Derechos Sociales quiere ampliar la deducción por maternidad hasta los 6 años

Esta medida la ha enmarcado en la ley de Familias que, según ha señalado, irá al Consejo de Ministros «en las próximas semanas» y que tiene tres objetivos principales: «apoyar a las familias, reconocer la diversidad familiar e impulsar la conciliación».

En cuanto al apoyo a las familias, Bustinduy ha indicado que el despliegue propuesto está pensado para proteger social, económica y jurídicamente a las familias «con el foco puesto en la lucha contra la pobreza infantil».

Así, ha destacado medidas como «la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes para familias con hijos e hijas de 0 a 3 años, incluyendo supuestos de adopción y acogida familiar» que, según ha precisado, fue aprobada en los Presupuestos Generales de 2023, pero que «forma parte del esquema de protección que la Ley de Familias se propone apuntalar».

El ministro ha precisado que, además de las madres que realizan actividades por cuenta propia o ajena, dadas de alta en la seguridad social o mutualidad correspondiente, también podrán acogerse a esta medida las madres que estén percibiendo prestaciones contributivas o asistenciales del Sistema de Protección del Desempleo.

A estas herramientas de renta por crianza se suma el complemento de ayuda para la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha recordado, actualmente, asciende a 115 euros al mes durante los tres primeros años de vida.

«Con estas dos medidas, deducción por maternidad y el complemento de ayuda a la infancia, hemos logrado una renta casi universal por crianza en el tramo de 0 a 3 años», ha subrayado el ministro de Derechos Sociales.

En todo caso, Bustinduy ha manifestado la «absoluta necesidad y urgencia» de que esta prestación por crianza sea «universal». «Esto es una excepción incomprensible en el ámbito europeo, que España no tenga una prestación de esta característica y desde luego será una prioridad de mi trabajo dar todos los pasos necesarios para que más pronto que tarde podamos resolver esa anomalía e incorporar esta prestación esencial para las políticas de protección a las familias y a la infancia», ha concretado.

Por otro lado, ha anunciado que propondrá una ley de Consumo Sostenible para regular el derecho a la reparación, la lucha contra el blanqueamiento ecológico o la protección contra prácticas desleales. «A menudo se comenta que la palabra sostenible es cada vez más manoso empleada para estrategias de 'greenwashing', hasta el punto que ha terminado por perder gran parte de su valor y de su significado. La intención del Ministerio es tomarse ese concepto en serio», ha señalado.

En este sentido, ante el «desafío mundial que representa la crisis climática y la crisis ecosocial», el ministro ha pedido «ser ambiciosos» para «generar modelos de consumo diferentes en los que las empresas deben mejorar sus prácticas» y «promover desde los poderes públicos el acceso de las personas consumidoras a una mayor y mejor información».

«Con esta iniciativa queremos concienciar, movilizar y regular el ámbito del consumo sostenible, garantizando una mayor transparencia y veracidad de la información ofrecida. Esto es una novedad de las políticas de consumo en España, puesto que hasta ahora la legislación nacional no contemplaba estos aspectos», ha subrayado Bustinduy.

A su vez, Bustinduy tildó de «urgente» el hecho de trabajar y tomar medidas para «mitigar» los «posibles efectos perjudiciales» del juego y abogó por «reforzar» la «protección» de los usuarios. A su juicio, los juegos de azar pueden suponer «grandes riesgos, sobre todo en edades tempranas».

En este contexto, avanzó que, entre otras iniciativas, su departamento va a proponer una ley de mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos, cajas botín y dispositivos similares. A este respecto, advirtió de que dichos sistemas pueden pasar «inadvertidos» en los videojuegos, pero «contienen elementos equivalentes a los juegos de azar». Por este motivo, estimó «necesario proteger a los menores de edad», con el fin de «impedir» la «activación» de este tipo de sistemas.

«Esta línea de actuación para garantizar un juego seguro es prioritaria para nuestro ministerio», sentenció, al tiempo que insistió en que «reforzar» la «protección» de los consumidores en este ámbito y «mitigar» los «posibles efectos perjudiciales» de esta actividad es una «cuestión urgente».

Por todo ello, avanzó que su gabinete tiene previsto «desarrollar» la Ley de Regulación del Juego «adaptándola al actual entorno digital» e «introduciendo» un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, como, subrayó, «ya tiene instaurado el modelo alemán».