El Defensor del Pueblo denuncia la falta de atención de la Justicia a las víctimas de violencia de género «mayores»

El informe señala que estas mujeres mayores viven años de violencia en sus matrimonios «en situación de dependencia económica respecto a su marido o exmarido» y que «padecen aislamiento social y familiar». Es una «violencia oculta», explican desde el Defensor del Pueblo, «perpetrada a lo largo de años, que está socializada y normalizada», incluso por las propias víctimas, debido a una educación para ejercer el rol de los cuidados que esconde, en realidad, la «sumisión» al que aporta recursos económicos y que, en su gran mayoría en los matrimonios mayores, son los hombres.

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Gabilondo también ha reclamado «adaptar» los servicios al detectar que son perfiles mal atendidos: «Quienes consiguen pedir ayuda se enfrentan a servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad, porque tienden a partir del presupuesto de una víctima más joven, que sufre una agresión en un momento puntual y que es capaz de afrontar por sí misma una nueva vida y alcanzar su independencia económica».

Muchas de las quejas que llevan a la institución son por víctimas de estas características, que denuncian que tienen que pasar por procesos administrativos para los que por razón de edad, salud, movilidad o dificultades tecnológicas no están capacitadas y terminan atascándose y dejando atrás el proceso para buscar ayuda. El Defensor del Pueblo reclama así a los ministerios unos servicios y unas fórmulas de tramitación que faciliten el acceso a estas víctimas y no solo se enfoquen a un perfil más joven.

Y especial mención de Gabilondo en este contexto a la «violencia de género económica», que hace referencia a «la privación intencionada y no justificada legalmente» con la que «el agresor persigue el sometimiento de la mujer, vigilando y limitando su acceso a los recursos económicos comunes». Una de mas más sufridas por mujeres mayores. Reclama al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños y al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo que la situación especial de víctimas que tienen estas mujeres mayores estén definidas en la ley y en las políticas públicas para que sea más fácil su acceso. Precisamente esta semana, la ministra Redondo aseguró que su departamento trabaja para llevar a la comisión de Igualdad del Congreso una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género que introduzca los conceptos de violencia económica y vicaria, entre otros.

El ministerio de Justicia también comunicó al Defensor del Pueblo que está previsto un anteproyecto de «Ley orgánica de medidas complementarias para reforzar la protección frente a la violencia de género» que incluiría modificaciones para que la violencia económica se contemple en la Ley Orgánica 1/2004. «Uno de los problemas más repetidos ha sido el relacionado con los retrasos en la disolución judicial de bienes gananciales. Son casos que afectan, sobre todo, a mujeres mayores, que tardan años en conseguir la ejecución forzosa de sus sentencias de divorcio», lamentan en el Informe del Defensor del Pueblo.