El Gobierno se sacude los fallos en las pulseras antimaltrato y acusa al PP de generar alarma social

«Bulos, falsedades y mentiras». Ese es el mantra, como sucede con los casos de corrupción que rodean al entorno de Sánchez, al que se han abrazado todos los ministros. Desde la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hasta la propia titular de Igualdad, que este miércoles encara el debate de su reprobación, precisamente, por ocultar los errores de los que alertó la Fiscalía General del Estado en su memoria anual. El Gobierno no la ha defendido con especial entusiasmo, de hecho nadie del Consejo de Ministros la ha mencionado expresamente durante el rifirrafe parlamentario, pero sí ha hecho una enmienda a la totalidad a la gravedad del tema y ha acusado a la oposición de generar alarma social.

Según la memoria de la Fiscalía, durante la migración de datos con el cambio de proveedor de las pulseras en 2024, cuando pasó de Telefónica a una unión temporal de empresas de Vodafone con Securitas Seguridad, se produjo un vacío informativo que eliminó las pruebas recogidas sobre quebrantamientos de las órdenes de alejamiento de los maltratadores sobre sus víctimas. Pero es que además, desde el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) advirtieron que algunos errores en los dispositivos de control telemático generaron cambios bruscos en la geolocalización de los agresores, algunos de los cuales incluso consiguieron quitarse o apagar sus pulseras.

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El Gobierno ha minimizado el caso desde el principio, desde que trascendió mediáticamente la semana pasada, y ya alegó que tan solo afectó a un uno por ciento de las mujeres víctimas de maltratadores a los que se les impone una orden de alejamiento. Este miércoles, en una sesión de control en la que el resto de asuntos han quedado en un segundo plano —con menciones del PP al procesamiento del hermano del presidente, David Sánchez, y a la propuesta de juicio con jurado popular contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez—, Redondo ha garantizado que las «incidencias temporales» en el sistema «hayan puesto en peligro la vida de las mujeres».

Antes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le ha preguntado por el asunto a la vicepresidenta Montero: «¿Sabe lo difícil que es para una mujer denunciar a un agresor por miedo? Por ella, por su agresor, por su familia, miedo a un agresor que lleva años vejándola, haciéndole pensar que si le pega, es por su culpa. Y cuando denuncia, el sistema le falla. La ministra Redondo lo sabía y lo tapó. Después llegaron las mentiras, dijeron que era un uno por ciento. ¿Pocas? ¿Casi cincuenta les parecen pocas? 'Ni una sola mujer se ha quejado', dijo Patxi López, espero que le persiga toda su vida política».

Aplausos en la bancada popular, respuesta aguerrida de Montero: «El PP solo habla de las mujeres cuando se trata de intentar generar una alarma infundada igual que hicieron con la ley del 'sí es sí'. Ustedes están pactando con un partido que niega la violencia machista. Votan en contra de todas las medidas que afectan a las mujeres, como el salario mínimo interprofesional. No creen en la causa de las mujeres, no creen en el feminismo. Las mujeres han estado protegidas en todo momento, quieren causar una alerta social que vuelve a doblar el dolor que las mujeres sienten por tener que estar protegidas de sus agresores».

En la réplica, Muñoz ha acusado a Montero de situarse «en el lado corrupto e hipócrita de la historia». La vicepresidenta ha insistido en situar al PP en el 'no' a todo, incluida la proposición de ley que defendió sin éxito esta legislatura el PSOE para perseguir el proxenetismo. Se olvidaba la ministra de Hacienda de una votación más reciente, la del real decreto ley para ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de hijos, en la que los populares se posicionaron a favor.

Montero todavía ha encarado preguntas de los populares Juan Bravo y Elías Bendodo, por la economía y el caso Koldo, de José María Figaredo (Vox), por impuestos, y de Josep Maria Cruset (Junts), por los presupuestos generales del Estado. En esto último, Montero se ha comprometido una vez más a presentarlos y le ha prometido que serán buenos para Cataluña: «Contribuyan con sus votos y sumen». Poco ha durado el oasis para el Gobierno, porque las pulseras casi han monopolizado la sesión.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aseverado que Redondo ni siquiera debería estar sentada en su escaño. A él le respondía el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien le ha llamado «ultra» y le ha avisado que no aceptará «lecciones» de feminismo de un partido que votó en contra de la ley del aborto en los 80 y de la Ley de Paridad el año pasado. El intercambio de golpes ha discurrido por los mismos derroteros con la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien le ha echado en cara que pongan «en cuarentena» la versión de las víctimas.

Bolaños ha invitado a ambos a escuchar a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Erice, si bien esta dijo que sí informó de los fallos en las pulseras antimaltrato. También han aludido al tema los populares Javier Merino y Mirian Guardiola —esta última ha hablado de «pulseras de AliExpress», lo que ha dado pie a la ministra de Igualdad a desmentir que se comprasen por esta plataforma—, pero han sido sus compañeros Jaime de los Santos y Silvia Franco los encargados de batirse en duelo con Redondo.

«¿No revictimizan a las víctimas cuando les dicen que no las creen? Decenas de miles de mujeres sufren la lacra de la violencia machista y eso nos interpela a todos, pero que haya 4.000 pulseras que no funcionan solo les interpela a ustedes», le ha espetado De los Santos, a lo que la titular de Igualdad ha contestado: «Le ruego que dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas con bulos, falsedades y mentiras. Es falso que ninguna mujer con pulsera haya sido asesinada. Hoy quieren reprobarme a mí, pero no quieren reprobar al señor Mazón, con doscientas víctimas a sus espaldas. No es verdad que las incidencias temporales hayan puesto en peligro la vida de las mujeres. Las mujeres están protegidas y en todo momento saltan las alertas».

«Es necesario que haya habido una mujer asesinada? ¿Le está diciendo a las mujeres que han tenido que cambiar siete veces la cerradura de su piso que eso no ha ocurrido? Eso es violencia institucional. Dimita y si no, que la cesen de inmediato», le ha repuesto Franco, a quien la ministra le ha dedicado otra pulla: «Lo único que hay aquí es un feminismo de pacotilla que sale por la puerta cuando Vox entra por la ventana». Redondo, cuya reprobación será debatida y votada este miércoles, comparecerá en el Senado la próxima semana para dar explicaciones. De momento, el Gobierno minimiza el caso y habla de alarma social.