PSOE, Podemos y ERC pactan incluir en Primaria y ESO una materia aconfesional de «cultura de las religiones»

Actualmente, en España la asignatura de Religión es, como en gran parte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia o Estonia) de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos . Es decir, solo la cursa el que quiere . Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la LOMCE, de 2013). Lo que hace la «ley Celaá», tal cual está ahora (es decir, sin esta polémica enmienda) es establecer que «la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español » y que, a tal fin «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda , que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».

La «ley Celaá» (sin enmiendas) ya elimina el apartado 3 de la disposición adicional segunda sobre «Enseñanzas de la Religión» que está en la ley vigente (la Lomce del PP y que establece que «la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas . Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español».

La votación de esta enmienda se llevará a cabo esta tarde, concretamente a las 17.30 en la última Ponencia (es decir, el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja). Superadas esta quinta y última reunión de la Ponencia, tendrá lugar otra reunión, esta vez de la Comisión de Educación donde se aprobará o rechazará dicho dictamen y, además, se votarán las enmiendas que no han sido aceptadas en el mismo.

Finalizado este proceso, en el Pleno de la Cámara Baja se vuelve a votar el dictamen y las enmiendas que no se han aceptado hasta la fecha. El proyecto va luego al Senado (tramitación de dos meses) y vuelve al Congreso para ser votado como ley definitivamente. Se estima que este vertiginoso ritmo de tramitación podría conseguir que la ley esté aprobada definitivamente en febrero .