Los vecinos, tras la sentencia del derribo de Valdecañas: «El pueblo se va a la ruina»

Este martes, el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación de Ecologistas en Acción y resolvió el derribo completo de la urbanización que en su apogeo logró atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor. Las 185 viviendas, el hotel, el campo de golf y otras instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento en este enclave protegido medioambientalmente de Cáceres deberán desaparecer junto al resto de las infraestructuras.

«A veces, hay situaciones en la vida en las que queremos intentar mejorar una situación determinada, sin pensar que lo que hacemos es empeorarla. Este es uno de estos casos. Sólo pido que se recapacite antes del mayor desastre que podemos crear », asegura la alcaldesa de El Gordo, Silvia Sarro. «Es una decisión absurda que no beneficia a nadie y es incomprensible que un complejo modélico en España y en Europa se ordene echar abajo a estas alturas».

Lo mismo opina el alcalde de Berrocalejo, Ángel Pedro Martínez, cuyo término municipal alberga un 30% de la isla. «Siempre hemos sido partidarios de que se mantuviera todo en pie. Nos habría venido muy bien desde el punto de vista del turismo, del trabajo y de evitar la despoblación», reconoció ayer a ‘Hoy’ . Los empleos que genera en este pueblo son tres, y la recaudación del IBI unos 8.000 euros al año. «Por el momento no vamos a valorar la sentencia porque no la conocemos. Solo podemos decir que esperábamos que esto no sucediera ».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este miércoles que «lo más probable» es que el Ejecutivo regional plantee un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional . Una posibilidad que también estudiará el abogado de los compradores, Luis Díaz-Ambrona, quien avanza que el recorrido judicial no ha terminado. Aunque deben esperar a tener la argumentación del Supremo para evaluar opciones , no descartan tampoco acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea .

«Nos hemos quedado sorprendidos», reconoció ayer a ABC Díaz-Ambrona sobre la sentencia y que a día de hoy afectará a «matrimonios jóvenes con hijos» que habían comprado en el complejo «con toda su ilusión». El letrado también apunta a otro daño colateral de la sentencia: el 40% del suelo extremeño está protegido, lo que supone «un freno importante» para el desarrollo de un región acuciada por la despoblación y necesitada de inversión. Ahora, la demolición del complejo será «una ruina para la Junta, para los pueblos y para los propietarios» , asegura. «Va a dejar la zona como un erial. No beneficia a nadie», dice.

La decisión del Supremo es la puntilla a un proyecto que en su apogeo logró atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor. Lleva casi 15 años en los tribunales , después de que dos grupos ecologistas denunciaran la construcción al emplazarse en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) con el beneplácito de la Junta de Extremadura, entonces con el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente. Tras la denuncia, el proyecto que inicialmente esperaba albergar 565 villas, dos hoteles de 4 y 5 estrellas, zona de piscinas y una playa artificial fue declarado ilegal por la Justicia. La construcción se paralizó a la mitad y en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) decidió mantener intacto un tercio del proyecto.

El TSJEx argumentaba que las construcciones terminadas no dañaban el medio ambiente y también alegaba «la imposibilidad material» de ejecutar la demolición completa. El fallo tenía en cuenta el elevado coste que supondría acabar con todo: 34 millones de euros solo por la demolición de lo ya construido y 111 millones de perjuicio económico a los propietarios. Era solo una estimación, que no suponía el reconocimiento del derecho de indemnización, pero perfilaba que la Junta de Extremadura podría tener que hacer frente a, al menos, 144.982.889 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe.

Sin embargo, Ecologistas en Acción presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para lograr la demolición completa, que ahora ha sido estimado por la Sala Tercera del tribunal. «Sin duda supone que prevalezca el cumplimiento de la ley , el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente», valoró ayer la organización, plenamente satisfecha con el fallo.

Para los grupos ecologistas, el de Valdecañas era un pleito importante. Entendían que podía sentar un precedente para acabar permitiendo la transformación urbanística de suelos especialmente protegidos, al tolerar construcciones por ser imposibles de desmantelar ante el impacto socioeconómico.