Los médicos de la sanidad pública de Castilla-La Mancha se niegan a realizar abortos

La también consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha ha puntualizado, a preguntas de los medios de comunicación, que el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en Castilla-La Mancha que se niegan a practicar abortos «ya existía con carácter previo a la ley» aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que la pasada semana pasada, 13 años después, fue avalada definitivamente por el Tribunal Constitucional.

Noticia Relacionada

Las implicaciones de la sentencia sobre el aborto del Constitucional

Luis García L

El Alto Tribunal todavía no ha debatido los aspectos introducidos en la última reforma impulsada por Irene Montero, como la interrupción sin consentimiento paterno desde los 16 años

Lo que ha introducido como novedad la legislación, según ha explicado, es la incompatibilidad de ser objetor en la sanidad pública y, al mismo tiempo, practicar interrupciones del embarazo en la privada, lo cual, en su opinión, «es lógico por ser incoherente». Algo, que ha asegurado no sucede en esta región, donde hay dos clínicas privadas con convenios con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), pero lo hacen con médicos y sanitarios que no trabajan en la sanidad pública y que no son objetores.

Lo que no ha aclarado la portavoz regional es cuántos trabajadores de la sanidad pública se encuentran dentro de ese registro de objetores. «Como no podemos obligar a nadie, creemos en el respeto a la objeción de conciencia y respetamos la decisión de los profesionales y de los facultativos», ha subrayado.

Fernández ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva tiempo intentando «captar» a algún profesional de fuera de la sanidad pública que se pudiera incorporar al Sescam, pero es «muy difícil porque no hay profesionales de la medicina, como ustedes saben, en paro precisamente, y menos de la ginecología».

«Yo sé que con esto se está criticando al Gobierno de Castilla-la Mancha. Entiendo que se está haciendo mucha demagogia. Una cosa sería que el Gobierno no quisiera cumplir y que hiciera todo lo posible para torpedear la ley, y otra cosa bien distinta es que lo que hagamos sea cumplir la ley, respetar la objeción de conciencia. Además, creemos honestamente que la debemos respetar y como no podemos prestar este servicio directamente en nuestros hospitales, lo garantizamos a través de clínicas concertadas», ha concluido.