El Gobierno pone en manos de los jueces la determinación de la edad de los menores solos

Según ha destacado en rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Justicia Pilar Llop, se trata de que el procedimiento de determinación de la edad se despliegue con «pleno respeto» a los derechos de la infancia y adolescencia , y con todas las garantías legales: el menor será oído y tendrá acceso a recurso durante todo el proceso hasta que sea un juez quien en sentencia firme, determine que edad tiene atendiendo a toda la prueba practicada al respecto y ordene su inscripción en el Registro Civil. Será siempre un juez de menores, porque la minoría de edad se presumirá desde el inicio en cada afectado.

La ministra ha incidido en que el proceso «se regirá por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad durante todo el procedimiento y el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento«.

En este sentido, el anteproyecto apuntala la eliminación de los desnudos integrales y los reconocimientos ginecológicos que ya abolió la Ley Integral de Protección de la Infancia, así como reconoce el derecho a la justicia gratuita y a un intérprete en caso necesario, y plantea un sistema «holístico» de evaluación del niño o adolescente y sólo en los casos en que no esté documentado.

Este era un asunto clave para organizaciones como Fundación Raíces, que se dedica específicamente a la atención de estos niños que llegan solos a España y que a lo largo de su historia ha visto como decretos de determinación de la edad firmados por fiscales contradecían la documentación del país de origen que portaba el niño, sin que esta hubiese sido impugnada como presuntamente falsa por ninguna autoridad.

La evaluación que se hace del anteproyecto en Raíces es en general «muy positiva», aunque con cautelas en espera de conocer la letra pequeña en asuntos que son clave en la protección de estos niños en el día a día del proceso, según informó a ABC la presidenta Lourdes Reyzábal.

Entre sus propuestas, por ejemplo, estaba la de poder revisar esa sentencia firme de determinación de la edad que dicte un juez cuando aparezca la documentación del país de origen y que de igual modo, se pueda sobre la marcha cambiar la inscripción de la edad en el Registro Civil que se hubiese realizado sin necesidad de acudir para ello al Supremo ni tener que litigar ante la percepción de que la edad es cosa juzgada.

El Ministerio ha indicado que este nuevo anteproyecto se ajusta a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas , el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE), entre otros organismos.