García tras la excomunión de las diez «exmonjas» decretada el pasado sábado.

El prelado burgalés ha informado de que la Orden de las Clarisas transferirá fondos en las próximas jornadas a las cuentas de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio para poder hacer frente a los pagos ordinarios más inmediatos. En este sentido, ha matizado que en las cuentas que gestionaban las hermanas cismáticas, el saldo no superaba los 6.000 euros, cantidad claramente insuficiente para cubrir nóminas de las personas contratadas o pagar a proveedores. «Los saldos presentes en las cuentas corrientes a las que se ha tenido acceso son pequeños e insuficientes, por lo que es preciso inyectar liquidez», ha precisado Iceta, quien no ha podido cuantificar la cantidad que será necesaria. No obstante, ha reconocido que «tenemos una visión incompleta porque faltan muchas piezas del puzle».

También ha mostrado su preocupación y la de los familiares por las cinco hermanas mayores que se mantienen en el convento como comunidad clarisa fiel a la Iglesia. Por ello, de su cuidado se ocupará la propia Federación, una labor para la que ya se han ofrecido tres conventos diferentes de los que saldrían hermanas para que «la vida monástica católica sea restablecida convenientemente y siga viva en esta comunidad».

Noticia Relacionada

Belorado: cronología de un cisma, excomunión, okupación y desahucio a la vista

José Ramón Navarro-Pareja

Deciden no comparecer ante el Tribunal Eclesiástico y publican su decisión con un comunicado en redes

Durante una multitudinaria rueda de prensa, el arzobispo de Burgos ha contestado a algunos de los comunicados realizados por las ya «exmonjas», según él mismo las ha definido y sobre las que no se ha opuesto a que sean calificadas de «okupas». Así, ha rechazado que la Comisión Gestora, nombrada por el comisario pontificio y representante legal de los monasterios para realizar la labor encomendada por la Santa Sede, sea una instancia «constituida para la mediación y acercamiento de posturas en el conflicto», como la definen las cismáticas. «Es una apreciación particular que no se corresponde con la función de esta Comisión», ha matizado Iceta, para quien «la actitud de la comunidad no ha hecho posible diálogo alguno», ya que, ha recordado, dos de sus miembros fueron expulsados del monasterio e, incluso, se requirió la presencia de la Guardia Civil.

El prelado burgalés se ha detenido especialmente en las cuestiones relacionadas con la propiedad de los inmuebles para señalar que «son bienes eclesiásticos pertenecientes a los monasterios como entidades jurídicas públicas eclesiásticas al servicio de la comunidad de clarisas que sigue habitando estos monasterios». Por ello, ha precisado, «ni los estatutos de los monasterios de Belorado y Derio, ni los estatutos de la Federación Nuestra Señora de Aránzazu a la que pertenecen, ni las Reglas monásticas, ni las constituciones generales de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara recogen la posibilidad de alterar la naturaleza eclesiástica pública de los monasterios si no es con el consentimiento explícito y en la forma que dictamine la autoridad eclesiástica competente, en este caso, la Santa Sede».

En este sentido se ha referido a los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede que establecen que la legislación canónica actúa como Derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas, por lo que «en ningún caso los bienes propiedad de los monasterios podrían pasar a ser considerados como meros bienes para disponer libremente de ellos». De esta forma, Iceta entiende que no tiene sentido la constitución de comisión alguna, como piden las monjas cismáticas, pues «la legislación canónica y civil a este respecto, es clara y taxativa y no cabe otro recorrido más que el cumplimiento de la legalidad vigente». «El derecho civil convalida el derecho canónico», ha zanjado.

Por último, ha lamentado que las monjas de Belorado tienen bloqueado al arzobispado en su cuenta de Instagram, precisamente el único medio que utilizan para hacer llegar sus comunicados. Sobre la posibilidad de que sea el propio arzobispo de Burgos el que acuda al monasterio para entrevistarse con las excomulgadas, se ha dirigido a los periodistas para señalar con humor que «si estoy animado a pasar por el trance de que me eche la Guardia Civil, os aviso».

Pese a todo, ha insistido en que «la Iglesia seguirá esperando en oración con las puertas abiertas para que estas exreligiosas sean conscientes de la verdad de su realidad y emprendan el camino de vuelta a casa, donde serán acogidas con amor y misericordia».