El abogado de tres de los cinco encausados del CAM de Ateca solicita su excarcelación porque «no existen pruebas objetivas»

Martín Calvente representa a tres trabajadores del CAM, Mohamed B., Youssef B. (hermanos) y Alexandru R.A., quien junto con el director del centro, Iván R. M., y otro empleado, Abdelilah A., ingresaron el pasado viernes en Zuera, como presuntos autores de delitos cometidos contra la integridad moral, agresión sexual, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal, inflingidos a menores residentes en el centro.

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Acordó la medida la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza), la juez Aída Ramírez. Dos de los detenidos eran educadores del centro y los otros dos auxiliares sin titulación ni cualificación. La instructora considera que Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A. podrían ser autores de delitos de agresión sexual a una menor, según el relato de la propia víctima.

Como informó ABC, la instructora estima en un auto que «existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se le imputan, conclusiones a la que llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas a los dos menores denunciantes, un chico y una chica». Hay exploraciones físicas y psicológicas, el prolijo atestado policial y un informe forense. La juez considera que en Ateca se produjo «crueldad» y una «barbarie».

Estos dos «han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia refieren era conocedor uno de los detenidos«, en referencia al director.

Por su parte, y tal y como se veía anunciando, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) estudia personarse en la causa abierta. El CEES ha pedido al Gobierno de Aragón que destine «todos los recursos necesarios» para atender a los menores víctimas del Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca. En una nota de prensa, CEES Aragón ha manifestado su preocupación por los presuntos hechos delictivos que se investigan .

El Centro de Ateca está gestionado por la UTE Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz mediante concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Para el CEES Aragón «todos los recursos del sistema de protección y reforma de la Comunidad Autónoma deberían ser de carácter público, obviando las externalizaciones con entidades privadas, pues el objeto de intervención son la infancia más vulnerable y sus familias».

Este Colegio, recoge, «ha denunciado en innumerables ocasiones, desde hace muchos años y con diferentes gobiernos autonómicos, la insuficiente falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de los conciertos con las entidades privadas, pliegos en los que se incumplen demasiadas veces, algunas de las condiciones que la propia administración marca, prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones de profesionales, entre otras«.

La entidad ha realzado «el buen hacer profesional de nuestras compañeras y compañeros educadores y educadoras sociales en las direcciones provinciales del IASS y en los diferentes centros de protección y reforma de la Comunidad Autónoma, profesionales con formación, compromiso y experiencia en atención socioeducativa a niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias se encuentran en el sistema de protección y reforma».

«La mejora de las condiciones laborales, retribuciones, descansos y ratios de quienes trabajan en los centros de protección y reforma aseguraría la continuidad de los equipos educativos que son el referente para los niños, las niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección, así como una formación continua, adecuada y de calidad, basada en el buen trato a la infancia y adolescencia, priorizando de verdad el interés superior del menor, con una atención individualizada y de calidad que garantice su bienestar, su protección, cuidado y desarrollo«.

El CEES Aragón ha exigido la colegiación obligatoria, «como marca la legislación aragonesa para el ejercicio de la profesión de educador o educadora social, que garantiza que todo profesional contratado es educador o educadora social y que tiene la obligación de cumplir el código deontológico de la profesión evitando así el intrusismo profesional que tanto daño está haciendo». Desde el Gobierno de Aragón ayer se especificó, respecto a la cuestión de la colegiación, que "en los expedientes administrativos que rigen los acuerdos de prestación de servicios con entidades sociales éstas deben hacer constar la declaración jurada de la cualificación del personal que trabaja en ellas, una condición que también deben cumplir los centros de menores de la Comunidad Autónoma. Acreditar esa cualificación es obligatorio, si bien la colegiación para ejercer en ese ámbito no lo es en Aragón". La juez Ramírez señaló que los dos auxiliares no tenían cualificación ninguna.