Así es la Red Natura que protege el 27% del suelo español y de la que reniega ahora Vara

Añadía el presidente regional que habría que cambiar la Ley del Suelo en España, para que en determinadas zonas protegidas «se pudieran hacer más cosas», ya que en todo el país, la Red Natura 2000 no permite «construir nada». Lo cierto es que esta Red, impulsada desde la Unión Europea, busca proteger la biodiversidad de todo el territorio. Está compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Y aunque cada país de la UE es soberano para decidir cómo solicitar la declaración de estas zonas, en España fueron las comunidades autónomas las designadas para declarar y gestionar estos territorios, con el compromiso de informar cada seis años a la Comisión Europeo.

Si la media de la UE es del 18% del territorio protegido, España es uno de los países que más terreno -y superficie marítima- aporta a esta Red, con un 27%, frente al 13% de otros vecinos como Francia o el 15% de Alemania. Son, en total, 1.466 LIC y 643 ZEPA que constituyen 222.000 km2 , de los cuales 138.000 son de superficie terrestre y el resto marina. Por comunidades autónomas el reparto también es desigual aunque Extremadura, como es el caso, no es quien más suelo aporta a la Red sino Madrid (39,8%) o la Comunidad Valenciana (37,5%).

«La sentencia me parece coherente, porque no podemos primero decir una cosa y luego actuar en su contra», expone a ABC Pilar Martínez, abogada especialista en Medio Ambiente y Urbanismo. Para esta experta, «en cuanto se declara un espacio protegido, nacen unas limitaciones para desarrollar cualquier actividad en estos lugares», lo que puede ser «un lastre considerable para el territorio al que afecta», en línea con el argumentario de Fernández Vara. Sin embargo, recuerda Martínez que estas declaraciones «las pone en marcha cada comunidad autónoma», y muchas de ellas vieron en ello una forma de canalizar dinero europeo. De hecho, según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica elaborado en 2019, los beneficios económicos de la Red Natura 2000 ascienden a 43.661 millones de euros al año, el equivalente al 4% del PIB de España en 2014. Por cada euro invertido anualmente en conservarla, además, se obtienen 22 de beneficio, dice el informe.

En cuanto al recorrido que pueda tener la sentencia una vez que sea publicada, para Martínez, que ha trabajado en estos temas, habrá que analizar «cómo han sido declarados estos espacios», ya que en muchos casos las declaraciones de estas figuras adolecen de vicios. Además de los informes técnicos, se refiere a planes de gestión, zonificación, memorias económicas, que «en un porcentaje altísimo no se hizo », y por lo que, recuerda, Europa abrió a muchas regiones españolas un expediente de infracción.

Para Ecologistas en Acción, los que recurrieron al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), trasladar el debate a la Red Natura supone «poner el foco en otro problema», en opinión de José María Trillo-Figueroa, abogado que ha llevado el procedimiento por parte de los ecologistas. «Hay comunidades que tienen más superficie protegida que Extremadura y no por eso tienen un problema de desarrollo», agrega el letrado. Ángel García Calle, coordinador de los ecologistas en Extremadura va más allá, y pide a la Junta «que deje de mentir», ya que Extremadura «es muy grande», y bastaba «con haber construido en otra parte».