La comunidad católica pide al PSOE que cumpla el fallo del Constitucional y deje de atacar la clase de Religión

La Lomce -que entró vigor en diciembre de 2013-, establece que, tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria-, son evaluables y la nota cuenta para la media del curso «a todos los efectos», ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, «como el resto de las asignaturas».

«El anuncio de la ministra de Educación responde a una improvisación y a una carga ideológica. Si la materia deja de contar para la nota media se le quita valor, se la desacredita y a final evita que la elijan», aseguró a ABC José María Guardia, presidente de Apprece, la organización que representa a los profesores de esta materia.

Guardia recordó además al PSOE que el Tribunal Constitucional falló en abril de este año contra un recurso interpuesto por el propio PSOE contra la Lomce. En dicha sentencia el máximo tribunal sostiene que la equiparación de la asignatura de Religión con la de Valores Culturales y Cívicos/Valores Éticos, que plantea la Lomce, es «respetuosa con el principio de neutralidad religiosa del Estado, porque no implica valoración alguna de las doctrinas religiosas y, al mismo tiempo, garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral, de acuerdo con sus convicciones». «La ignorancia del PSOE no le exime del cumplimiento de la ley» , advirtió Guardia.

La Confederación de Padres Católicos (Concapa) también rechazó el anuncio de la ministra Celaá. Su presidente, Pedro Caballero, explicó a ABC que el Estado « debe garantizar la oferta de la asignatura, que es de elección voluntaria, evaluable, equiparable a las demás materias y que debe impartirse dentro del horario lectivo habitual».

La equiparación de Religión al resto de las asignaturas no es una nueva invención de la comunidad educativa católica. Los Acuerdos Iglesia-Estado en materia de enseñabnza firmados en 1979 establecen que «los planes educativos» en todos los niveles «incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Además señala que las autoridades académicas «adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar».