La discapacidad estará incluida en las estadísticas de violencia de género

En la Cámara Alta se dió luz verde el pasado día 12 a incorporar el indicador de discapacidad en estadísticas de víctimas de violencia de género y que se garantice la accesibilidad de todas las dependencias judiciales con el fin de que sean «comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción».

Igualmente, los populares añadieron en una de sus enmiendas la necesidad de que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tengan en cuenta la variable de discapacidad en los datos sobre víctimas de violencia de género, una reivindicación de la Fundación CERMI Mujeres (FCM).

Así, en el texto aprobado se recoge que se deberá «facilitar que la información estadística pueda ser desagregada tomando en consideración el indicador de discapacidad de tal forma que sea posible la explotación de datos precisos sobre la situación de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad».

No es esta la primera medida que se ha aprobado a favor de las víctimas de violencia de género, ya que el Congreso ratificó la pensión de orfandad para los hijos de víctimas de violencia de género, independientemente de que sus padres hayan cotizado, o no a la Seguridad Social. La pensión no contributiva pasará de 160 a 600 euros.

La segunda reforma legislativa la aprobó el Gobierno a través de un Real Decreto y también provocó el malestar de los grupos. Este «decretazo» rompía el espíritu de consenso, y el Grupo Socialista se vio obligado a tramitarlo como Proyecto de Ley para que el Congreso no lo tumbara. Entre las medidas que recoge, una afecta a la patria potestad de los progenitores, ya que el menor podrá recibir asistencia sicológica sin autorización de los padres.

Sobre este Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso, el Gobierno quiere que la reforma de la Ley del Registro Civil ofrezca a los hijos mayores de edad y otros descendientes de víctimas de violencia de género la posibilidad de eliminar cualquier rastro del apellido paterno. Así lo recoge una enmienda del Grupo Socialista al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, a la que tuvo acceso ABC.