El Gobierno acelera la sanidad universal con un «decretazo exprés» sin consenso

Los populares cifran el coste económico en, al menos, unos 420 millones de euros. A esta cifra llegan después de aceptar el dato de 280.000 extranjeros irregulares que la ministra Carmen Montón aseguró en el Congreso que se beneficiarían de la medida. Un dato que multiplican por los 1.500 euros de coste por habitante y año. El Ministerio de Sanidad seguró a ABC que la memoria económica «se elaborará en su momento», y que ahora se está en fase del «articulado». Estas fuentes ministeriales desmienten que no haya consenso, porque se ha enviado el borrador del Real Decreto a las comunidades autónomas para que hagan sus aportaciones.

Desde que el Ejecutivo de P edro Sánchez anunciara su intención de devolver la sanidad universal a los extranjeros irregulares, el Ministerio de Sanidad solo ha mantenido dos contactos con las Comunidades autónomas para explicar el contenido de una propuesta de gran trascendencia. Lo hizo el 28 de junio en una Conferencia Sectorial, en la que, « 36 horas antes de su celebración, nos enviaron un folio», señala a este periódico el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez .

Posteriormente, el pasado viernes, en una videoconferencia de la Comisión de Prestaciones del Ministerio, les adelantó el contenido del Real Decreto Ley, «y nos dio dos días hábiles para presentar alegaciones». Un plazo que finalizó ayer y que la Comunidad de Madrid, también gobernada por el Partido Popular, ha pedido que se amplíe, según afirmó el consejero de esta Comunidad, Enrique Ruiz. Además, criticó que invada competencias autonómicas.

«Un tema tan serio no se puede abordar con estas prisas y sin un proceso participativo», insiste Antonio María Saez. El consejero afirma sobre el borrador que, entre otras cuestiones, elimina el requisito de residir 90 días en España para acceder a la tarjeta sanitaria, que «genera confusión». Igualmente, desde la Comunidad de Madrid admiten su preocupación por la necesidad de que quede claro cómo se van a beneficiar los residentes extranjeros que tengan recursos.

El Gobierno de Galicia también se sumó al de Madrid y Castilla y León. Fuentes de este departamento coinciden en que «se debería disponer de un plazo mayor para poder valorar todas las implicaciones» que conlleva. Además, le preocupa la « sostenibilidad» del sistem a y que este anuncio fomente el «turismo sanitario. Las modificaciones propuestas por el Ministerio dejan sin regular aspectos fundamentales, al no fijar fórmulas para acreditar la residencia, sin distinguir entre residencia tempora l o definitiva». Además, recuerdan que Galicia fue la primera comunidad en desarrollar un programa para dar cobertura sanitaria a esta población».

Por su parte, el sector sanitario en Cataluña valoró «positivamente» la decisión del Gobierno. Desde la Federación de Sanidad de CC.OO. recuerdan a ABC que «se trata de una medida consensuada con las comunidades autónomas y los agentes sociales. En Cataluña ya se legisló mediante la Ley Catalana 9/2017 de Universalización de la Asistencia Sanitaria con cargo a fondos públicos, pero, por desgracia, esta ley duró poco y fue suspendida a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno».

Igualmente, el sindicato mayoritario entre los facultativos, Médicos de Cataluña, apoyó la medida del Ejecutivo. El secretario general de esta organización, Josep Maria Puig, celebró la sensibilidad de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, afirmando que «en ningún momento se ha podido objetivar el supuesto ahorro económico de la exclusión sanitaria de los sin papeles » que arguyó el anterior Gobierno. Puig reiteró que «el afán de querer instalar fronteras asistenciales en una sociedad inclusiva y globalizada es un grave error, desde el punto de vista ético como de salud pública».