Críticas a la nueva Selectividad: «Aumentará las desigualdades entre comunidades y seguirá siendo injusta»

La reforma del acceso a la Universidad bendecida por el Gobierno se adelanta a la propuesta que ultima el PP para generalizar una prueba común en sus territorios, que se concretará el próximo lunes en Salamanca y que será mucho más contundente en términos de unificación de criterios entre territorios, según avanzó el presidente popular Alberto Núñez Feijóo en enero cuando lanzó las líneas generales del proyecto.

Pedagogos, profesores y entidades educativas consultadas por ABC coinciden en que la reforma aprobada por el Gobierno, que establece criterios comunes de estructura en las pruebas y también unifica los criterios de corrección en todas las comunidades, «no solo no resolverá las desigualdades vigentes en el acceso a la universidad en España sino que las aumentará». Otras voces del sector académico consideran, sin embargo, que el camino abierto por la nueva PAU es el correcto y que se avanza en la dirección adecuada, aunque advierten de «posibles distorsiones» en el sistema fruto del traspaso de competencias a las comunidades.

Antonio Jimeno, presidente de la asociación de docentes de secundaria AMES, da por sentado, «tras revisar con rigurosidad la letra pequeña del decreto que despliega la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)» que con el nuevo modelo «no solo se seguirán presentando diferencias de dificultad entre las comunidades autónomas sino que éstas podrán ser mucho mayores que las actuales». Y explica las razones.

Según el presidente de AMES, que lleva años reclamando que se instaure una Selectividad única en España, con las reformas introducidas por el Ministerio «no se establecen las llamadas matrices de especificaciones, es decir un listado detallado de los temas que entran en cada materia y del porcentaje en el que cada uno de ellos ha de influir en la calificación final del examen«. »Por ello, –añade el docente–, sin ellas es muy difícil que en todas las comunidades autónomas se examine a los alumnos de unos mismos contenidos«.

Por otro lado, Jimeno advierte de que «se establece un modelo de pruebas de tipo competencial sin especificar los contenidos a saber y los niveles de exigencia a aplicar, por lo que aumentará la transversalidad de las preguntas respecto a los saberes que se consideren básicos en cada comunidad autónoma«. Respecto a la homogeneización de los criterios de corrección, el presidente de AMES recuerda que en el nuevo modelo que recoge el decreto »no se establecen medidas que aseguren que se seguirán los mismos criterios de corrección en todas las comunidades«, »ni instrumentos de coordinación entre ellas que permitan asegurar que se cumplen los principios de igualdad de oportunidades, capacidad y mérito que son indispensables dado que estas pruebas permiten el acceso a todas las universidades españolas«.

El docente añade que «en base a los aspectos antes mencionados es previsible que aumente todavía más la heterogeneidad de las pruebas, en cuanto a los contenidos básicos y en cuanto a la dificultad«. Asegura, asimismo, que »las calificaciones que se den en las distintas comunidades autónomas no serán homologables y, por lo tanto, no se deberían utilizar para determinar la prioridad de entrada en las universidades españolas«.

Como «unica solución para intentar mejorar esta situación» Jimeno propone que las comunidades que lo deseen, voluntariamente se pongan de acuerdo para hacer la misma PAU. «Esto sí aseguraría que las plazas universitarias se darían en función de la capacidad de los alumnos, es decir se respetaría el principio básico de igualdad de oportunidades», precisa. «Por otro lado, -añade- permitiría no tener que repetir el trabajo de la elaboración de las pruebas en cada una de las comunidades autónomas, bastaría formar una comisión con especialistas de cada materia procedente de cada comunidad, que se podría mantener durante varios años para aprovechar la experiencia«.

El profesor Iván Teruel, de Docentes Libres, coincide con Jimeno en sus críticas al nuevo modelo de Selectividad. «El Real Decreto que regula la nueva Selectividad, a pesar de que en su preámbulo se afirma que la finalidad es 'garantizar la homogeneidad de la prueba y, con ella, la igualdad de oportunidades de quienes participen en ella', no parece que vaya a resolver, antes al contrario, la disparidad existente entre las pruebas de acceso de las distintas comunidades autónomas«.

