El Supremo de EE.UU. evalúa dividido el caso de aborto más importante en 20 años

En una sala de columnas griegas y cortinas granates, chocaron los jueces más progresistas, capitaneados por las magistradas Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor , frente a los conservadores John Roberts -presidente de la corte y más neutral- y Samuel Alito, que se mostró muy incisivo con múltiples preguntas.

La muerte hace tres semanas del magistrado conservador Antonin Scalia ha dejado al Tribunal Supremo con ocho jueces, por lo que los analistas apuntan a una decisión ajustada, en la que el juez Anthony Kennedy podría tener la llave del desempate.

A consideración de los jueces estuvo hoy una ley de Texas promulgada en 2013 que exige a las clínicas de aborto cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y, además, que sus médicos tengan privilegios de admisión en un hospital que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubique el centro para abortos.

«Estos requisitos son innecesarios y tienen como objetivo dificultar el aborto», afirmó durante la vista Stephanie Toti , abogada que representa a los grupos de mujeres demandantes, entre ellos el principal, Whole Woman's Health.

Toti afirmó que la legislación ha motivado el cierre en Texas de 22 de las 41 clínicas abiertas antes de la ley, lo que castiga a las mujeres más pobres, que no pueden costearse viajes de cientos de kilómetros para pagarse un aborto, permitido en Estados Unidos desde 1973.

En defensa de los demandantes salió la jueza Sotomayor, la primera latina del Supremo y que preguntó al abogado de Texas Scott Keller sobre la situación de la clínica de McAllen, en el valle del río Grande, fronterizo con México y predominantemente hispano.

«Es la única clínica en el área, había cuatro doctores en la clínica, no han conseguido privilegios de admisión y el único que puede trabajar es un doctor a punto de jubilarse. ¿Me puede explicar por qué ese doctor tiene que trabajar como un esclavo para poder dar abortos a todas las mujeres de ese área?», clamó Sotomayor.

Frente a las críticas de los jueces progresistas, el representante del estado de Texas afirmó que la ley pretende proteger la salud de las mujeres al asegurarse de que los centros tienen los recursos para hacer frente a cualquier complicación.

Para apoyar la postura de Texas, el juez Alito, considerado conservador, dijo que no le parecía tan descabellado que una enfermera de un centro abortivo tuviera un certificado de primeros auxilios, como requiere la ley.

Este es el caso sobre el aborto con mayor repercusión pública que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos desde 1992. La decisión en junio de los jueces podría afectar no solo a Texas, sino también a una veintena de estados con leyes similares y que podrían verse obligados a revertir su legislación en caso de darse un fallo en su contra.