Los intérpretes de signos y los asesores sordos estallan por el «maltrato» a un servicio fundamental

Y pese a que el acceso universal a esta educación especial es un derecho fundamental reconocido por la Convención de la ONU desde 2006, ratificada por España en 2008, este colectivo protesta por la desigualdad en las condiciones laborales que se dan en el país, perdidas en una maraña de leyes regionales.

El servicio está tocado por la precariedad absoluta. Sueldos «irrisorios» y falta de reconocimiento son la tónica general. «Las condiciones nunca han sido buenas en el sector», comenta a este diario Almudena Castells , presidenta de Filse (la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-intérpretes). Castells compara esta labor con otros países, como los del norte de Europa, donde se vela por las personas sordas en diligencias como «servicios de banca, el sector audiovisual, el juzgado, la salud y el ámbito religioso, incluso», pero en España no se cuidan estas tesituras. «Sigue considerándose a los sordos ciudadanos de segunda dentro del propio colectivo de la discapacidad», aducen fuentes de la CNSE (Confederación Nacional de personas sordas).

Castells se queja: «Ni por consideración ni por sueldo , ni por accesibilidad a los servicios» se está cumpliendo con la legislación nacional y europea sobre los derechos de las personas con discapacidad. «Hay un desconocimiento hacia lo que hacemos. Se nos debería reconocer como a un intérprete de inglés, por ejemplo. Para las dos modalidades de lenguas de signos –la española y la catalana– pedimos la misma protección que, por ejemplo, hacia las lenguas regionales», reclama. De hecho, es el Consejo de Europa de 2004 el que concluye que las lenguas de signos son «importantes» y «merecen especial consideración y profesionalización del servicio», así como que hay que promocionar el estatus de quienes las usan y enseñan.

De acuerdo con la estadística más fiable, que recoge el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, doctorado en Vigo Rayco H. González Montesino, en su tesis «La estrategia siempre a mano: propuestas didácticas para la interpretación en lengua de signos», en España había en 2010 4.904 intérpretes de lenguas de signos, 753 eran profesionales formados y 4.151, titulados a través del ciclo formativo. Esta cifra se ha engordado en unos 2.000 a día de hoy.

En terreno educativo, los niños tienen derecho, según la ley vigente, a una «educación inclusiva», a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. Pero este derecho puede verse resquebrajado por el estallido de un conflicto laboral sin visos de mejora.

Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid, la empresa que presta el servicio subcontratado, Cilsem, lleva sin abonar las nóminas a sus 67 trabajadores (42 de ellos para los ciclos iniciales de la enseñanza) desde el pasado mes de junio. «Y mayo lo cobramos en septiembre», recrimina una de las afectadas. Filse confirma a ABC que acaba de expulsar a esta compañía de la entidad porque «con sus prácticas iban en contra de los fines y objetivos de Filse, que no son otros que los de defender la profesión y unas condiciones laborales dignas».

«No tenemos ni para pagar el abono transporte»; «queda muy mono colocar intérpretes cada cuatro años en los escenarios de los mítines porque hay elecciones y luego no acordarse más ni luchar por nuestros derechos» son algunas de las quejas esbozadas por los profesionales que trabajan en los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid y que acumulan retrasos en el cobro de su salario desde junio. Algunos no han percibido ni un euro desde entonces y otros (hasta 67 personas, sumando nueve asesores sordos , que son una figura muy importante para el alumnado sordo en la etapa infantil y primaria; e intérpretes de servicios, que acompañan a los sordos al médico, al notario y a reuniones, y que Cilsem factura a la Consejería de Políticas Sociales y Familia) sufren también demoras en su salario.

La Consejería de Educación ha reconocido a este periódico que el contrato con Cilsem venció, la licitación quedó desierta y, al tratarse de un servicio esencial para que el aprendizaje no se interrumpa, se prorroga la subcontrata. La compañía se escuda en la demora de los pagos que sufre por parte de la Consejería para no pagar a sus profesionales. Fuentes del departamento autonómico reconocen que sí «ha habido retraso en los pagos al estar metidos en los trámites administrativos derivados de la prórroga concedida». Si bien la Consejería acredita el abono del pago el pasado mes de junio: «No sabemos qué ha hecho la empresa con ese dinero», puesto que muchos de sus empleados no cobraron ni el último mes del curso pasado. ABC se ha puesto en contacto con Cilsem, sin obtener una respuesta.

Madrid es una de las autonomías (como Aragón, Asturias y Andalucía, por ejemplo) que tiene externalizado el servicio a un proveedor de servicios de intérpretes (PSI)que en muchos casos ni siquiera tiene que estar especializado en discapacidad. En otras, como Galicia y País Vasco, es un servicio público y los intérpretes son contratados directamente por la Administración, que les remunera como personal laboral. La Rioja (y en Baleares, la isla de Mallorca) no tiene siquiera un servicio activo.

«Muchos de nuestros profesionales no llegan al salario mínimo interprofesional», enfatiza Castells. En el mejor de los casos, según los profesionales entrevistados, llegan a 1.050 horas por contratos, en su mayoría fijos-discontinuos en base a la prestación del servicio (como en el curso escolar, de septiembre a junio) y, el resto, temporales.

A Cilsem le llueven las «reclamaciones laborales» , habiendo aplazado a enero una próxima reunión con el comité de empresa, especifican fuentes de ese comité. De momento, trabajadores como Aura (no da su nombre por temor al despido), tienen «que pedir prestado para ir a trabajar». «Tenemos las manos atadas. Los que estamos en los colegios somos responsables de que el niño con problemas de sordera y deficiencia auditiva evolucione, así que juegan con eso. Pero los chicos no son una mercancía». «Si no fuera por mi contrato en televisión, no tendría cómo pasar esta Navidad ». Aura, con 46 años, trabaja en los colegios por 900 euros. «Y soy de las afortunadas», remacha. «Para nosotros, la crisis no ha pasado».