El Gobierno quiere suprimir el derecho de los padres a elegir centro y eliminar la repetición en la «ley Celaá»

Después de 16 prórrogas al plazo de presentación de enmiendas al articulado, este texto ha empezado a «rodar» en el Congreso en plena pandemia, y los socios de Sánchez no han perdido ocasión para plasmar sus intenciones sobre un texto que fue elaborado y aprobado (el 15 de febrero del año pasado) cuando el PSOE gobernaba en solitario .

Como ese mismo día Sánchez convocaba elecciones el texto quedó en un cajón, que se volvió a abrir a principios de marzo de este año pero el texto se presentó igual que el anterior, sin modificaciones. La Lomloe ha recibido más de 1.000 enmiendas en total de Teruel Existe (20), la CUP (5), Bildu (136), PNV (64), Unidas Podemos (54), Coalición Canaria (17), Grupo Plural (37 de Compromís, 116 de BNG, 125 de Más País Equo, 83 de JuntsxCat), Vox (73), Esquerra Republicana (76), UPN (18), Ciudadanos (68), PP (156) y Podemos y PSOE (117). Estas son las principales novedades:

Unidas Podemos, que ha presentado enmiendas no solo con el PSOE, sino también en solitario pide en estas últimas eliminar el párrafo de la Loe (con las modificaciones que esta tiene de la «Ley Wert»), que alude a la libertad de enseñanza. En nada menos que el apartado de «Principios» de la ley, se lee: « La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales». En su enmienda, UP justifica que este párrafo es « innecesario » y que la libertad de enseñanza a la que alude la Constitución no se refiere «a la elección de centro por parte de los particulares». En todo caso, señalan, «cabría asociarla con la libertad de creación de centros docentes por parte de personas físicas y jurídicas (artículo 27.6)».

Podemos va más allá y pide para el artículo 84.1 sobre «Admisión de alumnos» la eliminación de la libertad de elección de centro por parte de los padres como criterio de admisión. Proponen el uso de la palabra por «posibilidad» de elegir en lugar de «derecho» a elegir .

En el artículo 108, sobre clasificación de centros, nuevamente se pide eliminar que «los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos , a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo». En este caso, piden eliminar la frase « derecho a escoger » por « derecho a que se les asigne centro docente público o en su caso distinto de los creados por los poderes públicos, según sus preferencias, siempre que estas puedan ser atendidas, siguiendo los criterios de programación y admisión establecidos en esta ley».

El PSOE no lo pide explícitamente en sus enmiendas con UP pero sí lo hace a través de la eliminación de la «demanda social» (artículo 109.2) como criterio de programación de puestos escolares (esto estaba en el texto original) y la incorporación de un apartado nuevo en dicho artículo 109 (el 5) en el que PSOE y UP establecen de forma expresa el «incremento progresivo» de plazas públicas . En la práctica, esto supone una restricción a la capacidad de elegir de los padres porque cada vez habrá mas centros y plazas públicas y menos concertadas .

PSOE y Podemos incluyen modificaciones importantes en el proceso de admisión de alumnos. Por un lado, las administraciones educativas podrán adoptar medidas para distribuir a los alumnos, según su tipología (necesidades educativas especiales, inmigrantes, condiciones socioeconómica, etc), lo que supone primar la capacidad de la administración para designar centros por encima de la elección de los padres.

Podemos propone (en solitario) modificar el artículo 20 sobre las evaluaciones en Primaria. Este señala que si en algún caso se considera que un alumno «debe permanecer un año más en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes». Pero el partido morado pretende añadir un párrafo que indique « en ningún caso el resultado de la evaluación podrá impedir el paso de un alumno al ciclo o etapa siguiente».

Para la ESO, es menos contundente, pero piden quitar la palabra «excepcional» para dar paso a la posibilidad de que se autorice la promoción de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente. Para la ESO, es menos contundente, aunque piden quitar la palabra «excepcional» para dar paso a la posibilidad de que se autorice la promoción de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permite al alumno seguir con éxito el curso siguiente. Aquí repiten la misma frase de la ministra, Isabel Celaá, por el tercer trimestre «truncado» por la pandemia: «La repetición será la excepción».

Respecto al acceso a la universidad Podemos pretend que el Gobierno establezca una normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de los alumnos sin que dicha normativa incluya «la realización de una prueba generalizada con carácter selectivo para acceder a los estudios universitarios».

