Julián Ruiz-Bravo: «El Gobierno balear es insumiso con el español, pero por una queja del catalán se te cae el pelo»

PLIS y sus fundadores fueron los primeros profesores que plantaron cara al adoctrinamiento en las escuelas. ¿Qué le llevó a ponerse en primera línea?

Nos dimos cuenta de que en Baleares sólo se oía a los profesores que querían una escuela ideologizada en los valores del nacionalismo y del dogmatismo, porque eso fue aquella marea verde que nació en 2013 en Baleares: una expresión extrema del nacionalismo político. Por eso decidimos abandonar la comodidad del retiro y dar un paso adelante para hacer comprender a la opinión pública que la escuela no debe ser un campo de batalla ideológico sino un templo del saber.

¿Cómo (sobre)vive el docente no nacionalista en los colegios de Baleares?

El profesor no nacionalista vive como oveja detrás de la mata. Los profesores somos, en general, muy ovejunos: o vamos en rebaño detrás de un pastor, que suele ser lobo disfrazado y que corea unas cuantas consignas, como fue el caso de la marea verde, o somos ovejas atemorizadas escondidas detrás de una mata por si viene el lobo. En los dos casos, el profesor no se caracteriza por su independencia intelectual ni por su valentía. Los profesores que fundamos PLIS quisimos dejar de ser ovejas de detrás de la mata, y salimos al campo a enfrentarnos al lobo.

PLIS ha analizado los proyectos lingüísticos de 291 colegios y ha probado que hay inmersión lingüística en el 90% de ellos, ¿qué opina cuando escucha a Celaá decir que en Baleares se puede estudiar en español?

Casi ningún centro escolar de Baleares cumple con el ordenamiento jurídico, que obliga a que al menos el 25% de las horas lectivas, y con al menos una materia troncal, se imparta en castellano. El castellano no existe como lengua vehicular , tiene cero horas de presencia, en el 93% de los centros de infantil. En Primaria ocurre lo mismo en el 80% de los centros, donde solo el castellano es lengua de la asignatura de Lengua Castellana. Lo mismo ocurre en Bachillerato. Por eso, cuando oímos a la ministra Celaá decir que en Baleares se puede estudiar en español, pensamos qué mentirosa es esta señora y qué cerca está, si no lo está, de la prevaricación.

¿Por qué no actúa el Gobierno balear?

Porque en materia lingüística, siempre que se refiera a derechos relacionados con el castellano, es un gobierno insumiso. Ahora bien, presente usted una denuncia por negársele el derecho a hablar o usar el catalán y verá cómo en un día a alguien se le cae el pelo.

Ahora PLIS y Societat Civil Balear han puesto en jaque al Govern enviando 291 requerimientos a los centros educativos para que incluyan el 25% de castellano en sus proyectos lingüísticos, ¿Han obtenido respuesta?

Parece ser que aún la consejería, ¡oh, sorpresa!, qué diligencia, no ha distribuido estos requerimientos a los directores, lo que les puede causar a éstos un serio perjuicio.

En estos cinco años, ¿han recibido contestación a alguna queja dirigida a Educación?

Hasta ahora las respuestas han sido siempre inexistentes.

Usted asegura que hay adoctrinamiento en las aulas de Baleares, ¿cuáles son sus pruebas?

La primera prueba son los libros de texto de Bachillerato de la asignatura de Lengua Catalana y Literatura: son ideología nacionalista pura. Dice que el castellano es idioma opresor, que no hay bilingüismo, que cuando hay dos lenguas una es agresora y otra la agredida, que el catalanohablante que escribe en castellano tiene autoodio al catalán... un disparate detrás de otro. Aparte de los libros de texto, hay decenas de pruebas de actos reivindicativos políticos en centros escolares de Baleares: el instituto Sant Agustí de Ibiza que imponía el catalán a un profesor de inglés alegando que el proyecto lingüístico estaba por encima de los derechos individuales; la sentada en el instituto de Manacor de alumnos y profesores a favor de los presos catalanes; el cartel en homenaje a los 'presos políticos' en el instituto de Felanitx; el cartel 'Hacia la independencia’ en el instituto de Sant Agustí colgado durante años; alumnos que no pueden ir con camisetas de la selección española al IES Marratxí; el sindicato STEI en que exigía que los miembros de los tribunales de oposición a profesores fueran de los 'Países Catalanes'; el rapero Valtonyc , condenado por amenazas e incitación al terrorismo, invitado a dar una charla sobre libertad de expresión en el IES Santa Margalida; los lacitos de la bandera catalana que aún presentes en decenas de webs de centros... En fin, y tantos hechos más.

