El Gobierno vigilará con inspectores que se practiquen abortos en todas las comunidades y en hospitales públicos

Uno de los objetivos de la ley es garantizar que todos los hospitales de la red pública practiquen abortos. Se pone fin al actual modelo que deja en manos de clínicas privadas concertadas la atención, aunque «excepcionalmente» –dice el texto– se podrá derivar a una clínica acreditada. Igualdad no entiende que solo el 15,5% de las interrupciones se realicen en el sistema público y haya cuatro comunidades que nunca realicen ninguna de estas intervenciones.

Cuando entre en vigor, los hospitales de la Sanidad pública deberán hacer abortos, aunque haya profesionales que aleguen objeción de conciencia. Entienden que un profesional pueda objetar, pero no todo el equipo del hospital público. Si sucediera, el centro deberá resolver esta situación y garantizar ese «derecho» de la mujer . Para asegurar el cumplimiento de la norma, el Gobierno contará con inspectores que vigilen que el derecho al aborto se cumple. «Se reforzará el papel de la Alta Inspección para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio», explican en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al anteproyecto y a la que ha tenido acceso ABC.

Justifican que la «deficiente regulación de la objeción de conciencia» es lo que frena el acceso al aborto en la Sanidad pública. Aseguran que respetarán el derecho de los profesionales a objetar, pero les obligarán a inscribirse en un registro . Habrá uno en cada comunidad autónoma, recoge el borrador de la ley.

En la memoria también se defiende el acceso al aborto como un derecho de las mujeres y llega a calificar de «positivo» el impacto que tendrá la nueva ley del Aborto sobre la infancia y la adolescencia. Sin embargo, considera nulas las repercusiones económicas que tendrá la reforma legal. Aunque la memoria económica estima un coste de casi 189 millones de euros anuales.

Fuentes del departamento de Irene Montero aseguran que el texto aún se está negociando y hay disposiciones aún por cerrar, pero lo cierto es que incluye la mayoría de las reivindicaciones de Podemos y deja fuera las peticiones más críticas, entre ellas las de los médicos que habían pedido una regulación de la objeción de conciencia sin registros para no sentirse señalados, del mismo modo que funciona en la ley de la Eutanasia.

He aquí las principales claves de la nueva ley del Aborto, a la que previsiblemente dará luz verde el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros.

El borrador de la futura ley del Aborto pone por escrito la última reivindicación que hacía frente a los micrófonos la número dos del ministerio, Ángela Rodríguez : el derecho inédito en nuestra jurisdicción de la salud menstrual, con la regulación de un permiso de tres días a la mujer que demuestre mediante un certificado médico que padece reglas muy dolorosas e incapacitantes. Esa baja médica tendrá una validez anual, deberá renovarse año tras año, según recoge la memoria del anteproyecto.

Rodríguez había aseverado el pasado octubre que España debía continuar la senda de otros países (está extendido en países asiáticos) que introducen esas bajas menstruales en las empresas y entidades. En España, fue el Ayuntamiento de Gerona el primero que lo articuló el pasado mes de junio para sus trabajadoras y le siguió en septiembre el de Castellón de la Plana. Ambos consistorios conceden a las empleadas la opción de ausentarse del trabajo durante ocho horas mensuales, que pueden recuperar en los tres meses siguientes. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la dismenorrea puede afectar a un tercio de la población femenina en edad fértil.

El borrador, al que tuvo acceso ABC, explicita también otros dos permisos. La mujer que interrumpa su embarazo –voluntariamente o no– dispondrá de un permiso de cinco días, que no equivale a una incapacidad temporal. Si decide continuar son su gestación, otro de los planteamientos de Igualdad es que las embarazadas tengan derecho, a partir de la semana 36 y hasta que den a luz, a un permiso preparto retribuido y universal con el fin de proteger la salud materna, y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé.

En la ley, cuyo grueso fue adelantado por la ministra de Iguadad el 23 de febrero, se mantiene como en 2010 que la interrupción voluntaria del embarazo se puede practicar hasta la semana 14 de gestación y la 22, en caso de peligro para la vida de la madre o el bebé. Todos los derechos asisten a las personas transexuales con capacidad de gestar, añade Igualdad en su borrador.

Una de las grandes novedades que no explicó Montero en esa ocasión ante la Comisión de Igualdad del Congreso es que la nueva legislación deja la puerta abierta a que los tribunales puedan perseguir casos de gestación subrogada contratados por españoles en el extranjero e incluso tipifica esas conductas como una forma de violencia de género, así como establece «medidas sancionadoras a las agencias y clínicas de intermediación que las promuevan o los medios de comunicación que las publiciten». Además, la norma castiga otras formas de violencia reproductiva y obstétrica: se perseguirán las malas praxis médicas en partos y embarazos, también en sus interrupciones.

No ha habido cambios en la legislación, pero la intención del Ejecutivo es reducir del 10% al 4% el IVA de los productos de salud menstrual y de higiene femenina. Los facilitará gratis en colegios, cárceles y a colectivos vulnerables.