La semana horrible del Vaticano

El final de la cumbre antipedrastia vino marcado por la entrada en prisión del primer alto cargo de la jerarquía vaticana por abuso a menores

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«Es imposible que envíen a la cárcel a un cardenal», aseguraban muchos veteranos de la Curia romana, sin darse cuenta de que la lucha contra el abuso sexual de menores está ganando fuerza a pasos agigantados, sobre todo por parte de las autoridades civiles.

El pasado lunes, justo cuando los principales cargos del Vaticano terminaban su reunión para «empezar los deberes» recién marcados por el Papa en la cumbre mundial antipederastia, las noticias de agencia desde Australia les trajeron bruscamente a la realidad.

La condena del cardenal George Pell en un tribunal de Melbourne por abuso sexual de menores se convertía en la «crónica de un desastre anunciado», a nivel organizativo interno y también de comunicación. Empezaba la «semana horrible» en el Vaticano.

Hasta hace muy poco, la idea de que un Papa expulsase primero del cardenalato y después del sacerdocio al miembro más destacado de la Iglesia norteamericana, Theodore McCarrick, por delitos de pederastia, pertenecían al genero novelesco.

Y la perspectiva de que un tribunal civil condenase por el mismo delito o enviase a la cárcel a un cardenal del Vaticano, era todavía mas fantasiosa. Pero entre el 16 y el 26 de febrero, ambas se hicieron realidad.

Durante todo el proceso del cardenal Pell por presuntos abusos a dos niños de trece años miembros del coro de su catedral en 1996, la prensa australiana guardó silencio absoluto por orden del juez.

En cambio, los medios de comunicación del resto del mundo dieron el pasado 11 de diciembre la noticia de que el jurado de doce miembros le había declarado «culpable» de cinco delitos de abuso de menores, castigado cada uno con penas de hasta 10 años de cárcel.

En el Vaticano, muchos prefirieron ignorarlo. Seguían en la fase de «negación» hasta que, el lunes por la tarde, hora de Roma, el juez australiano levantó la orden de silencio y los medios de todo el mundo volvieron a informar de la primera condena de un alto cargo del Vaticano: el secretario de Economía y antiguo miembro del grupo de nueve cardenales consejeros del papa Francisco.

En la mañana del martes, el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, repetía el comunicado de los obispos australianos, reconociendo que era una «noticia dolorosa, que ha escandalizado a muchísimas personas». Y revelaba que el Papa había confirmado -no dijo cuando- las medidas de precaución impuestas por «el ordinario del lugar» -no dijo si Melbourne o Sídney- a Pell: prohibición del ministerio sacerdotal en público y del contacto con menores.

Tampoco pudo decir hasta el día siguiente que el cardenal había dejado de ser secretario de Economía al expirar su mandato quinquenal justo el domingo anterior y que, a raíz de la condena, «la Congregación para la doctrina de la Fe se ocupará ahora del caso según los modos y plazos establecidos». La pregunta inmediata era: ¿Y por qué no empezó a investigar en octubre de 2016, cuando la policía australiana vino oficialmente a Roma a interrogarle?

Pero a esas alturas, la noticia mundial ya no era la condena del cardenal Pell, de 77 años, sino su ingreso en una cárcel de Melbourne, vigilado como es norma para evitar un posible suicidio y aislado de los otros presos por el riesgo de las palizas que algunos propinan a los abusadores de niños.

Por desgracia, la continua tardanza comunicativa no era culpa del portavoz del Vaticano Alessandro Gisotti sino de la lentitud de la secretaría de Estado y la Congregación para la Doctrina de la Fe en abordar el caso. Y de un problema organizativo: el portavoz del Vaticano no tiene acceso directo al Papa sino que depende del prefecto de Comunicación y, en cuanto a lo que debe decir sobre cada tema, de la secretaría de Estado.

En casos de crisis es cuando más se nota la falta de acceso directo como el que tenía Joaquín Navarro Valls a Juan Pablo II cuando el ciclo informativo era todavía de 24 horas, centradas en los telediarios de la noche y los diarios del día siguiente. Hoy en día, los diarios actualizan su web en tiempo real y las redes sociales son frenéticas: el ciclo informativo es de 24 minutos.

Al menos, la cumbre antipederastia de los 114 presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo ha servido para dejar claro de una vez por todas cada tema al que se dedicaron los respectivos días: la responsabilidad personal del obispo, su obligación de rendir cuentas a las autoridades civiles y a los fieles, y la transparencia ante todos los afectados y ante la opinión pública.

El viernes, la cúpula del episcopado mexicano salió de su encuentro con el Papa con dos ideas muy claras: harán procesos «impecables» a los sacerdotes abusadores y colaborarán con las autoridades, ofreciendo poner a su disposición todos los documentos que les pidan.

El Papa Francisco ha logrado hacer entender que el problema no es primariamente sexual, sino que se trata de «abusos de poder, de conciencia y sexuales», relacionados muchas veces con «abusos de dinero« pues, «el demonio entra por los bolsillos«.

En algunos casos ha entrado también por los bolsillos la ilusión de impunidad, como sucedió con el ya fallecido Marcial Maciel y el ex cardenal y ex sacerdote Theodore McCarrick. Traían muchísimo dinero a Roma y repartían con generosidad a favor de los proyectos favoritos de algunos altos cargos, incluidas personas clave en el entorno de Juan Pablo II.

El caso del cardenal Pell es igualmente visible, pero distinto en algo esencial. Su juicio se ha basado en el testimonio de una sola víctima, pues el otro chico del coro murió o se suicidó por sobredosis de heroína en 2014 cuando tenía 30 años de edad y sin haber hablado del presunto abuso a su familia, lo cual no significa que no hubiese sucedido pues muchas víctimas son incapaces de hablar hasta 30 o 40 años después.

Por esos motivos, es muy probable que el cardenal Pell -como el antiguo arzobispo de Adelaide- sea absuelto en su proceso de apelación, cuyo rigor probatorio es mayor. Hasta entonces se debe respetar la presunción de inocencia. Pero el desprestigio de la Iglesia es ya irrecuperable.