Belarra desoyó las peticiones de la Fiscalía sobre su reforma de la ley de bienestar animal

Los fiscales también advirtieron a Derechos Sociales de que la reforma no castiga penalmente el maltrato sin lesión ni regula la privación definitiva de la propiedad del animal. «Debería tomarse en consideración», pidió la citada institución a Belarra. Pero la ministra solo tomó en consideración dos apuntes menores hechos por la Fiscalía sobre el artículo único de la reforma, como la sustitución de palabras ('concretamente' por 'que pudieran resultar') o la inclusión de una especificación («sin perjuicio de la pena que pueda corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código»).

Además, la documentación remitida por el Gobierno al Congreso no recoge, como denunció ayer la número dos del PP Cuca Gamarra, que Belarra solicitara al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal que informaran sobre la reforma. En la memoria del impacto del análisis normativo, a la que ha tenido acceso ABC, Derechos Sociales expone que solo solicitó la opinión de otros ministerios sobre la nueva ley, pero que no pidió informe alguno a órganos externos al Ejecutivo. El pronunciamiento de la Sección Mediambiente de la Fiscalía se produjo a petición del Ministerio de Justicia, pero la ley establece que es al Consejo Fiscal (presidido por el fiscal general del Estado e integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales) al que corresponde informar sobre los proyectos de ley que afecten a las funciones del Ministerio Fiscal. En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, la ley establece que entre sus funciones se encuentra la de emitir informes sobre las leyes penales.

Además de lanzar una reforma penal de espaldas a los juristas, Belarra también rechazó el grueso de las observaciones que le hizo su compañero de Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas. Entre ellas, una petición explícita de coordinación de la reforma con la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal. Agricultura advirtió que la acción intencionada de maltrato o agresión que provoque la muerte del animal queda tipificada doblemente como infracción muy grave en la nueva ley de protección de los derechos de los animales (artículo 84) y como delito agravado en la reforma penal planteada (artículo 3). Esta doble tipificación contraviene el derecho fundamental de todo ciudadano a no ser sancionado dos veces por la comisión de los mismos hechos. Pero Derechos Sociales rechazó esta sugerencia argumentando, entre otras cosas, que se «dificultarían enormemente las condenas por delito de maltrato con resultado de muerte».

Agricultura también recomendó, sin éxito, la eliminación de la referencia a los actos de carácter sexual y la disposición derogatoria por ser «innecesarias». En esta última disposición, Derechos Sociales se limita a establecer una clausula genérica de lo derogado, pero eliminarla supondría borrar una de las cuatro partes que tiene la reforma. La nueva ley de Belarra se compone de un artículo único, la citada disposición, y otras dos finales.

Pese a todo ello, la reforma penal contra el maltrato animal inició el pasado jueves su andadura parlamentaria, al imponer PSOE y Unidas Podemos su mayoría en la Mesa del Congreso para acordar el inicio de la tramitación urgente, como pedía el Gobierno. Gamarra se opuso frontalmente y elevó un escrito a la Mesa solicitando la paralización del texto hasta que el Ejecutivo remita los informes que faltan. También reclamó que la tramitación no se produzca en ningún caso por urgencia, dado que cualquier reforma de calado penal requiere de un debate y análisis sosegado, que no puede producirse cuando un texto se tramita por la vía exprés.