Eso sí, señalan que en caso de que en determinadas universidades o titulaciones la oferta de plazas sea inferior a la demanda se haga una prueba «ajustada a los estudios que se quieran proseguir y que, junto con las calificiones obtenidas en Bachillerato, permita ordenar con carácter objetivo la lista de demandantes para proceder a la concesión de la plaza. En todo caso la prueba se organizará por familia de titulaciones y sus efectos tendrán validez para todas las universidades del Estado ».

Los nacionalistas no quieren que el Estado intervenga en las enseñanzas mínimas de sus respectivas comunidades. La Lomloe pretende volver al esquema de la Loe, en la que el Gobierno central decidía el 55% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto, mientras que los gobiernos de cada autonomía completaban el resto del temario. Bildu, en el lado más extremo, pide la eliminación de estos porcentajes con el argumento de que «serán las instituciones de las comunidades las que establezcan los criterios básicos de la política educativa en su ámbito territorial». El PNV propone rebajar los porcentajes un 50% para las comunidades con lengua cooficial y el 60 para aquellas que no la tengan. ERC lo baja más: 25% en el primer caso y 35 en el segundo .

Podemos quiere ponerle fin al concierto a aquellos centros en donde los niños acudan al aula por un lado y las niñas por otros. La Lomloe dice que: «Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España». Podemos pide modificar este apartado por completo para dejar claro que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumando por sexo. En caso contrario se les suprimirá inmediatamente el concierto ». Tampoco se autorizarán los centros privados que separen por sexo.

En las enmiendas de Podemos presentadas junto al PSOE, se señala que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género ». Respecto a los centros privados, son algo más flexibles y y apuntan a que «deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, inlcluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad».

La proponen en sus enmiendas conjuntas PSOE y Podemos para impartir educación afectivo-sexual en Primaria y ESO, así como la igualdad de género (aquí se añaden todas ls etapas, también Infantil y Bachillerato). Bildu va más allá y como considera la educación afectivo-sexual necesaria en todas las etapas educativas, también la exige para los niños desde los 0 años . «En la primera infancia (0-3) se produce el primer paso del desarrollo sexual, es el establecimiento de un apego seguro», señalan.

PSOE y Podemos proponen el estudio de la memoria democrática, anteproyecto del Gobierno aprobado el pasado 15 de septiembre. Señalan que « el estudio y análisis de la memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. El estudio de la memoria democrática deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género , haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar plena ciudadanía».

La formación abertzale Bildu tacha, de forma literal , la palabra Constitución del proyecto de ley. Por ejemplo, cuando se establece que la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos incluirá contenidos «recogidos en la Constitución Española». Este partido también pide eliminar la palabra «cooficial» al aludir a las lenguas. «La presente ley debe basarse y debe reconocer la realidad plurinacional del Estado Español. Se equipararán las referencias a las lenguas oficiales. En los territorios que se hablen dos lenguas oficiales, las dos son oficiales, y no una oficial y otra cooficial ».

ERC también elimina las menciones a la Carta Magna. Por ejemplo en el artículo 18, dedicado a la Educación Primaria, que dice: «A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en Valores cívicos y éticos . En esta área se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia». Lo curioso es que no dan ningún tipo de explicación en el apartado de motivaciones pero sí se detienen a explicar por qué en ese mismo apartado piden « una educación en empatía hacia los animales para promover una cultura de paz entre los humanos».

También recibe un importante golpe el castellano, al que se quiere fuera del aula. Aquí se enmienda la disposición trigésimo octava de la Lomloe que señala que las administraciones deben garantizar el derecho a recibir enseñanzas en castellano y que tanto esta como las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares. A este texto, el PNV responde: « El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en las comunidades que carezcan de lengua cooficial ; en las comunidades con lengua cooficial, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos o normativa». JuntxCat pide la eliminación de todo el párrafo por considerar que hay una invasión de competencias con la Generalitat de Cataluña.

PSOE y UP quieren que los Ciclos Formativos de Grado Básico formen ahora parte de la Educación Básica. Así, piden modificar el artículo 3 de la LOE para que dichos ciclos, que sustituyen a la FP Básica, se integren en la educación básica y den derecho al título de ESO .

