Cataluña será la primera comunidad en reconocer el 'tercer sexo' en la documentación oficial

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El texto que está trabajando la Consejería de Igualdad y Feminismos de Cataluña pide también que se incorpore en los formularios y los documentos de la Administración una tercera casilla, junto a la de hombre y mujer, con la opción de género 'no binario', posibilidad que también barajan otras comunidades autónomas como Andalucía pero que se encuentra en un estado más embrionario, según ha podido saber este diario. De aprobarse el actual redactado en el Parlament, Cataluña sería la primera comunidad en incluir una tercera casilla de sexo en todos los documentos oficiales de la Administración.

El borrador de la nueva norma, consultado por ABC, prioriza la «identidad de género manifestada libremente por las personas, frente a cualquier registro oficial y sin necesidad de acreditarla mediante un informe médico o psicológico«, aunque sea menor de edad, para poder acceder a todos los derechos que se les reconoce como colectivo. En el supuesto de que sea necesario mostrar el DNI y los datos que aparezcan en él no »sean coincidentes con la identidad de género manifestada«, la nueva norma que ultima Cataluña insta a las administraciones públicas a «identificar a la persona mediante su nombre y apellido, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias en su DNI, NIF, pasaporte o documento equivalente«. De esta manera, en el caso catalán no es necesario, como sí pide la ley del Ministerio de Igualdad, el cambio en el Registro Civil. Basta con la voluntad expresada por la persona. El texto ha sido replicado con contundencia por algunas entidades y colectivos que advierten sobre los »problemas legales« que puede conllevar.

«Esta ley pretende diluir por completo la categoría 'sexo' como categoría jurídica. Un mismo sujeto podría ser considerado varón ante la administración estatal y mujer ante la administración catalana. Cualquier varón, a su antojo, podrá decidir en cualquier momento que es una mujer. Introduce en la documentación administrativa el concepto 'no binario' que permite elegir, día a día, qué normas serían de aplicación según la conveniencia del interesado», señalan desde la plataforma feminista Alianza contra el Borrado de las Mujeres. «La nueva ley Trans catalana provocará antinomias [contradicción entre preceptos legales] porque todas las leyes estatales diferencian por sexo al aplicarse y ante la situación de 'no binario' no hay una respuesta jurídica determinada», afirma a ABC Tasia Aránguez, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada.

«Lo que plantea la ley catalana, tanto que prevalezca la identidad sentida frente a cualquier registro como que se incluya la casilla de 'no binario' en la documentación administrativa creará confusión en los operadores jurídicos; el poder judicial no sabrá qué hacer –resume la experta–. Por ejemplo, en los casos de violencia de género la ley estatal (en vigor desde el 1 de marzo de 2023) distingue entre sexos y no contempla otras situaciones». «¿Estas personas –quienes no se identifican como hombre ni mujer– podrán elegir si se les aplica o no la ley de violencia de genero?, ¿podrán decidir si van como hombre o mujer en una lista electoral?, ¿cómo se inscriben en una competición deportiva?», se pregunta Aránguez. Contra el Borrado añade un problema más: «¿A qué baño entra?». «Como en otras ocasiones la Generalitat regula sin prever las consecuencias», añade la profesora.

Desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres advierten, además, de que la futura 'ley Trans' catalana sería discriminatoria para las mujeres. «La categoría 'no binario' impide la aplicación de todas las normas jurídicas que separan por sexos para proteger a las mujeres o para compensar la desigualdad que sufren por el hecho de ser mujeres», alertan en un comunicado y recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial ya se manifestó en su día en su informe relativo a la ley Trans impulsada por el Ministerio de Irene Montero y consideró oportuno que no se incluyese la categoría 'no binario'. Cabe recordar que fue el PSOE quien se opuso a la introducción de esta categoría en la ley nacional, enfrentándose frontalmente con Unidas Podemos a quien forzó a tamizar todo el texto de la norma estatal para conseguir el refrendo parlamentario.

«La norma catalana rebasa la ya excesiva 'ley Trans' estatal y vulnera la legislación en materia de igualdad, así como la ley de violencia de género«, añaden desde la plataforma de las llamadas feministas clásicas.

Fuentes de la Consejería de Igualdad y Feminismo consultadas por ABC niegan que la norma que se está ultimando pueda generar confusión jurídica. Aseguran que está pensada para proteger al colectivo trans y que «se limitará a dar rango de ley a lo que en Cataluña estaba ya funcionando en algunos casos con protocolos». «Desde hace tiempo en las tarjetas sanitarias se usa el 'nombre sentido' que puede no coincidir con el del DNI y nunca hemos tenido ningún problema», apuntan. Con respecto a la ley estatal, argumentan que ésta da respuesta al cambio de sexo y al nombre registral, que son competencia del Gobierno y que no se pueden regular desde Cataluña, mientras que la autonómica actuará «en todos los ámbitos en los que la ley estatal no entra o lo hace de forma muy genérica».

La ley que ultima Cataluña contempla que la opinión de los menores trans de 12 a 16 años debe ser «respetada» en los asuntos que conciernen a la atención sanitaria, como es el caso del diagnóstico o el tratamiento médico. Si la decisión del adolescente no es compartida por sus tutores legales, la norma preliminar establece que se podrá «acudir a mediación».

En el ámbito cultural, el articulado prevé que el Govern «favorezca que las bibliotecas públicas cuenten con un fondo bibliográfico y filmográfico específico en materia de identidad de género o diversidad en el desarrollo sexual» y que se «preserve, recupere, divulgue y conmemore la memoria democrática del colectivo trans».

Promulga también que las administraciones den «visibilidad al colectivo a través del nomenclátor urbano«.

Por otro lado, la norma reconoce el derecho a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a transexuales de 18 a 23 años víctimas de violencia por su identidad de género e incorpora sanciones para las terapias de conversión, de la misma manera que lo hacen otras autonomías: podrán ser leves, graves o muy graves con multas que irán de 300 a 500.000 euros.

Reconoce, asimismo, el acceso a la atención sanitaria pública de las personas trans en situación administrativa irregular y garantiza el derecho de acceso a la reproducción asistida, además de establecer cómo debe ser la atención sanitaria a las personas trans e intersexuales, informa Ep. La Generalitat abordará la situación de aquellas personas expulsadas de sus hogares por su identidad de género.

Una vez recogidas las alegaciones a la nueva ley, el Govern pedirá los informes preceptivos a los órganos estatutarios y «en unos meses» podría estar aprobado el texto definitivo, impulsado por ERC y que deberá refrendar el PSC o Junts para que pueda prosperar.