Más de mil mujeres con discapacidad esterilizadas en la última década sin su conocimiento

Una denuncia pública de este calibre no puede ser silenciada, han determinado una colección de asociaciones y ONG en defensa de los derechos de las personas con discapacidad que ayer, con la Fundación Cermi Mujeres (FCM) y el Foro Europeo de la Discapacidad al frente, presentaron en Madrid el informe «Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad ».

Empezando por el final, la casuística que ha llevado en la última década a un millar de familias a decidir pedir que su hija sea declarada incapacitada jurídicamente, negándole así el derecho a decidir sobre su maternidad, nace de un origen común, según respondió ayer a este periódico Ana Peláez, vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad. «No queremos culpar a las familias, pero muchas veces el asesoramiento de profesionales de la salud y de la educación, los médicos y profesores de estas mujeres, son las que aconsejan a los padres esta intervención quirúrgica », afirma.

Las fundaciones exigen que se modifique tanto el Código Penal como el Civil en España, que ampara que un juez pueda conceder esa incapacitación sin consentimiento del afectado. «La esterilización vulnera los derechos sexuales y reproductivos de esas mujeres y niñas y cercena sus derechos civiles y políticos», censuró Peláez.

El documento, que también cuenta con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, desmonta algunas « falsas creencias » asentadas en el imaginario colectivo sobre la posibilidad de que la prole de mujeres con discapacidad intelectual no esté sana. «Las investigaciones al respecto no señalan una relación entre el nivel de formación o inteligencia de los padres y ser buenos en el ejercicio de la paternidad. Muchas de estas mujeres lo son de manera exitosa y tienen hijos felices», defendió Peláez con vehemencia.

Cermi Mujeres no puso rostro a las mujeres esterilizadas. Pero sí reprodujo algunos de los lamentos que no dejan de escuchar en la asociación entre quienes lo descubren o lo han sido. Según explicaron tanto Ana Peláez como Isabel Caballero, coordinadora de esa entidad, el «momento» que escogen muchas familias para que su hija sea esterilizada es tras la primera regla de la adolescente. Aunque, por la experiencia de la Fundación, hay otros dos momentos: « Cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente; o tras el nacimiento del primer hijo, entonces las familias aprovechan y lo solicitan a los médicos».

Relatan dos casos reales para exigir la sensibilización de los profesionales sanitarios. «Una mujer esterilizada se acercó a Cermi cuando conoció que lo había sido tras nacer su hija y su ginecóloga comentó en voz alta: “Ya te lo he dejado todo arreglado y no volverá a pasar” ». La frase hundió a la afectada en una profunda depresión.

«A todas las tontas les pasa lo mismo», le espetó un médico a otra afectada que no sabía que había sido intervenida ni el alcance de esa operación.

La decisión de incapacitar a una persona arrastra en nuestro país una larga cola de polémicas: primero fue la del voto, incapacitadas todavía 100.000 personas, la mayoría con síndrome de Down para ejercer el derecho al sufragio. Y en abril del año pasado, el Congreso de los Diputados tuvo que «remendar» el Código Civil , para modificar un artículo que todavía impedía a las personas sordas y ciegas no poder decidir cómo y con quién casarse con absoluta libertad. El Congreso cambió la norma que exigía un informe médico previo al matrimonio. Ese informe ahora solo se requiere cuando su condición de salud pueda impedir de manera evidente que presten consentimiento de manera consciente y libre.

En este tercer asunto, Cermi no pone sordina: «España viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2011, un trato que España ha ratificado y que está, por ello, obligada a cumplir», denunció Caballero. También quebranta tratados como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, el llamado Convenio de Estambul. En su artículo 39, se tipifica «como delito» las intervenciones quirúrgicas que tengan como resultado poner fin a las capacidad de una mujer de reproducirse de manera natural, sin su consentimiento previo e informado. Otra cosa es que ellas no quieran ser madres. Estar esterilizadas las expone aún más a sufrir abusos sexuales, al no existir riesgo de embarazo, añaden, un drama que afecta a una de cada cuatro mujeres con discapacidad.

Aún se producen violaciones civiles más flagrantes. Por los datos recabados por Cermi, existen en la actualidad centros y residencias de atención a personas con discapacidad que piden como requisito para dar una plaza de residente a sus familias que se les hayan ligado las trompas de Falopio. Con el respaldo legal necesario, Cermi pondrá estos casos en conocimiento de los tribunales.