Sistemas de vigilancia o «policías» en los mataderos: las medidas de otros países para garantizar el bienestar animal

«En un último movimiento para consolidar la posición del Reino Unido como líder mundial en estándares de bienestar animal, la legislación que exige CCTV en todos los mataderos de Inglaterra entra en vigor hoy». Con estas palabras, el gobierno británico anunció el 4 de mayo del 2018 la puesta en marcha de una normativa que los grupos de defensa de los animales llevaban ya tiempo exigiendo. En aquel momento, se acababan de implementar también otras reformas para mejorar el bienestar animal, como el fin de la venta de cachorros o el aumento de las penas por crueldad con hasta cinco años de prisión.

El ejecutivo dio seis meses de tiempo a los mataderos para instalar los sistema de vigilancia, que todos tuvieron que tener en funcionamiento el 5 de noviembre de ese año. «Somos una nación que se preocupa por los animales y estas estrictas medidas garantizarán que todos sean tratados con el máximo respeto en todas las etapas de la vida, lo que nos permite seguir liderando el camino para elevar el nivel de los altos estándares de bienestar», dijo entonces el secretario de Estados para el bienestar Animal, John Gardiner. La medida entró en vigor en Escocia en julio del año pasado y en noviembre en Gales.

Una de las organizaciones que luchó por esta legislación fue Animal Aid, que entre el 2009 y el 2020 filmó en secreto en el interior de dieciséis mataderos británicos. «Encontramos evidencia de malas prácticas e infracciones de la ley en casi todos ellos», explican, y denuncian que «los problemas son graves y generalizados». «Nuestras grabaciones mostraron animales siendo pateados, abofeteados, pisoteados» así como «quemados con cigarrillos», entre otras agresiones, que no fueron detenidas por los veterinarios ni por otros operadores. «Es por eso que necesitamos CCTV», aseguraron.

«Si bien la matanza nunca está libre de crueldad, estos planes marcarán una gran diferencia en la protección de los animales de la violencia ilegal que nuestras investigaciones hecho públicas», defendieron, ya que «la presencia de cámaras de circuito cerrado de televisión puede tener un efecto disuasorio» y «las imágenes pueden utilizarse como prueba» en caso de que se comentan delitos.

Sin embargo, esta y otras organizaciones denuncian, a su vez, que las cámaras no son suficientes y que son necesarios controles frecuentes por parte de los inspectores. El año pasado, Animal Justice Project denunció que «se abusa de los animales en los mataderos frente a las cámaras, pero no se toman medidas porque no se revisan los vídeos». Así lo corroboraron al poner cámaras secretas junto a las oficiales en varios mataderos, en los que «las vacas aparecen siendo golpeadas con palos» entre otras «múltiples infracciones de la legislación de Bienestar animal» como «los repetidos fallos en el equipo de aturdimiento» que provocó que «más del 97 % de los cerdos y ovejas sacrificados durante nuestra filmación no fueran degollados dentro de los 15 segundos posteriores recomendados por la Agencia de Normas Alimentarias». Para Alick Simmons, exdirector veterinario adjunto del gobierno del Reino Unido y exdirector veterinario de la Agencia de Normas Alimentarias, el personal mal entrenado y mal supervisado que incumple la ley podría ser detectado con una vigilancia más estricta por parte de los veterinarios e inspectores oficiales.

Organizaciones como The Humane League están pidiendo que se utilicen cámaras también en las piscifactorías, que la ley no considera mataderos y por tanto no están obligadas a instalar equipos de CCTV. «El abrumador consenso científico es que los peces sienten dolor, pero son tratados con menos cuidado o supervisión que otras especies», denuncian, y defienden que «los lugares donde se sacrifican y desmembran los peces de piscifactoría son obviamente mataderos, pero la ley insiste en lo contrario». «El aturdimiento previo al sacrificio es el estándar para la mayor parte de la acuicultura británica», dicen que desde la Humane League, que argumenta que «el cambio legal permitiría inspecciones públicas transparentes» que permitan que «las infracciones de los estándares sean castigadas por la ley».

Por su parte, Francia ha intentado mejorar la legislación europea que regula el sacrificio de los animales en los mataderos desde finales de los años 80 del siglo pasado, creando una «policía» especializada e introduciendo normas propias.

El ministerio de Agricultura francés lanzó en 2016 un plan quinquenal que elaboró la estrategia de mejora de las condiciones de crecimiento, cuidado, transporte y sacrificio. El verano del 2021 lanzó un nuevo programa nacional con tres objetivos estratégicos: invertir para mejorar las condiciones de vida de los animales que serán sacrificados, controlar policialmente las granjas y mataderos, y sancionar con penas de 10.000 a 100.000 euros, y varios años de cárcel, a los culpables de maltrato a los animales en granjas o mataderos.

Esa política nacional de protección de los animales destinados al sacrificio está coordinada por un Comité Nacional de Orientación de la Política Sanitaria y Vegetal (CNOPSAV). Las tareas de control de más de 1.000 mataderos y unas 180.000 granjas oficialmente censadas corresponden a la Fuerza de inspección nacional de los mataderos (FINM), integrada por unos 2.000 policías, veterinarios y especialistas, que pueden intervenir de muy diversa manera, acompañados de la policía judicial.

Durante el último quinquenio, desde la entrada en vigor del plan quinquenal de 2016 - 2020, diez o doce granjas y mataderos son denunciados y condenados a pagar multas de varias decenas de millares de euros, cada año. Cifra relativamente modesta. La mayoría de los mataderos sancionados vuelven a funcionar, más tarde, tras los trabajos de acondicionamiento exigidos.

Un aspecto particular del mal trato de los animales condenados al sacrificio son las practicas rituales religiosas.

En Francia (67,8 millones habitantes), el islam es la segunda religión nacional, con unos 6 millones de fieles. Los mataderos árabes / musulmanes que practican el sacrificio ritual, siguiendo normas de carácter religioso particulares, deben someterse a controles y autorizaciones previas. Los inspectores de la FINM visitan los mataderos que han solicitado permiso y autorizan o exigen reformas prácticas que deben cumplirse antes de procederse a ningún sacrificio.

En Francia, muy groseramente, había, el año pasado, más de 100.000 granjas de vacas, más de 26.000 granjas de cabras y corderos, más de 18.000 granjas de otros animales herbívoros, más de 16.000 granjas de gallinas y patos… Ante esas cifras, aproximadas, un portavoz oficioso del ministerio de Agricultura declara: «En Francia, la opinión pública ha apoyado masivamente las mejoras en materia de protección de los animales, en granjas, durante el transporte y en los mataderos. Dos mil policías especializados quizá sean insuficientes para controlar esas cuestiones. Pero realizan un trabajo muy digno. Cada año, una docena, más o menos, de granjas y mataderos, son condenadas por no respetar la legislación. Se trata de una cifra modesta. Queda mucho por hacer. Pero todo parece sugerir que el Comité Nacional de Orientación de la Política Sanitaria y Vegetal ha trabajado con eficacia».