La inmersión lingüística en Baleares llega a los tribunales amparada por el 'efecto Canet'

La estocada del Tribunal Supremo a la inmersión lingüística en las escuelas catalanas está siendo un revulsivo esperanzador para familias y asociaciones civiles que llevan años batallando contra la discriminación lingüística del español en las aulas en otras regiones con lenguas cooficiales. Mientras, la presidenta Armengol, quien está ultimando su ley educativa para blindar la inmersión lingüística en las aulas, ya ha dejado claro que no tiene intención de aplicar la jurisprudencia ; al contrario, dice que el auto del Supremo no la genera y que sólo afecta a Cataluña.

Pero «la justicia no es cantonal sino estatal», precisa PLIS rectificando a Armengol, que recuerda que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar que se imparta como mínimo un 25% del horario lectivo en castellano y al menos en una materia troncal o análoga no tiene recorrido sólo en Cataluña sino en todas las comunidades bilingües», por lo tanto también en Baleares.

Amparado por este auto histórico, PLIS presentó el recurso el pasado 9 de diciembre y, según ha informado, fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) el pasado día 15. «Una buena noticia», que llega después de tres años de intentos sin éxito de poner fin a la «ilegal» inmersión lingüística en Baleares , sostiene la asociación de profesores.

PLIS pretende de este modo forzar al Govern balear a transmitir a los directores de centros instrucciones «claras y precisas» para adaptar los proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico. Opina que «la inmersión obligatoria en catalán no sólo es un abuso de poder sino un despropósito pedagógico».

Su presidente, Josep Ignasi Aguiló, explica que ha dado un paso al frente para «reclamar los derechos que déspotas se niegan a dar» ante la inacción del gobierno central, «que abandona a los alumnos baleares a su suerte, y ante la decidida infracción del ordenamiento jurídico por parte del gobierno balear, que anima a profesores y directores a ignorar la jurisprudencia».

Explica que los profesores están legitimados, tanto como los padres y los alumnos, para solicitar administrativamente y demandar judicialmente la modificación del proyecto lingüístico si éste no respeta la normativa ni el ordenamiento jurídico. «Y si el gobierno balear y los directores de los centros se niegan a modificarlos, los profesores les obligaremos a ello», advierte.

Esta asociación de profesores, que defiende la escuela como lugar de aprendizaje y no como un medio de instrumentalización, ha puesto en jaque al Gobierno de la socialista Francina Armengol. Primero sacó a la luz que el 90% de las escuelas practica la inmersión lingüística en catalán. Según el estudio de PLIS, en el 93% de los centros de infantil de las islas, el castellano no existe; y en el 80% de los de primaria, queda reducido a la asignatura de Lengua Castellana, exactamente lo mismo que la lengua extranjera. Para tener acceso a los horarios y poner en evidencia a Armengol, que niega que haya inmersión lingüística en Baleares, los profesores recurrieron a un tribunal de arbitraje, que les dio la razón.

PLIS también elevó una queja al Defensor del Pueblo , que le dio la razón. En su último informe, Francisco Fernández Marugán afirmó con claridad que los proyectos lingüísticos debían contemplar el castellano como lengua vehicular en una proporción razonable y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había establecido esta proporción en un mínimo del 25% de las horas lectivas y en como mínimo una asignatura troncal, aparte de castellano.

Por último, se encomendó a la Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio de Isabel Celáa, que rechazó instar al Gobierno balear a acatar la jurisprudencia. «La normativa actual no indica que la proporción mínima del castellano en los proyectos lingüísticos [...] deba ser un 25%», negó Isabel García Sureda, directora de la Alta Inspección de Baleares, a la reclamación de PLIS, obviando tres sentencias del Tribunal Supremo.

Para PLIS, «mal está que los colegios infrinjan la ley pero es mucho peor que lo haga la Administración». Por eso, el objetivo de la demanda es dejar claro que «hay que cumplir las leyes y que se respeten los derechos de las personas» para que las familias puedan elegir en qué idioma quieren educar a sus hijos.