Una sanidad universal sin impacto económico ni respaldo jurídico

Dos semanas después de que el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez lanzara esta propuesta, los consejeros autonómicos fueron convocados por la ministra para conocer los términos de esta iniciativa. Sin embargo, Montón admitió que no había entregado datos precisos a los consejeros de Sanidad, sino que solo había transmitido unos «principios básicos».

La preocupación sobre la falta de información ante una decisión que se va a tomar en seis semanas la lanzaron los consejeros autonómicos del Partido Popular . Su principal crítica, al margen de haber participado en una reunión «sin papeles», es la ausencia de una memoria de impacto económico sobre la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

«No saben qué van a hacer», comentaba a ABC el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz. «Parece más un anhelo de una idea que quieren llevar a cabo, sin respaldo jurídico, ni valoración económica . Si quieren dar derechos a más gente, tendrán que pagarlo», insistió.

La falta de un compromiso claro de financiación no es el único escollo que preocupa a los populares. Otra de las cuestiones claves para aplicar esta medida es el « respaldo jurídico» que va a tener. Inicialmente, el Ejecutivo se refirió a la aprobación de un Real Decreto, «hoy no nos han aclarado si será una modificación del decreto actual o la elaboración de una ley», señala Ruiz.

En relación a la financiación, a los consejeros de las comunidades del PP les sorprende que, «hasta hace unos días, a los gobiernos autonómicos del PSOE les parecía un problema importantísimo la financiación, y, de repente, pasa a un segundo o tercer plano», señala el consejero de Murcia, Manuel Villegas.

Estas autonomías en manos del PP han hecho sus cálculos sobre lo que podría costar la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de los 840.000 inmigrantes que, según la consejera socialista de Baleares, Patricia Gómez, se quedaron fuera. El consejero de Castilla y Leó, Antonio María Sáez, aseguró que, «teniendo en cuenta que el coste es de 1.530 euros al año por habitante, admitir a los más de 800.000 excluidos costaría unos 1.200 millones de euros».

Una gran parte de estos inmigrantes se han ido incorporando a la sanidad española en los últimos años, como así lo han admitido tanto la ministra como las autonomías. Ello se ha llevado a cabo a través de reformas de l Real Decreto de racionalización del gasto en sanidad, que aprobó el Gobierno de Rajoy. Otra cosa distinta es que ahora haya que incorporar a más inmigrantes irregulares , que no están contabilizados, además de parte de los que se quedaron fuera con la medida del PP.

La valoración de los consejeros socialistas de la primera Conferencia Sectorial con la ministra fue muy distinta. Todos coincidieron en destacar este encuentro como «un día histórico», según señaló la consejera balear, Patricia Gómez. Además, colocaron en un segundo plano el coste que puede tener esta medida, con el argumento de que «los inmigrantes irregulares son jóvenes y hacen poco uso de la sanidad pública».

La ministra también colocó en un segundo plano el tema de la financiación. «Primero hay que recuperar los derechos y después implementar los recursos en el sistema», afirmó Montón. En este sentido, llego incluso a asegurar que «un país gasta más dinero cuando atiende a los pacientes en urgencias, que en la atención primaria», que es precisamente lo que se quiere potenciar, universalizando la tarjeta sanitaria. Montón no quiso ir más allá sobre el contenido de la medida, subrayando que «hemos abierto un camino de diálogo, en el que ya nos hemos reunido con los movimientos ciudadanos».

Uno de los puntos del documento entregado es que la tarjeta sanitaria se entregará a los que llevan un mínimo de 90 días empadronados .