El escándalo en Ateca saltó tras una videollamada del menor agredido a su madre y la desidia mostrada por el director

Ella tenía la mosca detrás de la oreja desde hacía tiempo. Prueba de ello fue que veía cómo su hijo, que ahora se encuentra en su casa tras la reubicación de los menores autorizada por parte de la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón (DGA), había perdido muchos kilos de peso. En el auto que se conoció de la juez Aída Ramírez, de Instrucción número 2 de Calatayud, y que publicó también este periódico, la juez recoge uno de los capítulos narrados por el menor en la investigación. Cómo lo dejaban sin alimentos durante días, con los brazos atados, sin nada que llevarse a la boca, y llegó a confesar que estuvo jornadas enteras sin comer y que lo llegaron a encerrar en una habitación, donde lo golpearon, con la ventana tapada y la llave echada para que nadie pudiera recoger esas lesiones.

Hoy mismo y tras el contacto informal que se ha venido produciendo desde que estallara el escándalo de la casa de los horrores en Ateca (Plaza de Jesús, número 1) la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la consejera aragonesa del ramo, Carmen María Susín, se han reunido a las 10.00 horas para abordar la situación de los menores tras el cierre preventivo del centro de atención a menores (CAM) del municipio zaragozano. Lo que se transmite desde estas instancias es que ambas instituciones han mostrado su plena disposición a colaborar con la investigación en curso y comparten el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen bajo la guardia y custodia de la DGA. Gimeno ha comunicado la apertura de un expediente de oficio para hacer seguimiento de la situación e interesarse por el presente y futuro inmediato que espera a estos menores. A su vez, la Oficina del Defensor del Pueblo informa de que Ángel Gabilondo ha mostrado a la Justicia de Aragón su preocupación por la situación y ha mostrado el interés por mantener una vía de comunicación abierta sobre este asunto.

En Ateca, el Gobierno de Aragón tenía concertadas las plazas de menores problemáticos y con trastornos graves de conducta desde el año 2017. No constan problemas con la gestión del centro, por parte del grupo vasco Languruz y la catalana Fundación Salud y Comunidad, radicada en Aragón, pero también en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra. No constan problemas anteriores, según ha consultado ABC en las consejerías pertinentes y también en la asociación Aprodeme, que recuerdan reciben quejas de este tipo todos los días, pero detrás no hay una familia con capacidad para denunciar o pruebas, como tenía esta madre de la víctima en concreto por el hermetismo de los centros y el encierro de los menores. Es más, tal y como comentaron a este diario fuentes vecinales y también en el Ayuntamiento de Ateca, recaló en el pueblo con muy buena reputación.

Pero en este pequeño municipio aragonés en las últimas semanas la situación en el centro con los dos auxiliares y los dos educadores apresados se había vuelto insostenible. Tal es así que la propia juez pide a la Guardia Civil que investigue si el goteo de nueve fugas de menores internos se produjo por motivos relacionados con la investigación. El ambiente infernal de trabajo y de relación tóxica con estos cuatro empleados, consentidos por el director, habían propiciado también la salida de varios trabajadores. Dos de ellos están de baja en el mismo pueblo de Ateca, según pudo saber ABC, aunque la mayoría de los 16 empleados que tiene el centro «no residen en la localidad», afirmó el alcalde Ramón Cristóbal Judez. El periódico 'Heraldo' cifra en hasta ocho las salidas de trabajadores por el complicado clima de trabajo que se producía en el centro.

Mientras, el colegio de educadores sociales de Aragón, las familias de los menores internos afectados -cinco de ellos han regresado a sus domicilios por orden del juez, entre ellos los dos menores agredidos, el menor de 16 años y una menor de 17 años agredida sexualmente por los apresados en el centro- y el Gobierno de Aragón se personarán en la causa como damnificados por el escándalo. Las familias están tanteando presentar una denuncia conjunta contra la gestión del centro y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del que depende el centro concertado.