El Parlamento foral aprueba una proposición de ley para regular la «muerte digna»

El texto apunta que la mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población conllevan enfermedades crónicas e irreversibles, pero también avances médicos que permiten mantener las funciones vitales “hasta límites insospechados”, por lo que ante la “incurabilidad” de una enfermedad y el sufrimiento personal y familiar “ha de mantenerse” la libertad y la voluntad de la persona.

De ahí, añade, la necesidad de legislar derechos y garantías que “aseguren la aspiración de morir dignamente, con el mínimo sufrimiento, acompañado de los seres queridos, informado si se desea, pudiendo rechazar tratamientos, en la intimidad y según lo expresado en el testamento vital”.

Se trata para NaBai de “morir bien cuidado, morir a tiempo, morir en paz, morir de forma natural, sin prolongación artificial, cuando llegue el momento”, ha explicado el parlamentario Ioseba Eceolaza. A su juicio, esta “muerte digna” es distinta de la eutanasia porque no busca la muerte sino evitar el sufrimiento, humanizar el final de la vida y respetar la autonomía del paciente, algo que ha sido reconocido en convenios y declaraciones de organismos como el Consejo de Europa o la Unesco.

Para ejercer este derecho, la proposición de ley señala como instrumentos el testamento vital y el derecho al consentimiento informado, por lo que propone una mayor accesibilidad para el primero y los deberes del personal sanitario para el segundo, de manera que se coloca a la persona afectada y no a los profesionales “en el centro de la relación clínica” como titular de derechos.

El parlamentario de NaBai ha indicado que, más allá de creencias religiosas, con esta iniciativa se pretende abordar un proceso que “elimine la mala muerte dando un poyo legal a las personas y aclarando los deberes de los profesionales”. Y es que el año pasado murieron en Navarra 5.292 personas, la mitad de una enfermedad no curable.

Esta ley, ha destacado Eceolaza, “tiene la virtud de poner encima de la mesa situaciones concretas que suscitan miedos” en pacientes y profesionales, de ahí “la obligación” de aclarar estas situaciones con una ley “impecable” desde el punto de vista jurídico, que “sirva para clarificar conceptos y dar seguridad jurídica”.

Apoyos y críticas

La proposición de ley ha sido apoyada por el PSN, que ha recordado, a través de la parlamentaria María Chivite, que la misma tiene como referencia la ley aprobada por Andalucía porque “la dignidad de la persona engloba también el proceso del final de la vida”, cuando “un sufrimiento innecesario atenta contra la misma”. Según Chivite, es un deber proporcionar una atención “de calidad y humana”, lo que incluye “la renuncia a tratamientos inútiles y desproporcionados” y “atender a la voluntad del enfermo”.

También CDN ha votado a favor porque, ha resaltado Juan Cruz Alli, ésta es una ley “garantista” en procesos que generan “situaciones complejas” para el enfermo, su familia y el entorno profesional. Por su parte, Ana Figueras, de IU, ha dado su apoyo a esta “ley de garantías importante” para “afrontar en condiciones inmejorables” la muerte.

Sólo UPN ha intervenido en contra de un texto “innecesario”, porque Navarra ya cuenta con una ley foral sobre voluntades anticipadas e información clínica, ha subrayado Javier Marcotegui, quien también lo ha criticado por “impreciso” en materias como la eutanasia y porque, al ser de ámbito autonómico, “no contempla los principios de igualdad y equidad” para todos los españoles.