El TSJC confirma el 25% de castellano en tres escuelas y el Govern le acusa «de hacer política» por pronunciarse en campaña

El Alto tribunal catalán deliberó ayer sobre cinco peticiones de más castellano, entre las que se encuentra, según apuntan desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la de los padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), acosados por pedir esa proporción para su hijo. Las resoluciones llegan mientras se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la normativa aprobada por el Govern para impedir la aplicación de la sentencia de diciembre de 2020 del TSJC que dicta un 25 por ciento más de castellano en todo el sistema educativo y en plena campaña electoral. En declaraciones a los medios, la consejera de Educación, Anna Simó, acusó al alto tribunal catalán de «entrar en campaña» y «hacer política» con la lengua. «El TSJC hace política, y lo hace entrando en campaña electoral y desluciendo la legislación de la que nos hemos dotado el Parlament y la Generalitat», ha afirmado Simó. Por su parte, la AEB ve también «fines electoralistas» en el «victimismo exhibido por la Generalitat tas la resoluciones».

La sección 5ª de la Sala Contenciosa administrativa del TSJC deliberó ayer sobre cinco recursos presentados por particulares que reclamaban más castellano en sus respectivos centros. En tres de los casos que ayer tenía sobre la mesa, el tribunal «estima parcialmente» la petición del demandante, «en el sentido de considerar que éste tiene derecho a que el centro escolar proporcione una enseñanza efectiva y equilibrada en lengua castellana, que comprenda al menos, aparte de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que deba considerarse como troncal o análoga». Desestima, no obstante, la petición del demandante de anular el proyecto lingüístico de la escuela. En los dos procedimientos restantes, el Alto Tribunal catalán ha decidido «paralizar la deliberación a la espera de información complementaria solicitada».

Según fuentes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe los cinco recursos abordados por el TSJC son de «centros diferentes que ya tienen actualmente medidas cautelares». Uno de los colegios sobre los que deliberó ayer el TSJC es, según confirma la entidad, la escuela el Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), donde una familia, asesorada por ellos, fue acosada por pedir para su hija del último curso de Educación Infantil (P5) más castellano y a la que el TSJC le concedió aplicarlo de forma cautelar.

La decisión provocó que una treintena de familias del mismo centro, de los casi 60 de esta edad, se personas en ante el tribunal reclamando la suspensión de la medida cautelar y la vuelta a la inmersión lingüística en catalán. Las familias alegaron que existía un perjuicio para los alumnos del aula que no estaban de acuerdo con modificar el régimen lingüístico. Los padres recibieron también «amenazas» y tuits «intimidatorios» en las redes sociales, por lo que decidieron denunciar los hechos ante la Justicia.

Entre los mensajes dirigidos a la familia figuraban, según denunciaron, algunos como «colonos no integrados y terroristas», «fascistas», o algunos que incitaban a «hacerles la vida imposible».

El TSJC ya ratificó en junio de 2022 el 25 por ciento de castellano en la escuela y denegó levantar de forma cautelar la decisión que adoptó tras la petición de los padres. En el auto de junio, al que tuvo acceso ABC, el tribunal subraya que la sentencia que fija un 25 por ciento de castellano en toda la educación catalana es firme desde el pasado diciembre y que la ley comporta «necesariamente el uso vehicular» de catalán y castellano.

«No se puede identificar un daño a los alumnos del curso afectado por el hecho de que se aplique el sistema de conjunción lingüística en la medida en que esta circunstancia no vulnera un eventual derecho subjetivo», reza el documento. Además, los magistrados recuerdan que el Constitucional, en diversas ocasiones, reiteró que el sistema de conjunción lingüística es un imperativo constitucional y que comporta necesariamente el uso vehicular de las dos lenguas oficiales , sin que se pueda reconocer a los usuarios del servicio de educación un derecho subjetivo a escoger una lengua monolingüe vehicular.

Por su parte, el abogado de las familias que recurrieron la decisión judicial, Benet Salellas, lamentó entonces que el tribunal no hubiera emitido «ningún argumento jurídico, en relación al derecho positivo, a la normativa, a las leyes vigentes». «Nuevamente, el TSJC vuelve a decir que, de acuerdo al régimen de cooficialidad, hace falta dar presencia a las lenguas cooficiales en la escuela y, partiendo de la presunción de acierto, no debe levantar esta medida cautelar», criticó. Además, a estas familias se ha unido Òmnium Cultural, cuyo presidente, Xavier Antich, anunció también que iniciarían «una batalla en los tribunales españoles» para defender el catalán en las aulas.