Jueces, sobre el fiasco de las pulseras antimaltrato: «Se ha confiado ciegamente en un dispositivo que no funciona»

«Ni siquiera se puede decir que fuera un secreto a voces porque no era un secreto. Ya lo sabíamos todos y habíamos avisado al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo a su vez al Ministerio… Es algo que venía sucediendo en el tiempo: por un lado la pérdida de esos datos de geolocalización, que ha dado lugar a una gran cantidad de archivos y absoluciones; y por otro el fallo propio de las pulseras, que no detectan la proximidad del agresor y que ha supuesto un incremento notable de esos fallos en el último año y medio respecto a las pulseras anteriores», dice Fernando Portillo, juez en Melilla y portavoz de Foro Judicial Independiente.

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Beatriz L. Echazarreta

Portillo recuerda que el Poder Judicial carece de medios, que es el Ejecutivo quien tiene que proporcionarlos, y que los jueces se han limitado a comunicar los fallos a su órgano de gobierno, que, a su vez a través del observatorio, ha dado cuenta de ello a las diferentes delegaciones de gobierno y al propio Ministerio. «Que no se haya hecho nada ya escapa de nuestra responsabilidad», señala. Lo que sí tiene claro es que «urge una explicación a las víctimas que se creen protegidas». «Hay que depurar responsabilidades, por lo menos las administrativas. Si contrato algo que no funciona, al menos tendría que responder de ese mal funcionamiento que he contratado».

Portillo reconoce que evidentemente cuando se trata de medios técnicos, siempre pueden dar fallos. «De hecho en Melilla nunca hemos utilizado este dispositivo porque al ser de geolocalización por vía telefónica, muchas veces la línea marroquí interrumpe la transmisión de datos. Eso al margen de las distancias en Melilla: constantemente estaría dando falsas alarmas e inquietando a la víctima». Sin embargo, en el último año y medio estos fallos son clamorosos. «Sabemos de víctimas que incluso han pedido que se les quite», dice. A ello se suma que la valoración policial de «riesgo extremo» de una mujer que no lleva pulsera baja cuando se le pone porque se la presupone más protegida, cuando se está viendo que no es así.

La juez de violencia sobre la mujer en Pamplona Esther Fernández Arjonilla se hace eco del estrés que ya de por sí supone para la víctima este dispositivo. «No es agradable ir por la calle andando y con el agresor a 500 metros recibir una llamada del centro Cometa: '¿Estás sola? ¿con quién estás? Entra a una tienda y espera a que te llamemos'. Esa incertidumbre y no poder tener una vida entre comillas normalizada altera mucho a la víctima».

Relata que desde que se produjo el cambio, con la migración a finales de 2023, los problemas de cobertura han sido mayores. «Yo me he encontrado con cosas que nunca me habían pasado; que te diga la Policía que acompaña al agresor a la casa a retirar enseres y que una vez allí el dispositivo tarde en sonar 5 minutos o que una víctima te diga que se ha encontrado con su agresor cara a cara en el centro de Pamplona y el dispositivo no haya sonado». Todas estas incidencias que han aumentado en esos últimos años suponen que la víctima reciba más mensajes y pase por una mayor victimización «porque no hay que olvidar que hay agresores que han utilizado el dispositivo para alterar su vida».

Como Portillo, la juez recuerda que la valoración de riesgo extremo disminuye cuando se acuerda un dispositivo telemático, porque se parte de su efectividad. «Hay que tener en cuenta que la pulsera no es la solución, es un control telemático de una medida judicial. No se trata de ser alarmistas. Nosotros ya avisamos cuando el Observatorio de Violencia sobre la mujer nos pidió un informe de las incidencias de las que hubiéramos tenido conocimiento», apunta.

Dada la revictimización que, a su juicio, produce la pulsera y el número de incidencias que registra, Fernández Arjonilla reconoce que en su día a día intenta acordar otras medidas alternativas que permitan la seguridad y la protección de la víctima y «solamente en aquellos casos en los que no tengo otro mecanismo de asegurar el control, acuerdo la geolocalización de la víctima y del agresor, pero el uso de estos dispositivos se está quedando muy residual«, señala. Sin señalar culpables, la juez sí apunta a que «cuando se ofrece un servicio hay que hacerlo con garantías», en referencia a la adquisición de las pulseras.

