Victoria proabortista en EE.UU. en el primer fallo desde 2007

El Congreso del estado sureño puso en marcha en su día, con la llamada ley HB2, una serie de limitaciones a las clínicas abortistas, la principal de ellas la obligatoriedad de equiparar sus instalaciones a las de los hospitales, lo que había obligado a cerrar a la mitad de ellas (veinte de cuarenta). También establecía el requerimiento de que los doctores llamados a realizar las operaciones tuvieran privilegios de admisión en hospitales con servicios de obstetricia y ginecología, algo que reducía notablemente el número de médicos que pudieran llevarlas a cabo y las posibilidades de las clínicas más pequeñas.

El principal argumento de Texas, que cuenta con un legislativo de mayoría republicana, se centraba en la necesidad de poner por delante la salud de las mujeres. Frente a ello, las clínicas alegaban que se restringían sus derechos amparados por la ley federal , que se remonta a 1973.

Unos meses después del fallecimiento del magistrado conservador Antonin Scalia, figura prominente de un tribunal de mayoría conservadora, la resolución sale adelante precisamente por el voto decisivo del también conservador Anthony Kennedy , cuyo respaldo resultó decisivo para que triunfaran las tesis de los cuatro jueces liberales de la Corte Suprema. De otra forma, si se hubiera producido un empate a 4, de forma que hubiera prevalecido la última sentencia sobre el caso de un tribunal ordinario. Hace un año, también en junio, una corte de apelaciones de Nueva Orleans había considerado que le legislación texana no suponía un escollo para el derecho de las mujeres a someterse a estas intervenciones.

Abortar en Estados Unidos es legal desde 1973, por un ley federal que sin embargo ha recibido restricciones por legislaciones aprobadas en algunos de mayoría republicana. La normativa vigente se rige por el fallo en el conocido caso Planned Parenthood (centros de regulación federal de asistencia médica, incluida la abortista ) contra Casey, de 1992, según la cual los estados pueden establecer restricciones, pero siempre que no representen un obstáculo para que las mujeres puedan abortar .