Teruel considera que las disposiciones de la nueva PAU son «demasiado generales». «Una de las novedades es el llamado 'diseño competencial' de los ejercicios, que debe evaluar el grado de adquisición de las distintas competencias. También se dispone que dichos ejercicios requerirán de la creatividad del alumno y de su pensamiento crítico, reflexión y madurez. Como se ve, son disposiciones muy generales en las que ni siquiera hay orientaciones sobre contenidos específicos o sobre el porcentaje que debe asignarse a cada uno de los bloques de contenido del currículo de las asignaturas«, denuncia el portavoz de Docentes Libres.

Considera también perjudicial que se «deje un amplio margen de maniobra a la hora de confeccionar el tipo de ejercicios». «La única disposición concreta es que el conjunto de preguntas de respuesta abierta y semiconstruida debe alcanzar el 70% del total. De nuevo, la flexibilidad es notable. Por lo que parece, no solo no se busca homogeneizar la estructura sino que parece que aumenta el margen de decisión de las comunidades«.

«Por otra parte, –añade Teruel– aunque se establece que toda prueba deberá constar de un único modelo de ejercicio (novedad en el nuevo decreto), se concede la posibilidad de dejar escoger al alumno entre distintas preguntas de un mismo apartado. Hay que recordar que la opcionalidad incide directamente sobre el grado de dificultad de la prueba: a mayor opcionalidad, más posibilidades de poder descartar aquella parte de la materia que peor domine el alumno. No se establece ningún tipo de orientación ni tope. La opcionalidad, por tanto, queda a criterio de cada comunidad«.

Critica, igualmente, la falta de concreción respecto «a la penalización por errores de expresión». «No hay ninguna indicación sobre penalización concreta por errores específicos y el porcentaje atribuido a la expresión también es flexible, de modo que algunas comunidades podrían otorgarle un peso mayor». «¿A partir de cuántos errores se perdería ese tanto por ciento de expresión?, ¿Descontará lo mismo un error de grafía que uno de acentuación?, ¿Y estos lo mismo que uno gramatical? Estas indicaciones, además, se refieren a cualquier asignatura. No solo no se resuelve el problema con la disparidad absoluta en los criterios de corrección ortográfica sino que parece aumentar la discrecionalidad«, indica Teruel.

Respecto a los criterios de corrección tampoco hay, a su juicio, «indicaciones concretas sobre su grado de precisión, sobre si la puntuación debe estar fraccionada, etc... La novedad es que cada prueba deberá incluir los criterios de corrección y calificación (otra novedad), pero para la elaboración de los mismos parece que vuelve a remitirse al criterio de las comisiones organizadoras de cada comunidad. Por tanto, el nuevo real decreto no parece que vaya a resolver ninguna de las principales diferencias que había hasta ahora entre las comunidades«, concluye el profesor.

El rector de la Universidad Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, celebra en declaraciones a ABC el avance que supone la reforma pero advierte de que las competencias autonómicas serán una traba hacia ese proceso. «Nuestra postura es favorable a que la Selectividad tienda a ser más uniforme, para garantizar la mayor igualdad de oportunidades entre los estudiantes de toda España. Por lo tanto, vemos muy positivamente que haya contenidos y criterios comunes. Ahora bien, sabemos que hay cuestiones que no podrán ser objeto de ese proceso, porque sigue habiendo competencias autonómicas en especial en el caso de los exámenes de lengua«, dice el rector.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Barcelona (UB), Marta Ferrer, considera que el nuevo decreto «pone el foco en la evaluación de las competencias específicas asociadas a las diferentes materias, tomando como referencia a los descriptores operativos definidos por cada una de estas competencias» y, en este sentido, «la homogeneidad de las pruebas en los distintos territorios queda garantizada siempre y cuando se sigan las directrices marcadas«.

Por su parte, Jordi Barbé, Comisionado del rector para las Relaciones con la Enseñanza Secundaria y el Acceso a la Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pone el acento en los retos del nuevo modelo. «Se ha puesto énfasis en la necesidad de que el alumnado demuestre en sus respuestas capacidad de pensamiento crítico y reflexión en las respuestas que dé: esta es una cuestión que sin duda planteará un reto a todo el sistema universitario porque habrá que homogeneizar al máximo criterios de corrección con el objetivo de abolir la dispersión que puede introducirse en las calificaciones fruto de interpretaciones particulares de los miles de correctores que participan en las PAU en todo el distrito único».

Diferencias al margen, expertos, docentes y autoridades académicas consultadas por este diario coinciden en que la nueva Selectividad que arrancará su andadura en 2025 tiene retos a afrontar y «un largo trecho por recorrer para garantizar un acceso justo e igualitario al sistema por parte de todos los alumnos españoles».