El cierre de una clínica ilegal de vientres de alquiler en Grecia deja a gestantes en la calle y recién nacidos sin hogar

Una mujer georgiana, que se sometió a un proceso de maternidad subrogada en la clínica cretense, ha narrado su experiencia al diario digital griego 'Flashnews'. Bajo el nombre ficticio de Ana, ha afirmado que la clínica la captó a través de una intermediaria en su país de origen y que fue llevada a Creta con los gastos cubiertos por la organización. «Me hicieron firmar documentos en griego y no me explicaron lo que decían», ha comentado a 'Flashnews'. La mujer decidió en el año 2021, y por razones económicas, aceptar la oferta que le había hecho la clínica: 18.000€ en total por gestar en su vientre un bebé para una pareja europea.

Durante los once meses que estuvo en la isla, pasó por 3 de las 14 residencias de la organización criminal. Según su testimonio, recibía 200€ al mes para sus gastos personales y de alimentación, que eran descontados de la cantidad final acordada. Es decir, recibió 15.000 al final del proceso. Ana entró en Grecia con un visado de 90 días y casi un año después, al volver a su Georgia natal, recibió una multa que ascendía a 1.200€ por haber superado el periodo máximo de estancia legal en Grecia.

En cuanto a su estancia en La Canea, Ana afirma que residía en un piso con otras cuatro madres gestantes y que no podían recibir visitas ni salir de la vivienda después de las 22 horas. «La sensación de falta de libertad era fuerte», ha añadido en sus declaraciones. Además, asegura que ninguna de las mujeres estaba preparada psicológicamente para entregar el niño. «Yo me preparé para aceptar que el bebé no era mío y que estaba ayudando a otras personas a formar su propia familia, pero no todas las mujeres que estábamos allí llevábamos bien el proceso», confiesa. Ana asegura que pensaba que la única ilegalidad que se había cometido en su proceso era la superación del tiempo de permanencia legal en Grecia y que se ha enterado de que la clínica era ilegal a través de la prensa de su país.

La Fiscalía ha presentado cargos por organización criminal y tráfico de personas, entre otros, al ginecólogo de 73 años de edad y propietario de la clínica de fertilidad, al embriólogo, a la secretaria y a una mujer de nacionalidad rumana que hacía de intermediaria en la captación de mujeres gestantes en los países del este de Europa. En libertad con cargos han quedado la matrona, el biólogo de la clínica y otra trabajadora que, supuestamente, actuaba también como intermediaria.

Según el canal privado de televisión 'Alpha', muchas parejas han aterrizado durante estos días en Creta para realizarse pruebas de ADN y poder reclamar judicialmente la paternidad de las criaturas que han nacido durante los últimas semanas. Estas parejas habrían presentado como prueba de paternidad los datos de las madres gestantes y otra documentación de la clínica de fertilidad. De acuerdo con el mismo medio, una pareja extranjera ha reclamado la paternidad de los gemelos nacidos el pasado lunes 14 de agosto. Cabe recordar que, según las declaraciones que la portavoz de la Policía Nacional hizo a este diario, los padres adoptantes sabían que se trataba de adopciones ilegales.