Ya lo había anunciado la portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, Mari Luz Martínez Seijo que una de las grandes apuestas de estas enmiendas es «dotar de mayor autonomía a los centros educativos, que puedan tomar decisiones en la organización de sus espacios, horarios, de sus propios proyectos...Lo que vamos a hacer en estas enmiendas es prever que los centros tengan una autonomía curricular del 10 por ciento , por tanto, se compartiría con la autonomía que ya tiene el Estado en cuanto a las enseñanzas mínimas y también las de las comunidades autónomas».

La Lomloe pretende volver al esquema de la Loe, ley educativa de los socialistas de 2006, en la que el Gobierno central decidía el 55% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto, mientras que los gobiernos de cada autonomía completaban el resto del temario. Ahora hay que añadir un espacio de esos porcentajes a la autonomía curricular de los centros.

Esta enmienda no sorprende pero apunta hacia el ataque a la concertada que el texto asesta desde que fue concebido. En el artículo 15 sobre «Oferta de plazas y gratuidad», señala que las administraciones «incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años». Esto conduce a que una mayor cantidad de plazas públicas sobre concertadas y al hecho de que un niño que empieza en esta etapa en un centro público tiene menos posibilidades de cambiar posteriormente a uno concertado. Además, añaden en la enmienda: «las administraciones educativas promoverán la existencia de centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas educativas posteriores».

UP y PSOE quieren que en 4º de la ESO se fomente «la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio», lo que los expertos educativos critican como una «ingeniería social»que impedirá a los niños elegir los estudios postobligatorios que deseen mientras el Estado decide por ellos . Además piden que las administraciones se encarguen de que haya más niñas en las carreras técnicas y científicas (STEM) y más hombres en las carreras donde haya más mujeres.

La Región de Murcia admitió el año pasado el pin parental para aquellas actividades complementarias que el centro ofertase a todos los alumnos dentro del horario por presiones de Vox. Entonces, Celaá dijo que no cabía pin parental, es decir, declinar a asistir a dichas activiades complementarias, puesto que eran obligatorias para todos los alumnos. Sin embargo, esto no es cierto ya que la LODE dice que las actividades complementarias y las extraescolares son voluntarias. Para evitar este problema, PSOE y UP han decidido a través de una nueva enmienda que «las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos». Las actividad complementarias, si la enmienda prospera, serán gratuitas y, por ende, obligatorias .

La Religión quiere ser eliminada por Bildu, ERC, Podemos...El partido morado señala que « hasta que no se denuncien y queden derogados los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, así como los suscritos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España, las enseñanzas de religión confesional en los distintos niveles educativos se desarrollarán, en su caso, al margen del currículo común y fuera del horario escolar obligatorio de todo el alumnado y, en salvaguarda del artículo 16.2 de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumnado referencia algunas a haberlas o no cursado».

El Gobierno tambien pretende modificar el artículo 86 sobre «Igualdad en la aplicación de las normas de admisión» para que las áreas de influencia (es decir, la mayor o menor proximidad al centro) tengan en cuenta una población «socialmente heterogénea». ¿Esto que significa? Por ejemplo, que niños de un determinado barrio vayan al colegio de otro barrio para que el centro tenga una población formada por varios niveles socioeconómicos. Esta medida, vuelve a chocar nuevamente con la elección del centro que los padres quieren para sus hijos . El Gobierno lo justifica en que «se pretende fortalecer la zonificación heterogénea. La gestión centralizada garantiza una escolarización más justa y controlada, además de facilitar a las familias las posibles dudas o reclamaciones».

En este sentido, también quieren modificar el artículo 116 sobre «Centros privados concertados» para que tengan preferencia en el acceso al concierto aquellos centros que fomenten «la escolarización de proximidad». Este principio (zonificación o proximidad) contradice las medidas propuestas por el Gobierno para conseguir una población «socialmente heterogénea», además de limitar la capacidad de elección de las familias . Es decir, si un niño tiene que ir a un colegio que está en su mismo barrio no le será posible coincidir en clase con un niño de otro barrio y un nivel socioeconómico distinto.

Esta es una de las pocas concesiones a la concertada. La LOE establecía en su disposición adicional vigésimo novena la creación de una comisión para el estudio del módulo de conciertos que valorase el coste total de impartició de las enseñanzas. Ahora, el Gobierno propone que las conclusiones de esta comisión deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto público , actualizándose la cuantía a percibir por los centros.