Así regulan otras comunidades la muerte digna

Estas son las líneas maestras de la ley madrileña pero, ¿cómo se ha tratado este asunto en otras comunidades autónomas?

La Comunidad Valenciana se sumará a lo largo de este año al resto de autonomías que han regulado la muerte digna mediante una nueva ley que todavía se encuentra en fase de borrador de anteproyecto. Ésta obligará a los médicos a no prolongar la vida de los pacientes cuando no hay posibilidades reales de mejora y los hospitales tendrán que ofrecerles una habitación individual.

El Parlamento andaluz aprobó el 17 de marzo de 2010 la primera Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas. Esta norma ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden. La norma reconoce el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar su voluntad vital anticipada.

Fue la segunda Comunidad en regular en noviembre de 2011 un Proyecto de Ley de Muerte digna. La nueva norma reconoce el derecho del paciente a ser informado de sus derechos, la especial protección del denominado «consentimiento informado» y el derecho a expresar la voluntad sobre las intervenciones y los tratamientos que desee recibir.

El Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la Ley Foral de derechos y garantías de la dignidad de la personas en el proceso final de la vida en marzo de 2011 . La norma concreta una serie de instrumentos basados en el uso de la información clínica, el consentimiento informado, la toma de decisiones de la persona capaz y el documento de voluntades anticipadas.

El Parlamento de Canarias aprobó el 27 de enero de 2015 la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. El objetivo es garantizar un final de la vida sin sufrimiento en caso de enfermedad terminal y dar la oportunidad de decidir a los pacientes, o en su caso a sus familias, sobre tratamientos paliativos.

Esta norma, que se aprobó el 18 de marzo de 2010, hace prevalecer los derechos del paciente que exprese su deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando estas provoquen un encarnizamiento terapéutico. También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

En junio de 2015 el Parlamento gallego aprobó una ley de derechos para los enfermos terminales, que asegura que el paciente tenga garantizados los cuidados paliativos, se encuentre «en el hospital que se encuentre y tenga la edad que tenga». Además, la norma indica que podrá hacerlo «acompañado» de la familia o de sus amigos, según la opción que precise.

El Parlamento vasco aprobó su ley el 8 de julio de 2016 con el consenso de todos los grupos políticos. El primer artículo de la ley establece que el objetivo de la misma es «regular los derechos que corresponden a las personas en el proceso final de su vida y garantizar el máximo respeto a su libre voluntad en la toma de decisiones que les afecten».