La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género admite fallos «temporales» pero niega la desprotección a las víctimas

Durante su comparecencia en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, Martínez Perza ha defendido este jueves la gestión de su ministerio. Si bien admitió «fallos temporales», luego, aseguró que las víctimas no estuvieron desprotegidas en ningún momento. Insistió en que los problemas fueron un vacío «temporal» de información en 2024 durante el traslado de datos de una empresa adjudicataria a otra. Esta migración se hizo tras la licitación firmada en 2023 por el entonces departamento liderado por Irene Montero.

En concreto, se pasó de una UTE de Telefónica y Securitas Direct –que llevaba desde 2009 y no presentó una nueva oferta– a otra de Vodafone y Securitas. Es decir, admitió que se perdieron datos relativos a quebrantamientos de órdenes de alejamiento de forma temporal durante el trasvase. Datos que deben conocer los juzgados por su relevancia para los procesos judiciales de violencia de genero y sexual, sin embargo, esgrimió Martínez Perza que fue «temporal» y fue resuelto.

Pasó de puntillas por el resto de errores técnicos por los que le preguntaron los portavoces en la comisión del ramo, relativos a advertencias de manipulaciones de las propias pulseras, inexactitud en los rastreos GPS, problemas de batería y otros fallos técnicos detectados por jueces, fiscales y técnicos, de los que también era conocedor el Ministerio de Igualdad al haber sido comunicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los portavoces en la comisión, tanto aliados del Gobierno como oposición, consideran insuficientes las explicaciones de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como informó ABC, los profesionales que trabajan con estas pulseras llevan tiempo advirtiendo de su imprecisión, tanto que hay autoridades judiciales que reconocen que en el último año optaron por otras medidas de protección a las víctimas que consideran más eficaces.

«Es necesario aclarar que las dificultades detectadas afectaron a los procesos judiciales tramitados por delitos de quebrantamiento de pena o medidas de alejamiento ya sucedidos; no a la seguridad de las mujeres, no a las agresiones, no a delitos de violencia», explicó Martínez. Quiere decir que esas incidencias no provocaron agresiones ni situaciones de riesgo para las mujeres víctimas.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 recogió estos fallos en pulseras antimaltrato y órdenes de alejamiento, que, señalaban, provocó la pérdida del «elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento». En un comunicado posterior, y tras ponunciarse Igualdad, la Fiscalía rebajó la gravedad de las incidencias.

A ello se acogió la número tres de Redondo: «Es falso que exista un elevado número de sobreseimientos y absoluciones de agresores, lo que se produjo fue una dificultad temporal para obtener la base de datos de la anterior empresa adjudicataria, información puntual para ciertos procedimientos judiciales, es una información que se aporta al juzgado para documentar posibles delitos de quebrantamiento y pudo remitirse más tarde».

«Cuando hubo incidencias hubo reuniones y una labor de seguimiento en todo momento por parte de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que hace servicio de constante seguimiento (...) Quiero dirigirme personalmente a cada una de ellas para pedirles disculpas por el ruido en torno a los dispositivos COMETA y para poner a su disposición a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género», añadió.