La ONU condena que la ley «permita la eutanasia por motivos de discapacidad»
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad da 60 días a España para que la proposición de ley «sea compatible» con los tratados internacionales
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La proposición de ley de regulación de la eutanasia sigue sumando detractores. Al Comité de Bioética y el Consejo General de Colegios Médicos, se suma ahora la ONU. Su Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha enviado un escrito para ... condenar que la proposición de ley, que convertirá el «derecho a morir» en una prestación del Sistema Nacional de Salud, «permita la eutanasia por motivos de discapacidad».
Este organismo encargado de velar por el cumplimiento por parte de los estados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas recuerda en la nota --a la que ha tenido acceso ABC-- que el «Estado debe velar porque no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad , lo cual puede propiciar la discriminación».
En la carta enviada a la Misión Permanente de España en la ONU , el comité de expertos subrayan su «preocupación» por los artículos 4 y 5 de la proposición de ley en el que se permite el acceso a la eutanasia y al suicidio asistido a las personas que «sufran» un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante»; una situación que, según recuerdan, «hace referencia a una persona afectada por limitaciones sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria».
Para el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) el término «imposibilitante» supone «una clara alusión a las situaciones de discapacidad, en la medida que habla de las limitaciones en la autonomía de las personas o la dependencia de instancias ajenas como la tecnología». Por ello, recuerdan que la regulación legal del derecho a morir «no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente». Además señalan que la norma «ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, pues si no es así compromete gravemente los derechos humanos de estos sectores y se aleja del principio de no discriminación».
El organismo de la ONU da un plazo de 60 días a España para informar «sobre cualquier medida adoptada por el Estado para asegurar que la mencionada proposición de ley es compatible con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Vulnera la legalidad internacional»
El Cermi envió la semana pasada una carta al Congreso de los Diputados para recordar la posición del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y solicitar a los ponentes de esta ley la eliminación de la palabra «imposibilitante y su definición» del articulado de la proposición. Su objetivo es que la nueva norma «se ajuste a los preceptos de la Convención» y se «repare de este modo los sesgos disciminatorios, estigmatizantes y capacitistas» antes de su aprobación en el pleno.
En la misiva, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad señala además que «la redacción extremadamente capacitista» de la proposición de ley «para nada responde al paradigma de derechos que se instaura con la Convención y que debería ser acatado por el Estado español como signatario de este tratado».
«Con esta ley los grupos parlamentarios que la apoyan no solo vulneran la legalidad internacional sobre la discapacidad sino que dan una patada al sector de la discapacidad y le infligen un golpe del que difícilmente se podrá recuperar», asegura el diputado del PP, José Ignacio Echániz.
Para la diputada de Vox, Lourdes Méndez, la ley es «claramente eugenésica», al hacer «depender la dignidad de las personas con discapacidad a su calidad de vida». «Es obvio que todos los logros conseguidos durante estos años por las personas con discapacidad en España experimentarán un retroceso aterrador, ya que ¿cómo evitarán que se coaccione a los enfermos más vulnerables para que pidan morir?, se pregunta. Tanto Vox como PP son los únicos grupos parlamentarios que han votado en contra de esta ley.
Pese a la desaprobación que sigue suscitando la nueva normativa, la exministra socialista de Sanidad e impulsora de esta proposición de ley, María Luisa Carcedo, defendió este sábado en una entrevista a RNE que se trata de una norma «garantista» y «bastante redonda». Debido al amplio respaldo parlamentario que concita la regulación de la eutanasia, Carcedo considera posible que del Senado pase directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque no descartó que aún se hagan modificaciones en la Cámara Alta.
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