Una veintena de asociaciones suman fuerzas para proteger el castellano en España

El nuevo frente de defensa del castellano está integrado por las siguientes asociaciones: Baleares (Plis, Educación por favor y Sociedad Civil Balear), Comunidad Valenciana (Docentes por la Libertad Lingüística e Idiomas y Educación), Cataluña (S'ha Acabat, Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Segadors del Maresme, Ames, Docentes Libres, ASIC-ASEC, Aixeca't-Ampas Paralelas, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Alternativa Progresista y Plataforma la Silenciosa) y Navarra (Asociación Pompaelo y Sociedad Civil Navarra). También forman parte de la nueva plataforma dos entidades más de ámbito nacional: CLAC y Estudiantes con la Libertad.

Desde Escuela de Todos, su portavoz Ana Losada, denuncia en declaraciones a ABC «el uso partidista de las lenguas y la exclusión del español» en las comunidades con otra lengua vehicular además del castellano. Explica, asimismo, de dónde surgió la idea de dar el salto a nivel nacional. «Nuestra decisión de crecer y ampliar Escuela de Todos al territorio nacional nace a raíz de la manifestación del 18-S en Barcelona y del acto en Bruselas, en el que participamos varias de las asociaciones que conformamos ahora la plataforma», dice Losada.

A su entender «el uso partidista de las lenguas y la exclusión del español es cada día más evidente. Cataluña es el referente para quienes tienen este objetivo, pero no es ni mucho menos la única comunidad autónoma que lo sufre, y muchas veces impide la visibilidad del resto. Escuela de Todos pretende concienciar a los ciudadanos de que no podemos asumir el relato impuesto por el nacionalismo, según el cual unos hablantes tienen más derechos que otros».

«Ha llegado el momento de decir ¡Basta! Es posible respetar los derechos de todos, no debemos dejar que utilicen las lenguas para enfrentarnos. Salimos dispuestos a dar la batalla, lo hacemos motivados por haber unido fuerzas de diferentes comunidades y también con una representación transversal de la comunidad educativa: profesores, alumnos, padres, y defensores de los derechos cívicos», señala la portavoz de EdT.

Julián Ruíz-Bravo, secretario de la asociación PLIS Educación considera un «problema de todos los españoles» la discriminación de la lengua castellana. «La expulsión del español, o castellano, como lengua de enseñanza es una discriminación que afecta no solo a los ciudadanos de ciertas comunidades autónomas bilingües sino a todos los españoles».

A su entender, «urge acabar con la aberración pedagógica de la llamada inmersión obligatoria, allá donde se aplica y allá donde se pretende a medio plazo aplicar, y fijar por ley de forma clara e inequívoca que el español debe ser siempre vehicular de enseñanza en cualquier parte de España, de tal forma que se garantice la escolaridad en castellano al alumno gallego que se escolarice en Guipúzcoa, al vasco que se traslade a Baleares o al andaluz o chileno que se instale en Cataluña».

«Dos son las lenguas oficiales de las comunidades bilingües, además de maternas de la mayor parte de la población; pues dos han de ser las lenguas vehículares de la enseñanza», subraya Ruíz-Bravo y añade que «la escuela no es lugar para experimentos sociales, sino el lugar de aprendizaje, por lo que no puede privarse a los alumnos del vehículo idóneo de aprendizaje, la lengua materna, sea esta el castellano o la otra lengua oficial«.

Por su parte, Borja Martínez Gómez, de Estudiantes Con la Libertad, considera que la unión de esta veintena de asociaciones en pro de un único interés «supone un gran avance a la hora de defender los derechos de todos los estudiantes, dotando a estos de la oportunidad de estudiar la segunda lengua nativa más grande del mundo y la cuarta lengua más hablada».

«Ha llegado la hora de decir: ¡Basta!«, seguiremos creciendo y trabajando para que ningún estudiante sea perseguido, mal visto o se vulnere su derecho a estudiar en castellano como lengua vehicular en toda la enseñanza en España», asevera en declaraciones a ABC.

Desde la asociación de profesores de Secundaria AMES, su presidente Antonio Jimeno celebra la unión de todas las entidades. «Nos hemos encontrado en diferentes comunidades autónomas con los mismos problemas que han aparecido siguiendo el mismo proceso. Hay un plan para cambiar nuestro país a base de impedir que haya una lengua común y posiblemente una centrifugación ideológica. Pensamos que juntos es mejor para afrontar los problemas. Esto implica tolerancia con las diferencias. Esto siempre es mejor que ir hacia comunidades pequeñas de lengua y pensamiento único. Esperamos que la sociedad se dé cuenta y defienda el tesoro de compartir una lengua y defender la libertad del individuo», concluye Jimeno.