¿La inspección educativa está haciendo su trabajo o desoye a propósito las denuncias de adoctrinamiento o por el castellano?

La inspección ayuda y garantiza el adoctrinamiento en los colegios, no dando curso a las denuncias, a las quejas, no investigando, desanimando de palabra, nunca por escrito, a los padres que reclaman clases en castellano, desinformándoles diciendo que la inmersión obligatoria total es legal, no contrastando ni investigando las denuncias de manipulación de los libros de texto, realizando informes ad hoc para exculpar a directores o profesores que manifiestamente adoctrinan. La situación empeorará con la ley Celaá, ya que en la fase de oposición a plazas de inspectores se elimina la prueba de oposición. Amigos correligionarios, haced cola, os espera una plaza de inspector, dinero bueno.

¿Cuál es la solución?

Acabar con la inmersión obligatoria. Esa ecuación de que sólo con inmersión obligatoria se protege al catalán es falsa. La inmersión obligatoria lo único que puede provocar es disgusto y rechazo. El catalán también se protege y se promociona con una enseñanza bilingüe o, incluso, con libertad de elección. ¿Qué problema hay para el que no sea un fanático? Ninguno. El bilingüismo en la escuela sería un reflejo de la realidad y una demostración de tolerancia.

¿Cómo debería distribuirse el uso de las lenguas en las aulas baleares?

En caso de un sistema bilingüe, de forma equilibrada y flexible. En zonas catalonohablantes, con más presencia porcentual del castellano; en zonas castellanohablantes, con más presencia porcentual del catalán. Eso sí, sin convertir a ninguna de las dos lenguas en residual. En caso de libertad de elección, a la elección de los padres.

¿Por qué no está de acuerdo con la 'ley Celaá'?

En el caso de la lengua, porque esta ley busca una salida judicial. La justicia ha cercado la inmersión obligatoria total. Todos los juicios que reclaman el 25% en castellano se han ganado y de un momento a otro puede caer una querella por prevaricación a la ministra y a los consejeros de educación de Cataluña y Baleares. Y han optado por imitar el caso de la sentencia por sedición; si se comete un delito, entonces hay que cambiar la ley. Aparte de la cuestión lingüística, lo más grave de la 'ley Celaá' es el abandono de la búsqueda de la excelencia . Otro aspecto negativo es la falta de cultura de evaluación y de rendición de cuentas. Por otra parte, asistimos en esta ley al drama del fin anunciado de los centros de educación especial.

Dado que el castellano es residual ya en la escuela, ¿cree que la nueva ley cambiará mucho la discriminación del español en las aulas?

La discriminación seguirá siendo la misma, aunque ahora con pretensiones legales. Sin embargo, no será posible legalizar la inmersión. Es doctrina constitucional consolidada, es decir, es constitución, mucho antes de la aprobación de la 'ley Wert', que el castellano y la lengua cooficial son vehiculares y deben estar presentes sin discriminación ni desequilibrio.

Por supuesto que PLIS estará ahí para denunciar la inmersión, que no es inmersión sino ahogo, pues sólo realizan inmersión los castellanohablantes.

¿Qué opina de que Baleares ponga en marcha una oficina de derechos lingüísticos para paliar el 'dolor' de no hablar en catalán, como dijo el consejero de Educación?

Es como una mala parodia, este gobierno solo entiende la defensa de los derechos de los catalanohablantes laminando los derechos de los castellanohablantes. Una oficina de este tipo sólo tendría sentido si dependiera de un organismo independiente, no dependiente del gobierno balear, que se tomara en serio la defensa de los derechos lingüísticos de todos, sin retóricas victimistas ni argumentos vacíos de que si son menos o más los hablantes de un idioma o de otro.