Cataluña redobla su ofensiva para blindar el catalán en la escuela ante «el avance de la ultraderecha»

Se trata de un nuevo decreto normativo que probablemente se aprobará en abril de 2024 dirigido a blindar la inmersión en la escuela y a «dar más seguridad jurídica» a las direcciones de los centros a la hora de cumplir los planes de la Consejería de Educación para reforzar el uso de la lengua autonómica dentro y fuera de las aulas. Entre otras medidas, el decreto señala que es el departamento y no los directores de los centros el máximo responsable de los Proyectos Lingüísticos de Centros (PLC), lo que les liberaría de cualquier responsabilidad jurídica ante cualquier incumplimiento judicial.

Con este nuevo decreto y otras nueve medidas para reforzar el uso del catalán en el ámbito educativo, la Generalitat pretende «rearticular la defensa de un modelo de escuela catalana que está en riesgo ante »el avance de la ultraderecha« como ha ocurrido en la zona de La Franja aragonesa, en la Comunidad Valenciana y en las Baleares«, ha dicho la consejera catalana de Educación, Anna Simó. La nueva ofensiva del Govern se produce días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hiciera firme un 25 por ciento más de castellano en tres nuevos centros que tenía concedida esta proporción con medidas cautelares. Simó acusó al Alto tribunal catalán de «hacer política» con el anuncio de los tres fallos en plena campaña electoral.

El decreto establece también que los proyectos lingüísticos de los centros «no podrán cambiarse cuando el curso ha empezado», ni siquiera cuando una sentencia o unas medidas cautelares dicten que debe modificarse, y que, a partir del curso 2025-2026 todos los profesores que accedan a la función pública docente deberán acreditar el nivel C2 de catalán.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado que el decreto nuevo del Govern demuestra que «no existe autonomía del centro». «No es verdad que los centros puedan o deban adaptar los PLC a la realidad sociolingüística. Esto ya quedo claro con el decreto-ley y la ley que está ahora en manos del Constitucional, pero ahora además se dice que será el departamento el responsable directo de cada proyecto», denuncia la AEB. Advierte, asimismo a la consejera Simó de que «en ningún caso ni la dirección del centro ni la consejería pueden congelar la aplicación de una resolución judicial». «Las medidas cautelares dictadas por el TSJC se han de aplicar siempre en un mes de plazo. Ninguna legislación puede anteponerse a las resoluciones judiciales. Quien lo haga se enfrentará a la justicia y por supuesto a nuestra denuncia«, arguye la entidad.

Al margen del decreto, la Generalitat ha anunciado otras medidas para 'catalanizar' la escuela, entre ellas, un refuerzo extra del sistema de acogida del alumnado recién llegado para asegurar que domina el catalán, así como un plan de choque que incluye la formación para este propósito del profesorado que está en estas aulas.

Otras iniciativas planteadas son mejorar la competencia en catalán del profesorado en general; incentivar el uso de la lengua autonómica entre las familias; hacer extensivo el plan de impulso que funciona en plan piloto a la totalidad de los centros, y seguir con los Planes Educativos de Entorno (PEE), para que, con la complicidad de los Ayuntamientos el uso del catalán se extienda a las extraescolares y las actividades de ocio del alumnado, entre otras medidas.

La consejera de Educación Anna Simó, al frente del departamento desde hace solo un mes, adelantó hoy a los medios la estructura del nuevo decreto, que despliega el artículo 2 de la actual Ley Educativa de Cataluña (LEC) de 2009, que fijará a partir del próximo curso 2023-2024 el régimen lingüístico en las escuelas.

La nueva normativa, que recoge algunos preceptos del decreto ley que está en el TC sobre cómo deben «elaborarse, aprobarse, evaluarse y revisarse» los proyectos lingüísticos de centro pretende, entre otras cosas, «dar seguridad jurídica» a los directores ante posibles dictados judiciales que le obliguen a cambiar el régimen de lengua en sus centros.

En este sentido, el nuevo decreto, que tendrá rango normativo y no legal y que se aprobará previsiblemente en abril de 2024, precisa que «el máximo responsable de los proyectos lingüísticos de los centros es el departamento de Educación y no las direcciones« y que los proyectos lingüísticos de los centros «no podrán cambiarse cuando el curso ha empezado«, ni siquiera cuando una sentencia o unas medidas cautelares dicten que debe modificarse. Así lo reconoció la consejera Anna Simó en respuesta a una pregunta de este medio. »No es bueno, aunque lo dicten los tribunales, que un proyecto lingüístico se cambie cuando el curso está en marcha«, ha precisado la consejera.

El nuevo decreto, consultado por este diario y que hasta el 15 de septiembre se somete a un proceso de información pública, subraya también el carácter vehicular de la lengua catalana en la educación, hace hincapié en la inmersión exclusivamente en catalán del alumnado recién llegado y establece la obligatoriedad del nivel C2 de catalán para ejercer como profesor a partir del curso 2025-26. Esta nueva norma para blindar la inmersión en la escuela se desplegará «al margen de lo que resuelva el TC» sobre el decreto ley 6/22 que insta a que se eviten porcentajes lingüísticos en la escuela y la ley 8/22 que consagra el catalán como lengua vehicular en la escuela. «El Consejo de Garantías Estatutarias fue muy claro al avalar las dos iniciativas no creo que el TC se pronuncie en sentido contrario», ha precisado Simó.

El nuevo decreto empieza a hilvanarse sin que el TC se haya pronunciado aún sobre la posible 'inconstitucionalidad« del decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) elevó hace ahora un año ambas normas al Constitucional al apreciar «vicios de inconstitucionalidad». Según argumentan los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, las dos iniciativas legales, tanto la ley de lenguas oficiales, que establece una distinción entre el catalán, lengua vehicular, y el español, lengua curricular, y fue aprobada por los grupos independentistas de ERC y Junts, así como por el PSC y los comunes, como el decreto del Govern, que fue convalidado en el Parlamento autonómico con los votos de ERC, Junts y los comunes, e impide los porcentajes lingüísticos en los proyectos de los centros, «determinan la imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia de diciembre de 2020 y cuya ejecución forzosa se ordenó a la Consejería de Educación. 

PP, Ciudadanos (Cs) y Vox recurrieron ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el decreto ley del catalán en las escuelas por «vulnerar» la Constitución, el Estatut catalán y la sentencia del TSJC, ya que a juicio de esos tres partidos no se garantiza la «vehicularidad» del castellano.