El Defensor del Pueblo urge a la Generalitat a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano en las aulas

«Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, se le comunica que se ha requerido la remisión urgente de la misma», ha notificado el Defensor del Pueblo a la entidad en un escrito recibido el 14 de octubre.

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«El pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo atendió nuestro escrito contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, ante el riesgo de que -pese a la suspensión cautelar del decreto decretada por el TSJC al admitir a trámite el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)- la Generalitat esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano», denuncia la entidad.

La institución que dirige Ángel Gabilondo le respondió que «en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña».

SCC recuerda que «en septiembre de 2023, en la fase de información pública, ya actuamos en vía administrativa para evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. En las correspondientes alegaciones -no atendidas por la Generalitat- alertábamos de sus efectos perniciosos».

«Tal como denunciamos en su momento, -prosigue SCC- con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas -como la enseñanza de lengua y literatura castellana- y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo».

La entidad recuerda también que «el plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo».

En este sentido, SCC alerta que «estas medidas derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua. El artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Un derecho y un deber fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia».

«Asimismo, el decreto contraviene numerosas resoluciones judiciales que aseguran una educación bilingüe y equilibrada e ignora que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce los dos idiomas como lenguas cooficiales», concluye Sociedad Civil Catalana. El pasado 10 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló los artículos claves del decreto, que estaba suspendido cautelarmente, y que sustenta el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario.