«La lengua de signos en España es claramente un negocio»

Y es que, según Concha o Alba , pesa el desconocimiento de que el suyo es un colectivo muy heterogéneo, con diferencias flagrantes en formación (menos del 10% tienen estudios universitarios) y código lingüístico utilizado (lengua oral...). Además, no existe, una lengua de signos universal, existiendo en este país la nacional y la catalana. Para reivindicar «amparo lingüístico», precisamente, sadrán ellas y miles de personas hoy a la calle en el Día Nacional de las Personas Sordas. Reclamarán, sobre todo, tres asuntos prioritarios, como cuentan a ABC en la CNSE: el primero, piden incluir la lengua de signos en la Carta de Lenguas Minoritarias y Regionales de Europa («sería un gran gesto que el Gobierno español dé el primer paso en Europa e inste a introducir la lengua de signos» en la carta, para que todos los ciudadanos tengamos iguales derechos, como dice la ley, apremia Díaz). En el documento no están contempladas las lenguas de signos, lamenta la Confederación, «a pesar de ser utilizadas por millones de personas y estar históricamente documentadas en todos los estados miembros del Consejo de Europa».

En segundo lugar, demandan que, de reformarse la Constitución en España, se incluya en su artículo 3 el reconocimiento a la lengua de signos como una lengua oficial más del país (española y catalana); y, tercero, que estas dos lenguas de signos utilizadas en nuestro país sean declaradas como bienes del patrimonio cultural inmaterial, coincidiendo con que en 2018 se celebra el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Concha Díaz replica que con las tres peticiones lograría darse a la lengua de signos «el reconocimiento y el estatus» que pretendió darle, hace más de diez años, la Ley 27/2007, de 23 de octubre , por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y que «no se está cumpliendo», objeta. «Un dato que demuestra el déficit de acceso que tenemos es la comparativa con otros países más avanzados en el ámbito lingüístico -añade Díaz-. En el norte de Europa, por cada diez personas sordas hay un intérprete de lengua de signos. En España , hay uno por cada 143. Pero no quiero que dependa del número de personas, tenemos derecho a vivir como somos». Y le da la razón la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla que se han de equiparar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas sordas a los de los usuarios de cualesquiera otras lenguas.

Conmemorarán esta efeméride, adoptada en 2014 en Consejo de Ministros, «regalando signos», dice la presidenta de la entidad asociativa. «En decenas de municipios, en las calles, enseñaremos a decir la palabra que quieran, amor, amistad, sonrisa, en lengua de signos, comenta. Además, decenas de edificios y monumentos emblemáticos del país iluminarán sus fachadas con el color del colectivo -el azul turquesa- en reconocimiento a este día y como señal de apoyo a las lenguas de signos.

Más allá del evento lúdico, las personas sordas reclaman blindar la lengua de signos en cada ámbito de su vida, ya que son «lenguas en peligro que necesitan disponer de instrumentos legales que propicien su adecuada difusión, transmisión, documentación, investigación, preservación, promoción, valorización y revitalización». Alba, graduada universitaria en Educación Infantil, comenta algunos ejemplos muy ilustrativos. Como técnico de igualdad de género en el colectivo, considera que una persona sorda tiene «el cuádruple de posibilidades» de no salir de una situación de marginación, o de un episodio de violencia de género, o de discriminación si, encima, es mujer. Las posibilidades se estrechan en el medio rural, donde no tienen acceso a la información para encontrar una salida, relata esta joven. O si eres inmigrante, y utilizas una lengua de signos o una variedad diferente. « Nací sorda, mis padres lo son y tuve la suerte de que supieron buscar médicos, información, me crié en un entorno emocionalmente constructivo, les dieron a elegir posibilidades de colegio porque soy de Madrid, pero en España depende mucho de dónde residas para tener más o menos opciones como persona sorda », dice.

Alba relata cómo hay mujeres que no pueden desligarse de la situación de abuso sexual en el ámbito doméstico hasta que otra persona sorda no les explica que «ese drama que están viviendo no es lo normal». Porque ellas no lo saben, si no se les informa. También ocurre en la Justicia, explica esta joven, donde las mujeres sordas que acuden a denunciar se topan con que hay un intérprete de lengua de signos (si lo hay, y disponen de este servicio, como impone la ley), pero lo que necesitan es, en realidad, un «mediador comunicativo», que, normalmente es sordo también, que se adapte a la necesidad comunicativa y de comprensión de cada persona sorda.

Repite Alba: «Somos un colectivo heterogéneo. Pero se nos suele etiquetar. Ser sordo no es una condena, simplemente necesitamos de más recursos, medios y oportunidades, porque podemos aportar riqueza». El principal escollo, ahora mismo, es el del acceso a la información. « Lo que pedimos es la normalización . Yo voy a las urgencias y no me entero de que me están llamando ni nadie me busca, porque soy sordo», remacha.

Algunas conquistas se han logrado en estos años, agradece Alba, como lograr (en su área de trabajo) que el 016 de denuncia de violencia de género para las mujeres sea accesible, a través del sistema SVisual o sistema de videointerpretación, aunque con «un horario cerrado».

Más del 70% de ese millón largo de personas tienen más de 65 años, aunque solo 173.000 personas tienen certificado de discapacidad (superior al 33%), acorde con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). «Todavía, y aunque hay una ley que lo explicita, no se nos ampara en todos nuestros derechos», agrega la presidenta de la CNSE.