Celaá hace la vista gorda ante 300 colegios de Baleares sin ninguna asignatura en español

«Las funciones de la Alta Inspección nunca pueden suponer una intervención directa en la escolarización de los alumnos en el territorio de la Comunidad Autónoma», alega la directora de la Alta Inspección Educativa de Baleares, Irene García Sureda , en una respuesta a PLIS y Sociedad Civil Balear. A pesar de ello, a renglón seguido, reconoce que tiene competencias de «vigilancia y supervisión» en el cumplimiento de la legislación básica estatal en materia educativa.

Y eso es lo que precisamente le reclama sin éxito esta asociación de profesores, que insta a la directora Irene García Sureda a que actúe ante el incumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «sentencias que tienen rango de ley estatal».

Según el estudio de PLIS, en el 93% de los centros de infantil de las islas, el castellano no existe; y en el 80% de los de primaria, queda reducido a la asignatura de Lengua Castellana , exactamente lo mismo que la lengua extranjera.

El 10 de agosto de 2020, PLIS registró un escrito ante la Alta Inspección del Estado para que solicitara a los centros escolares que modificaran sus proyectos lingüísticos, donde se determina en qué lengua se imparte cada asignatura, para que al menos el 25% del horario se imparta en español. El 13 de noviembre, Irene García Sureda elaboró un informe dirigido a PLIS, pero no lo remitió hasta el 12 de enero de 2021, es decir cinco meses después del escrito de PLIS y dos meses después de la elaboración del informe.

En este informe, al que ha tenido acceso ABC , dice que en caso de infracción de normativa no autonómica puede iniciar un requerimiento y un contencioso administrativo, pero «no procede». Una respuesta «realmente asombrosa , ya que esta institución del Estado está amparando infracciones clarísimas del ordenamiento jurídico, ordenamiento en que se incluye, con fuerza de ley, la jurisprudencia», denuncia PLIS.

La delegada de Educación afirma que « no existe un régimen de cooficialidad homogéneo y estático» y que «el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua».

Por último, invita a la asociación de profesores a acudir «a la vía del recurso administrativo (ante los órganos de la Administración autonómica, no ante la Alta Inspección) y, en su caso, a los tribunales de justicia».

La asociación de profesores no sabe si García Sureda cae en «un ejercicio descomunal de incompetencia profesional» o «promueve a propósito la infracción en materia lingüística». Apunta que, «para completar el desaguisado», Antoni Morante , director general de Planificación y Centros de la conselleria balear de Educación, respondió el 16 de diciembre a PLIS afirmando que se negaba a distribuir el requerimiento de la asociación dirigido a los directores. Morante explica que, según la inspección educativa de Baleares, los proyectos lingüísticos se ajustan a la normativa vigente , adjuntando para ello un informe de inspección educativa.

La sorpresa viene cuando la asociación comprueba que el informe de inspección al que se refiere Morante « nada tiene que ver con los requerimientos a los directores», ya que es del 9 de octubre mientras que la queja de PLIS fue el 23 de octubre . Además, el informe de inspección se dirige a Secretaría General de la Consejería y no a PLIS, «que debería ser el primer interesado».

«La segunda mentira de Morante», dice PLIS, es lo que dice el informe de inspección, ya que afirma que no existen normas que fijen el mínimo del 25% de horas lectivas para la enseñanza en castellano. «Esto es muy grave, ya que la inspección no puede desconocer o simular no conocer las sentencias del Tribunal Supremo (2548/2014, y 2549/2014), que al sentar jurisprudencia tienen fuerza de ley y se introducen en el ordenamiento jurídico», responde. La asociación de docentes y Sociedad Civil Balear avanzan que llevarán este asunto ante los tribunales.