Por su parte, Francisco Gutiérrez, también juez de Violencia sobre la Mujer en Sevilla, distingue dos aspectos diferenciados en la polémica de las pulseras: la migración de datos, por un lado, y el funcionamiento de los dispositivos, por otro. El primero se produjo con el cambio en el proveedor del servicio una vez que el Ministerio de Igualdad llevó a cabo un nuevo contrato rescindiendo el anterior y adquiriendo las nuevas pulseras. Hay un periodo de tiempo, de finales de 2023 a febrero de 2024 en el que «los datos que aparecían almacenados se perdieron y cuando se pedía a Cometa esa incidencia no la podía dar porque no aparecía», explica el juez. Eso afectó a algunos procedimientos en trámite, que se vieron abocados al archivo. Por ejemplo, si la víctima denunció en aquel momento que el agresor estaba en la puerta de su domicilio y no se disponía de la geolocalización, no se tenía acceso a esos datos, por lo que, salvo que hubiera otro tipo de prueba, que normalmente no la hay, no se podía acreditar que se hubiera producido ese quebrantamiento.

Pero más grave es, a su juicio, el problema del funcionamiento. «Desde que se adquieren estos nuevos dispositivos estamos observando que se producen de manera recurrente ciertos errores». Menciona la localización errónea del agresor, falsos positivos en la víctima, manipulación, dilaciones a la hora de implantar esa medida desde que es acordada por el juez... «En muchas ocasiones hemos tenido que remitir el correspondiente oficio al centro Cometa para que nos informara y hemos visto que no coincidía lo que nos decía y la realidad».

Ese error del dispositivo, continúa Gutiérrez, influye evidentemente también en la protección y en el riesgo que tiene la víctima en estos casos.

El juez apunta que ya se venía avisando de estos problemas. Lo hicieron las comisiones provinciales de violencia de género de todas las ciudades y los presidentes de las audiencias provinciales de toda España en sus reuniones de mayo de 2024 y marzo de 2025.

«No sabemos si es un problema del dispositivo, si es un problema de cobertura, si es un problema de señal de la compañía, si realmente es un problema de falta de recursos porque el centro documental no tiene los trabajadores que debería tener... Lo único que queremos es que se solucione, que se solvente este problema de una manera eficaz para que de nuevo podamos utilizar esta pulsera, que es un instrumento importante para garantizar las medidas de alejamiento».

Recuerda Gutiérrez que aparte de la pulsera hay otras medidas cautelares igualmente eficaces para proteger a las víctimas y que los jueces acuerdan en cada momento la más adecuada para la víctima. «Yo no puedo matar una mosca a cañonazos», dice. Así, explica que si la víctima, por ejemplo, recibe comunicaciones continuas por Facebook o por redes sociales, en este caso lo oportuno es acordar la prohibición de comunicación. En cambio, si la víctima relata un hostigamiento continuo en su domicilio, en su lugar de trabajo, lo oportuno es acordar una medida cautelar de prohibición de aproximación. Si el riesgo es extremo, ha sufrido una agresión previa y hay una situación objetiva que permite garantizarse de una manera más contundente la protección de esa persona, «a lo mejor lo que procede es la prisión».

El juez, con 18 años de experiencia en violencia sobre la mujer, reconoce que en los últimos meses sólo ha acordado dos pulseras porque ha considerado medidas más adecuadas para proteger a la víctima. No niega que sus decisiones se han visto condicionadas por los errores en los dispositivos, que, recuerda, como sus compañeros, que disminuye la valoración policial de riesgo de la víctima. «Se ha confiado ciegamente en algo que no funciona», concluye.

Por último, la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, recuerda que cuando se acuerda una medida de este tipo es porque la víctima está realmente en peligro: «no es una medida de alejamiento cualquiera, estás controlando los movimientos de esa persona», explica. «Por tanto cuando lo adoptas es que hay una situación de riesgo real y resulta que falla estrepitosamente, pues hombre, mal asunto», sobre todo porque «estás ofreciendo a la víctima una protección ficticia».