Cataluña es la comunidad que más abortos practica en la Sanidad pública, aunque todas recurren a clínicas privadas
Cinco comunidades no llevaron a cabo intervenciones en centros públicos en 2021
Igualdad reclama a las CCAA que garanticen la presencia de médicos no objetores del aborto en hospitales públicos
Manifestación provida en Madrid el pasado marzo
Más medidas para que las mujeres puedan abortar en la sanidad pública y médicos no objetores en todos los hospitales del sistema de salud. Igualdad lanzó este miércoles esta doble petición a las comunidades autónomas con el propósito de que se garantice a las ... embarazadas que puedan interrumpir si lo desean su gestación sin que ello les suponga un coste y sin tener que desplazarse a otros territorios. «El principal avance de la nueva ley es la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres», precisa el ministerio que dirige Irene Montero en la misiva que envió a las comunidades, en la que reclama a las autonomías que ejecuten «urgentemente» todas las medidas que contempla la norma y hace hincapié en la puesta en marcha de un registro de profesionales objetores.
El ministerio que encabeza Montero envió por error esta carta a las consejerías de Igualdad de las comunidades autónomas, en lugar de a las de Sanidad, que son las que tienen competencias en la materia. Así, varias comunidades explicaron ayer a ABC que en los próximos días responderán a la carta de la ministra para trasladarle que no son estas consejerías las que tienen que poner en marcha estas medidas al no tener la potestad para hacerlo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respondió ayer a Montero manifestando su rechazo: «En Castilla y León sabemos cómo hay que gestionar la sanidad pública porque estamos entre los mejores sistemas de España. No nos va a dar lecciones ni Sánchez, ni sus ministras, que vienen a insultar, a despreciar y a atacar a Castilla y León».
Actualmente, no todas las comunidades autónomas disponen de los recursos necesarios para practicar abortos en la sanidad pública. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2021 cinco comunidades (Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura) notificaron que ninguna Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se había llevado a cabo en centros públicos. Cataluña, en cambio, lleva la delantera. Cuando se aprobó, en 2010, la ley del aborto, conocida como ley de plazos, que lo despenalizó durante las primeras 14 semanas de gestación en España, las autoridades sanitarias autonómicas anunciaron entonces su firme compromiso de convertir el aborto en un «derecho sanitario» en esta comunidad. Las cifras de estos últimos años, que constatan que las intervenciones financiadas con fondos públicos en Cataluña han crecido exponencialmente, demuestran que la Generalitat ha avanzado con paso firme en su objetivo de canalizar los abortos a la red sanitaria pública en detrimento de la privada, que las concentró durante décadas.
En 2021, el último año del que se dispone de cifras oficiales, abortaron en España un total de 90.189 mujeres. Una de cada cinco (un total de 18.741) lo hizo en Cataluña, con una tasa de 13,45 IVE por cada 1.000 mujeres. Le siguen Madrid (con una tasa del 11,90 de IVE por cada 1.000 mujeres), Baleares (11,56), Asturias (11,50), Murcia (11,46) y Andalucía (11,18). Por contra, Ceuta y Melilla (1,79), Galicia (5,37) y La Rioja (6,17) son los territorios que ofrecen las proporciones más bajas.
Cada año más
En el conjunto de España, solo un 15,5 por ciento de los abortos de 2021 se resolvieron en centros y hospitales públicos. De las 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo, solo 14.125 se llevaron a cabo en la sanidad pública. Y de los 210 centros que notificaron haber realizado alguna intervención, 124 eran públicos. La mayoría se sitúan en Cataluña, pues de los 83 centros donde se llevaron a cabo interrupciones voluntarias del embarazo en la comunidad, 68 eran públicos. Según los últimos datos globales que maneja la Generalitat, consultados por ABC, el 79,9 por ciento de los abortos registrados en esta comunidad se hicieron con financiación pública, frente al 20,1 por ciento que se realizaron en centros exclusivamente privados. En 2020, la proporción fue del 75,4 por ciento y del 24,6 por ciento, respectivamente. Asimismo, un 0,8 por ciento de las IVE realizadas fueron en mujeres residentes en otras comunidades españolas.
En septiembre de 2022, la Generalitat aprobó un nuevo protocolo por el que ampliaba, adelantándose al resto de comunidades, el plazo para el aborto farmacológico hasta la semana 14 de gestación. Fuentes del sector interpretaron ese nuevo paso hacia adelante del Govern como una forma de evitar las interrupciones voluntarias del embarazo quirúrgicas.
Desde la Consejería de Salud aseguran que Cataluña seguirá avanzando en la misma dirección en este ámbito. «El compromiso del departamento de Salud es trabajar y avanzar con medidas más efectivas que permitan dar respuesta a las necesidades de las mujeres en este ámbito de la salud», precisan a ABC fuentes de la Consejería catalana de Salud. Recuerdan, en este sentido, que la actual normativa estatal en esta materia establece que «la prestación asistencial de la interrupción voluntaria del embarazo se efectuará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a ella».
La mayoría de los expertos en este ámbito reman en la misma dirección del Govern. Anna Torrent, miembro de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, reconoce en declaraciones a este diario que la mayoría de los abortos que se realizan en esta comunidad son farmacológicos y se practican en las unidades de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) vinculadas a los centros de atención primaria. «El 53 por ciento de los abortos que se practican en los hospitales son farmacológicos y ese porcentaje se eleva al 82 por ciento cuando se realizan en una ASSIR», precisa la experta.
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Recuerda que «la Generalitat ofrece a aquellas mujeres que hayan abortado ya una o dos veces la posibilidad de acceder de forma gratuita a anticonceptivos de larga duración».