La delegada de Celaá en Baleares responde con una falta de ortografía a la ausencia de español en las aulas

En apenas nueve líneas redactadas, la alto cargo del Ministerio de Educación comete una grave falta de ortografía al escribir «recoje» en vez de «recoge» , además de un error de puntuación, como se puede leer en el documento remitido al presidente del Parlamento autonómico. Concretamente, cita el dictamen 193/2016 del Consejo de Estado «que recoje (sic) que los parlamentos autonómicos carecen de competencias de control político sobre el Gobiernno de la Nación o las autoridades, funcionarios y cualesquiera otras personas a su servicio».

Señala el artículo 29.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que dice que «los actos y omisiones del gobierno de la nación […] están sometidos al control político de las Cortes Generales , y no, en cambio, al de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas».

De este modo, García Sureda, se niega a intervenir en 300 centros del archipiélago que no dan ninguna asignatura en español, en incumplimiento del ordenamiento jurídico que obliga a dar un mínimo del 25% de las horas en castellano, a la vez que exhibe un manejo precario de esta lengua.

La petición de comparecencia en sede parlamentaria se produce después de que la asociación Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS. Educación, por favor) pidiera a la Alta Inspección Educativa que interviniera en 291 centros educativos de las Islas donde el castellano se trata como una lengua extranjera.

PLIS, que defiende una escuela como lugar de aprendizaje y no de instrumentalización, reunió los proyectos lingüísticos de 291 colegios del archipiélago, pese a las trabas del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol que se negaba a entregárselos, pese a que deben estar expuesto públicamente. Una vez en su poder, PLIS analizó los proyectos lingüísticos, donde se explicitaba la lengua en que se imparte cada asignatura. Dicho estudio concluyó que el 93% de estos centros no impartía ninguna hora de castellano en infantil, mientras que en primaria sólo se daba en Lengua Castellana en el 80% de los centros.

PLIS requirió la modificación de estos proyectos lingüísticos tanto al Govern balear, como a la inspección educativa balear y la Alta Inspección. Ante la negativa de éstos, Ciudadanos de Baleares solicitó la comparecencia de García Sureda en sede parlamentaria y ésta, finalmente, la ha rechazado.

La directora de la Alta Inspección Educativa se ha negado hasta dos veces a actuar y forzar al Govern balear a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, tal y como ha informado ABC. Alegó que «no procedía» y que no podía intervenir en la legislación autonómica, aunque PLIS le pedía que lo hiciera precisamente en cumplimiento de la normativa estatal.

Desde Ciudadanos Baleares lamentan el rechazo de la delegada de la ministra Isabel Celaá en Baleares y avanza que la formación forzará su comparecencia en el Congreso. «Esperemos que allí comparezca y dé todas las explicaciones oportunas y no siga desoyendo las sentencias del Supremo y del Defensor del Pueblo«, ha manifestado la portavoz autonómica de Ciudadanos en las Islas, Patricia Guasp .

«De todos es sabido que en Baleares hace muchos años que no se cumple con este mínimo del 25% que requiere el Tribunal Supremo, por eso consideramos negativo que la señora García no dé explicaciones sobre este informe y sobre su negativa a instar al Gobierno balear a cumplir con algo tan importante como esta sentencia», ha asegurado.

La portavoz defiende que el castellano sea vehicular en las escuelas de Baleares y que se deje de 'atacar' el bilingüismo y las modalidades lingüísticas propias. «Estamos en contra de la imposición lingüística del Ejecutivo balear , que excluye constantemente el castellano y que utiliza la lengua como arma política para perseguir ese sueño del monolingüismo siguiendo la misma ruta identitaria que Cataluña».