Cataluña, comunidad líder en practicar abortos en la pública pero con un 44% de médicos objetores

En septiembre de 2022, la Generalitat aprobó también un nuevo protocolo por el que ampliaba, adelantándose al resto de comunidades, el plazo para el aborto farmacológico hasta la semana 14 de gestación. Fuentes del sector interpretaron ese nuevo paso hacia adelante del Govern como una forma de evitar las interrupciones voluntarias del embarazo quirúrgicas, que son las mayoritarias que realiza Cataluña sufragadas con fondos de la administración.

Cataluña, al igual que otras comunidades, está trabajando en la elaboración de un registro de médicos objetores al aborto, pero, a la espera de que se cierre, ha emitido unas recomendaciones a los profesionales en las que se les expone qué conlleva la objeción y en qué supuestos queda sin efecto. El documento 'Recomendaciones sobre la objeción de conciencia en el aborto', al que ha tenido acceso ABC, recuerda, entre otras cosas, a los facultativos que se declaren objetores que la actual ley y la Constitución les obliga a practicar estas intervenciones cuando no hacerlo suponga un riesgo de muerte o complicaciones graves para la mujer.

«En determinadas situaciones –cuando no existe otra posibilidad– este deber debería prevalecer por encima del derecho de objeción y en consecuencia no se podrá alegar cuando la interrupción voluntaria del embarazo fuera necesaria para evitar a la mujer embarazada un peligro de muerte u otro perjuicio grave para la salud que no puede evitarse de otra manera», señala el documento de la Generalitat.

Les recuerda también que la objeción «tiene carácter individual», es decir que un centro no puede declararse objetor y que «quedan excluidos de la objeción los profesionales implicados tanto en la atención previa como en la posterior a la mujer y también aquellos que forman parte del equipo o del servicio pero que no están directamente implicados en el acto, como es el caso de los celadores, analistas, administrativos, gestores, etc...». «En cuanto al aborto farmacológico en atención primaria –precisa el texto–, el reparo quedará limitado al profesional que realiza la prescripción del fármaco».

La Generalitat aclara también a los médicos que la ley distingue entre los abortos a «petición de la mujer» y «la interrupción del embarazo por causas médicas». En este sentido, indica que «esto hace posible objetar a realizar los actos específicos cuando se amparan en el artículo 14 (cuando se realizan a petición de la mujer) y no aquellos que lo hacen en el artículo 15 (interrupción por causas médicas)».

Anna Torrent, miembro de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, entidad que participa, junto a la Consejería de Salud, en la elaboración del registro oficial de objetores, reconoce en declaraciones a este diario que la mayoría de los abortos que se realizan en esta comunidad actualmente son farmacológicos y se practican en las unidades de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (Assir) vinculadas a los centros de atención primaria. «El 53 por ciento de los abortos que se realizan en los hospitales públicos son farmacológicos y ese porcentaje se eleva al 82 por ciento cuando se practican en una Assir», precisa la experta.